Hombre bajo sospecha

Sarkozy, en su peor momento

  • Varios escándalos amenazan su pretendido retorno a los primeros planos de la política francesa. Presunta corrupción, tráfico de influencias y la Justicia que acecha.
28_a_1635018.jpg

Nicolás Sarkozy tiene buenos motivos para estar preocupado.

Foto: Archivo El Litoral

 

Agencia EFE

El ex presidente francés Nicolás Sarkozy se encuentra en medio de un escándalo de corrupción revelado por las escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia, lo que ensombrece su anunciado retorno a la vida política.

Dos días después de conocerse que conversaciones privadas de Sarkozy eran grabadas por uno de sus principales consejeros políticos cuando todavía estaba en el Elíseo, el diario Le Monde saca a la luz que, tras abandonar la presidencia, fueron los jueces los que se interesaron en sus diálogos telefónicos, al igual que los de dos de sus ministros del Interior, Brice Hortefeux y Claude Guéant.

Nunca antes un antiguo inquilino del Elíseo había sido objeto de tal seguimiento por parte de la Justicia, según el rotativo, que va más lejos y asegura que el análisis de sus conversaciones puede sacar a la luz un delito de tráfico de influencias y otro de violación del secreto de la instrucción.

Más leña al fuego de un Sarkozy que cuidadosamente preparaba su retorno a la vida política, con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2017.

Todo empezó con las sospechas de que en la campaña de Sarkozy para los comicios presidenciales de 2007, que le llevaron al Elíseo, se benefició de dinero procedente del líder libio Muamar el Gadafi.

Para corroborarlo, dos magistrados abrieron una investigación en abril de 2013 y pincharon el teléfono del ex presidente.

A finales del año pasado, los jueces constataron que Sarkozy hablaba mucho menos por ese teléfono y descubrieron que utiliza otro, adquirido con una identidad ficticia, para mantener las conversaciones más comprometedoras.

Pincharon este segundo y las conversaciones grabadas en el mismo son las que pueden implicar a Sarkozy.

Siempre según Le Monde, el ex presidente habló con su abogado a propósito de otro de los escándalos judiciales que lo acechan, el de las donaciones de la multimillonaria heredera del imperio cosmético L’Oréal, Lilian Bettencourt, para su campaña de 2007.

Su abogado, Thierry Herzog, había presentado ante el Tribunal Supremo un recurso para anular la confiscación de las agendas del ex presidente.

Como se desprende de las conversaciones entre Sarkozy y Herzog, éstos contaban con un topo en el Supremo que les informaba del estado del proceso. Se trataba del fiscal de la sala de lo civil Gilbert Azibert, amigo de Herzog y que, de acuerdo con el vespertino, les iba revelando los avances del proceso en el Supremo.

A cambio, indica el diario, había reclamado que el ex presidente usara toda su influencia para obtener un puesto de consejero de Estado en Mónaco.

Ante los indicios de tráfico de influencias, la Justicia abrió una investigación judicial, que también se refiere supuestamente a un delito de violación del secreto de sumario, ya que sospechan que Azibert pudo dar detalles sobre un caso en curso.

La revelación de este nuevo escándalo se produce a algo más de dos semanas de la primera vuelta de los comicios municipales, primera cita electoral nacional desde que Sarkozy saliera del Elíseo en mayo de 2012.

Los conservadores de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), el partido de Sarkozy, consideraron que es precisamente la cercanía de esa cita electoral la que provoca que salga ahora este asunto.

Herzog, por su parte, niega que exista tráfico de influencias, recuerda que Sarkozy ya no tenía prerrogativas para nombrar a nadie en el momento de los hechos y denuncia que se vulneró el derecho de la defensa de su cliente al someter a escucha sus conversaciones con su letrado.

Los socialistas hablan de un “escándalo de Estado” si se confirma la información de Le Monde y aseguran que revela “un sistema de clanes” puesto en marcha por Sarkozy.

El ex presidente ve cómo se abre ante sí un nuevo muro judicial, que se suma a las sospechas de financiación ilícita de su campaña en 2007, bien por Gadafi, bien por Bettencourt.