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editorial

Droga y alerta institucional

  • Las escuchas telefónicas dejaron al descubierto un presunto plan homicida, pero también datos alarmantes sobre el funcionamiento penitenciario y policial.

La difusión de escuchas telefónicas en las que dos presos hablaban de asesinar a miembros del Poder Judicial produjo un fuerte impacto, una serie de polémicas y una firme respuesta institucional, pero también reveló inconsistencias y severos problemas de funcionamiento en distintos ámbitos, y abrió interrogantes que todavía no recibieron la debida respuesta.

La gravedad del hecho, con los cercanos antecedentes del atentado contra el domicilio del gobernador y las amenazas a integrantes del Ministerio de Seguridad, generó la sensación de un cambio de escala en la violencia del narcotráfico, proyectada en perjuicio del propio desenvolvimiento del Estado democrático. Sobre esa base, y en respuesta a la convocatoria del Colegio de Magistrados, representantes de los tres poderes se dieron cita en los Tribunales rosarinos, para rubricar en conjunto la firme voluntad de cerrar filas ante la afrenta delictiva.

A su vez, tanto el contenido de las escuchas como el hecho mismo de la difusión y las implicancias de su propia existencia, dispararon discusiones paralelas: comentarios que restaron verdadera trascendencia a la conversación y le negaron la condición de un “plan” homicida en sentido estricto; cuestionamientos del fiscal a cargo de la causa a la revelación de esos diálogos por medios periodísticos por su carácter perjudicial para la investigación; impugnaciones a la propia actuación del Ministerio Público; sospechas sobre las motivaciones que podrían haber impulsado la revelación de las grabaciones.

Pero en cualquiera de los casos, aunque se opte por sumar o escindir estas distintas líneas de razonamiento, las conclusiones apuntan en la misma dirección: la necesidad de avanzar de manera concreta y verificable en el esclarecimiento como única manera de ofrecer garantías a la población que vayan más allá de las buenas intenciones o el voluntarismo.

Y en ese sentido, los datos que emergen resultan preocupantes. El hecho mismo de que dos convictos tengan la posibilidad de comunicarse a través de teléfonos celulares -cuyo uso en establecimientos carcelarios está prohibido por una ley nacional a la que adhirió la provincia- sin que nadie sea capaz de impedirlo, pone de manifiesto un nivel de incompetencia o complicidad como mínimo alarmante.

La fuerte penetración mafiosa en la estructura policial y la debilidad de la conducción política de la institución son denunciadas de manera recurrente, y admitidas a regañadientes por el oficialismo provincial. Como derivación de estos episodios, el procurador de la Corte salió a decirlo con todas las letras y planillas en mano, al subrayar el paupérrimo índice de esclarecimiento de ilícitos, y la ineficacia de la inteligencia criminal de la Policía, a la vez que consignó el “problema de conducción política” y trajo a colación los casos de presunto enriquecimiento ilícito y corrupción dentro de la fuerza.

La utilización electoralista que sistemáticamente se ha hecho de las estadísticas delictivas, la expansión del tráfico de drogas y la participación de miembros de las fuerzas de seguridad, no es motivo para subestimar el problema. Y argumento de que los cambios de fondo demandan tiempo es atendible, pero no suficiente.

Avanzar de manera concreta y verificable en el esclarecimiento es la única manera de ofrecer garantías a la población.



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