editorial

Sobre roles y manipulaciones

• El derrotero de la computadora secuestrada a un empresario asesinado, en un caso vinculado al narcotráfico, generó cruces políticos que habilitan el debate.

La polémica desatada por los procedimientos en el caso del homicidio del empresario Luis Medina, presuntamente vinculado con el narcotráfico, elevó quizás innecesariamente la temperatura política en los últimos días, pero ofrece una buena oportunidad para reflexionar sobre una serie de prácticas y cuestiones institucionales involucradas.

El hecho de que la computadora de la víctima, secuestrada en un allanamiento policial al hotel donde se alojaba, haya ido a parar a la Dirección de Informática del gobierno de la provincia fue considerado un hecho grave y sospechoso para legisladores de la oposición; mientras que las autoridades lo encuadraron en procedimientos estándar y apremiantes, apoyados en indicaciones de la Justicia y en la necesidad de acudir a técnicos especializados para acceder a la prueba.

El episodio asumió otra magnitud, al menos en el plano mediático, a partir de la contradicción que -en términos formales- aparece en el discurso del gobierno y de una de las magistradas intervinientes, quien puso de manifiesto no haber dado orden alguna al respecto. La siguiente jueza, si bien tampoco aceptó haber autorizado esa derivación, bajó el tenor al conflicto, al garantizar que la prueba se encuentra preservada y que no debe haber temores respecto de una eventual manipulación, por cuanto la misma sería detectada. En este punto conviene tener presente, por lo demás, que la primera magistrada en la que debió recaer el expediente es la que estaba de turno -en cuyo juzgado estaba radicada una denuncia contra el empresario que ella nunca instruyó- y extrañamente no pudo ser ubicada.

La sensibilidad de la temática involucrada, las múltiples derivaciones e implicancias del caso y cierto énfasis tal vez excesivo en las críticas y las reacciones amenazaron con sacar de cauce a la situación, pero también habilitaron consideraciones acerca de los roles actuales y futuros en las investigaciones criminales. En ese sentido, es tan válida la prevención contra eventuales y especulativas exageraciones, como legítima la preocupación expuesta desde la Legislatura y necesaria la aclaración oficial sobre las aparentes discrepancias en la versión de funcionarios y jueces y la manera en que se desarrollan los operativos policiales.

Al respecto, cabe establecer que la puesta en marcha del nuevo sistema procesal penal implicará el accionar de una división específicamente orientada y entrenada para la investigación, con intervención permanente y directa de los fiscales. Nuevo y rupturista esquema que, por lo demás, estuvo en el centro del debate en los últimos días a partir del veto “correctivo” y propositivo -parcial, pero de un inusual alcance en el plano cuantitativo- a la ley que crea ese organismo; precisamente orientado a eliminar superposiciones e improcedentes rasgos de autonomía y a encuadrar correctamente a la futura fuerza en la estructura del Ministerio Público de la Acusación.

Una vez más, las incumbencias de cada uno de los tres poderes, a partir de la asignación de atribuciones al órgano policial, merecieron imputaciones cruzadas y explicaciones. Una discusión que, lejos de resultar ociosa o distractiva, a la luz de los acontecimientos inmediatamente posteriores se vuelve de actualidad rigurosa y también de apremiante necesidad.

Es tan válida la prevención contra eventuales y especulativas exageraciones, como legítima la preocupación expuesta desde la Legislatura y necesaria la aclaración oficial.