Convenio entre el Ministerio de la Acusación y API

Tras los ladrones de “cuello blanco”

La Fiscalía General aspira a acceder a información que permita perseguir a los “grandes infractores de la provincia”. Esta mañana también se firmaron acuerdos de cooperación con el Ministerio de Justicia para asistencia a la víctima, mediación y reglas de conducta.

Ivana Fux

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En el marco de la aplicación del nuevo sistema penal, las autoridades del Ministerio Público de la Acusación firmarán mañana un convenio con la Administración Provincial de Impuestos, que permitirá cruzar datos y formalizar protocolos para intercambiar información en investigaciones administrativas y penales.

Consultado por El Litoral, el fiscal General, Julio de Olazábal, marcó la relevancia de este acuerdo. “A diferencia del sistema penal anterior donde no había una política de persecución, en el nuevo, el Ministerio Público tiene que desarrollar una política específica en esta materia. Nosotros ya la formalizamos y la semana que viene la presentaremos”, adelantó. Y precisó que en dicho marco, se establece como uno de los objetivos “variar la persecución para que no se concentre exclusivamente en los sectores más desfavorecidos de la sociedad”.

De Olazábal sostuvo que la pretensión es “concentrar la persecución y atender para tratar de punir, si es necesario, el delito llamado ‘de cuello blanco’. Para eso firmamos ese convenio con API, a fin de ponernos de acuerdo para que ellos nos informen, y de ser posible nos preparen los juicios, para ver quiénes son los grandes infractores que tiene la provincia, y castigar a ese infractor si ha cometido delito”. El funcionario insistió en resaltar que de esa manera estaría cambiando “aquella idea de que únicamente se está condenando al delincuente pobre o al ladrón de gallina”, planteó.

Con Justicia

Esta mañana, en tanto, De Olazábal firmó un convenio de colaboración con el ministro de Justicia de la provincia, Juan Lewis, para brindar las herramientas y programas que el Poder Ejecutivo desarrolla en materia de asistencia integral a las víctimas de delitos, mediación y Reglas de Conducta o Pos Penitenciarias.

“El Ministerio de la Acusación está armando su esquema de trabajo para poder desempeñar mejor su función. En ese sentido, hemos intentado potenciar sus recursos utilizando algunas líneas de trabajo que se vienen desplegando en el ámbito de nuestro Ministerio”, comentó Lewis.

El ministro puso énfasis en la experiencia que se puede aportar en cuanto a las Reglas de Conducta. “Ello tiene crucial trascendencia para las denominadas salidas tempranas o alternativas al juicio, como puede ser la probation”, comentó. Y recordó que en el caso de la mediación, se trata de herramientas para resolver “de manera más eficaz un conflicto, evitando que transcurra en un juicio normal. Se trata -resumió Lewis- de potenciar los esfuerzos de todas las áreas del Estado para esta importante misión y objetivo que tiene el Ministerio Público de la Acusación. Siempre hemos querido estar a disposición de esta trascendente tarea, unificando protocolos de trabajo y actuando articuladamente”.

También participaron del acto la secretaria de Transformación de los Sistemas Judiciales, María Cecilia Vranicich; y la subsecretaria de Asuntos Penales, Débora Cotichini, entre otros funcionarios.

Programas

En el nuevo sistema penal, la víctima de un delito deja de tener un papel pasivo. Ahora, participa de todo el proceso y puede constituirse en querellante. Por eso, fueron creados cinco Centros de Asistencia Judicial (CAJ) con sus oficinas de Asistencia a las Víctimas y de Mediación Penal, que funcionan en Rosario, Santa Fe, Tostado, Vera y Reconquista.

En el marco de los CAJ funcionan las oficinas de Mediación Penal, que dependen de la Dirección de Desjudicialización de la solución de los conflictos interpersonales. Se trata de un servicio público que surge como alternativa a la respuesta tradicional a los conflictos penales; intenta que los participantes solucionen los conflictos con la ayuda de un tercero neutral.

Finalmente, se rediseñó el antiguo Patronato de Liberados, ahora denominado Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria, en la órbita de la Subsecretaría de Asuntos penales, donde se puso en marcha el Programa de Gestión y Control de Reglas de Conducta, con el objeto de apuntalar las salidas alternativas.

Con Capitanich en la Rosada

• El ministro Juan Lewis y su par de Seguridad, Raúl Lamberto, participaron ayer de la reunión convocada en Casa Rosada y a la que asistió el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, para analizar temas vinculados con el narcotráfico.

“Valoramos la convocatoria y también el producto de la misma -dijo Lewis esta mañana-. La convocatoria denota la intención de trabajar en conjunto con todas las jurisdicciones del país en un tema que afecta a todos por igual, y parte de las conclusiones de la reunión fueron en esa línea; un problema que afecta a todo el país, y que lo atraviesa en varios niveles. También se convino que sería torpe encararlo sólo desde el punto de vista de la represión. Por eso -explicó-, se acordaron líneas de acción para que nos proporcionen datos fiables a través de la Sedronar; y también, la necesidad de fortalecer las políticas inclusivas para proporcionar a muchos sectores de la sociedad una alternativa de vida y que no tengan que caer en las propuestas que les hacen las redes de narcotráfico”, comentó.