El objetivo es aliviar la tarea judicial y pacificar a la sociedad

Lento avance de la mediación en los fueros civil y comercial

  • El sistema se puso en práctica en las cabeceras de Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto. Este año llegará a Rafaela. Se evitó la judicialización del 20% de los conflictos.
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Bancos, financieras y empresas de salud suelen preferir el juicio a la solución acordada, aunque hay excepciones.

Foto: Archivo El Litoral

 

Mario Cáffaro

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Pasaron más de tres años de la sanción de la ley 13.151 que declaró “de interés público provincial la utilización, promoción, difusión y desarrollo de métodos no adversariales y desjudicializados de resolución de conflictos” y que instituyó “la mediación en todo el ámbito de la provincia, con carácter de instancia previa obligatoria a la iniciación del proceso judicial”. Dos años había demandado la discusión legislativa con posturas muy encontradas y la oposición de muchos sectores hasta que finalmente se aprobó la norma con mucho consenso político y el aval de los colegios de abogados.

Un primer balance desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos permite señalar que la mediación en el ámbito civil y comercial logró evitar que el 20% de esos conflictos llegue a juzgados y el porcentaje seguramente aumentará cuando en el transcurso del presente año se vayan sumando temas de familia como la tenencia de hijos, cuota alimentaria y régimen de visitas. “Estamos bien y la comparación la hacemos con la ciudad autónoma de Buenos Aires donde la figura tiene ya 20 años. Las cifras de resolución de conflictos allá son mayores porque tienen incorporada la problemática de familia”, afirmó Eleonora Avilés, directora de desjudicialización de la solución de los conflictos interpersonales que funciona en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El área a cargo de Avilés apunta a contribuir a la construcción de la convivencia pacífica a través de la promoción de los mecanismos alternativos de la resolución de conflictos, especialmente la mediación y la facilitación, en distintas materias y ámbitos. Tres son las áreas en que se ha dividido la tarea: mediación prejudicial, mediación penal y otra de facilitación/capacitación para la tarea.

Reclamos de bancos, de financieras, viajes de turismo, locación de servicios, prestadoras de salud, diferencias con las concesionarias de autos por temas contractuales, garantías son los títulos principales que se plantean ante los mediadores. “Hay organizaciones a las que les interesa el juicio y no quieren una solución acordada”, reconoce Avilés y menciona especialmente a bancos, financieras y empresas de salud aunque en los tres sectores existen casos puntuales de entidades que se mostraron proclives a buscar entendimientos, pero son los menos.

Paso a paso

La mediación prejudicial obligatoria en materia civil y comercial comenzó a funcionar en noviembre de 2011 en Santa Fe y Rosario donde se instalaron las dos primeras Agencias de Gestión de Mediación (Agem) en cuyo seno está el registro de mediadores, la oficina de gestión y la de protocolización de acuerdos y registro de actas.

El año pasado, fue el turno del nodo Venado Tuerto y este año llegará la Agem de Rafaela. El sistema en las dos principales ciudades de la provincia empezó con las causas a iniciarse en los juzgados de primera instancia de distrito en lo Civil y Comercial y en septiembre de 2012 se incorporaron los juzgados de primera instancia de Circuito.

Hoy, el sistema de mediación prejudicial obligatoria rige en las ciudades de Santa Fe, Rosario, Santo Tomé, San Carlos Centro, Coronda, Villa Constitución, Villa Gobernador Gálvez, Las Rosas, Esperanza, Venado Tuerto, Rufino, Firmat, Melincué y Cañada de Gómez, donde están matriculados 844 mediadores y 56 co-mediadores para facilitar la tarea entre las partes. La dirección habilitó además 33 centros de mediación en esas ciudades.

El último corte de la tarea en cifras revela que al 8 de octubre de 2013, se habían solicitado 10.778 mediaciones de las cuales se habían finalizado 7.358 de las cuales el porcentaje de acuerdos fue del 20%. Otras 883 se encuentran en curso. Avilés aclaró que en el 80% de los casos en que no se registró el acuerdo, no todos siguieron la instancia judicial por diferentes razones y en muchos casos hubo entendimientos no protocolizados.

Facilitación en conflictos sociales

  • La Dirección de Desjudicialización trabajó en el último año en once procesos de facilitación de conflictos sociales. Avilés precisó que la tarea “consiste en hacer más fácil, viable y fluido un canal de comunicación que por algún motivo está interrumpido. En el marco de la facilitación, se interviene desde el Estado para abrir canales de diálogo y generar ruedas de comunicación”.

Entre esos casos se destaca lo realizado con agentes sanitarios, esto es profesionales de la salud, funcionarios de la cartera y empleados, para confeccionar un protocolo de actuación en situaciones de violencia en el ámbito hospitalario. Otro caso fue el conflicto entre el Club El Quillá, Los Querandíes y el Colegio Nacional donde el acuerdo llegó tras diez reuniones. También hubo trabajo de acercamiento entre el personal de la terapia intensiva del hospital Alassia con las autoridades del nosocomio y del Ministerio de Salud.

Se destacó además la participación en la mesa de diálogo de la EPE con autoridades de la empresa y del Poder Ejecutivo en la que

sugirieron algunas acciones que promovieran una mejor comunicación entre el usuario y la empresa y una estrategia que debería plantearse a más largo plazo a fin de optimizar los recursos con los que cuenta la EPE y mejorar la imagen frente a la población.

También la dirección intervino en el caso de mujeres encadenadas ante el Ministerio de Seguridad, lo que permitió abrir el diálogo entre las partes.

El dato

Penal

  • En las Oficinas de Mediación Penal de Santa Fe se tramitan 490 situaciones en mediación penal de los 2.398 legajos que ingresaron al Centro de Asistencia Judicial (CAJ). La mayoría de las situaciones mediadas fueron amenazas, seguidas por lesiones dolosas y culposas; usurpación; hurto; daños y estafas.

El porcentaje de acuerdos con relación a los casos realmente trabajados es de más del 50%, señaló Avilés quien reconoció que la mayor dificultad se presenta en la concurrencia de las partes a las invitaciones cursadas.

En el último año, las oficinas trabajaron en casos de denuncias que derivó el propio Poder Judicial para la realización de mediaciones.