editorial

Desquicio económico

  • Los números de la gestión nacional revelan desorden; se puede salir con coherencia política o trauma social. En medio de esos extremos, estarán la oportunidad y la eficacia de medidas que, por ahora, no aparecen.

El cambio del ministro de Economía no ha resuelto deudas como los U$S 1.300 millones del fallo apelado en Nueva York a favor de los buitres, ni los U$S 6.650 millones más intereses con el club de París. El financiamiento externo sigue vedado a la Casa Rosada y la inversión externa directa -que buena falta hace para producir más- cayó más del 30 % según la Cepal.

La secretaría de Comercio también cambió nombres pero no resultados. Enero llegó con una lista de precios que es dudoso privilegio para consumidores de Capital Federal y el gran Buenos Aires, sólo en grandes cadenas y a despecho de Pymes comerciales. El “congelamiento” convalida aumentos previos del 30 % en algunos casos; colectivos y peajes porteños se actualizaron del 35 al 60 % y aún están subsidiados en beneficio del área metropolitana más favorecida del país.

Energía, automotrices y armadoras de electrónicos en Tierra del Fuego suman un déficit por sectores de unos 22 mil millones de dólares al año, sin contar turismo. Las inversiones en Vaca Muerta dependen de marcos legales liberados y mercados dolarizados a manera de contradicción flagrante respecto del modelo; los vehículos terminados en el país tienen 70 % de partes importadas y la electrónica “made in Argentina” no aporta mucho más que los envases para un producto final caro y tecnológicamente atrasado.

Las reservas cayeron U$S 12,5 mil millones en 2013 y amenazan el piso de los U$S 30 mil millones; el gobierno vende Bonos y emite pesos (casi 67 mil millones el pasado año) pero parte de ese dinero se le vuelve al dólar paralelo. El tipo de cambio oficial se devalúa a un ritmo que desmiente a la propia presidenta, que desacreditaba la “devalueta”.

En marzo, los gobernadores tendrán que empezar a saldar la deuda con la Nación, que le será descontada en cuotas de coparticipación. Santa Fe y Córdoba esperan en vano que la Corte decida sobre sus demandas por recortes unilaterales de la Casa Rosada, que además se lleva casi 8 de cada 10 pesos que el sector público recauda en el país.

La presión tributaria está en niveles récord, en torno del 40 % del PBI, y podría llegar a 45 % si se considera la inflación. La Afip dice que bate récord de recaudación pero no descuenta en sus cálculos ni siquiera la versión oficial del Índice de Precios al Consumidor, que apenas superó 10 % contra 26 % de promedio anualizado que miden las consultoras privadas.

El déficit financiero nacional sin ayudas del BCRA o de la Anses fue de unos $ 130 mil millones en 2013; la Afip no tuvo mejor idea que el fallido intento de aumentar impuestos sobre inmuebles a nombre de Bienes Personales; el mecanismo de Menen y Cavallo -planteado en su momento como “extraordinario”- persiste y se agudiza en plena década ganada.

No hay plata ni para pagar los atrasados sueldos de la Policía; los docentes no quieren ser el “piso” de los nuevos aumentos y el sector sindical reclama paritarias cada tres meses. La Argentina ya conoce la escena. Quien quiera oír, que oiga.

No hay plata ni para pagar los atrasados sueldos de la Policía; los docentes no quieren ser el “piso” de los nuevos aumentos y el sector sindical reclama paritarias cada tres meses.