En la Justicia provincial
Declinan competencia por amenazas al gobernador
- La jueza Susana Luna aceptó el pedido de inhibitoria del fiscal federal Walter Rodríguez, respecto de la causa que tiene como imputado al titular de Apropol, Alberto Martínez, cuya indagatoria prevista para hoy quedó suspendida.
De la Redacción de El Litoral
La Justicia Federal quedará finalmente a cargo de la investigación penal por las amenazas al gobernador Antonio Bonfatti durante la huelga policial, luego de que la Justicia provincial aceptara hoy un pedido de declinación de competencia.
La medida fue adoptada este viernes por la jueza de Instrucción Cuarta, Susana Luna, que previo a indagar al referente de Apropol, Alberto Martínez, resolvió “declinar mi competencia material de este Juzgado en la presente causa”, según consta en un escrito al cual tuvo acceso El Litoral.
La magistrada remitió lo actuado hasta ahora al Juzgado Federal Nº 1, de Reinaldo Rodríguez, luego de que el fiscal federal Nº 1, Walter Rodríguez, acusara al ex policía y a otros cinco uniformados más por el presunto delito de sedición y formulara el planteo de inhibitoria provincial.
“Explotador y negrero”
Ayer, el fiscal Nº 4, Juan Pablo López Rosas, tomó por válido el pedido del fiscal Rodríguez, respecto de la denuncia del fiscal de Estado, Pablo Saccone, quien en diciembre pasado dejó constancia de las amenazas telefónicas sufridas por el mandatario provincial.
Las amenazas aludidas comenzaron el 4 de diciembre de 2013, cuando en medio de los desmanes por la huelga policial en Córdoba, el primer mandatario provincial recibió un mensaje de texto a su teléfono celular que decía: “Seguís pensando en pagarles 5 mil $ a los policías explotador?”.
Dos días más tarde, cuando la efervescencia huelguista había llegado a Santa Fe, Antonio Bonfatti recibió otro mensaje de texto en el que se expresaba a las claras otro agravio: “Explotador y Negrero de los Policías, te hago responsable de todo lo que suceda, no pistas decir que no te lo adelanté. Facineroso”.
El 7 de diciembre, el fiscal de Estado Saccone radicó la denuncia penal que alcanzó a Martínez, quien se encontraba imputado por coacciones y amenazas.
Intervención nacional
Sin embargo, con el correr de los días y tras la intervención de las autoridades nacionales en busca de los responsables de la huelga, la jueza a cargo del caso entendió que la investigación de dichos sucesos “ameritan la intervención de la Justicia Federal”.
“De hecho, los mismos fueron relevados por la Comisión de Fiscales que fuera creada por resolución de la propia procuradora general de la Nación, en el entendimiento de que los delitos presuntamente perpetrados vulneraron la seguridad nacional de alguna de sus instituciones”, refirió la Dra. Luna en su resolución.
“En tal sentido, entiendo que el mensaje que recibiera el Sr. gobernador en su teléfono celular no resulta una cuestión que deba ser investigada de manera aislada. Todo lo contrario, entiendo que tal amenaza resulta parte integrante del contexto en el cual se estaban desarrollando los hechos de diciembre del 2013 en esta provincia, y así lo entiende el Sr. fiscal de Estado en la denuncia que radica, ya que se promovía una huelga con descontrol civil, presionando al Poder Ejecutivo provincial a acceder a sus reclamos”, puntualizó.
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