El gobierno busca medidas para una situación de emergencia

Proponen cadetes en las calles y convocar a policías retirados

Ante la crisis generada por la inseguridad, el Poder Ejecutivo propondrá, excepcionalmente, adelantar el ingreso de los estudiantes de la carrera policial para que, al cabo de un año, ya puedan incorporarse a las fuerzas. También se plantea habilitar a efectivos jubilados para que vuelvan a la actividad. Será optativo. Les ofrecerán un sueldo más un plus.

Proponen cadetes en las calles  y convocar a policías retirados

Seguimiento. La comisión encargada de monitorear la marcha de la reforma procesal se reunió hoy en Casa de Gobierno, en un contexto de tensión por las derivaciones de las escuchas. Foto: Guillermo Di Salvatore

 

Ivana Fux

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Diputados y senadores provinciales del Frente Progresista volvieron a reunirse ayer por la tarde con el ministro de Gobierno, Rubén Galassi, con la inseguridad como tema excluyente. La charla fue una continuidad del encuentro que habían mantenido a principios de mes, incluso, con el gobernador Antonio Bonfatti. Pero ayer se dio en un contexto de tensión, generado por las escuchas telefónicas de dos presos, que el fin de semana dejaron al descubierto un presunto plan para asesinar a funcionarios judiciales y policiales; y agravado por las declaraciones -no digeridas todavía por el Poder Ejecutivo- del procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, advirtiendo que la Policía santafesina tiene un problema de conducción política.

Los dos factores atravesaron buena parte de la discusión; los legisladores volvieron a exigir medidas “contundentes y de fondo” para terminar con la inseguridad. Aún así, todas las fuentes consultadas por El Litoral coincidieron en señalar que fue “una buena reunión”, y que permitió avanzar en la discusión de proyectos concretos, que en los próximos días serán enviados a la Legislatura. También, reiteraron el compromiso de darle una periodicidad semanal a los encuentros para garantizar un seguimiento de los temas.

Ingreso temprano

El gobierno expuso tres medidas para adoptar en el corto plazo, y que motivarán el envío de los respectivos proyectos a la Legislatura. En primer lugar, volverán a habilitar para su tratamiento legislativo en extraordinarias el veto parcial propositivo que había formulado a la ley de creación del nuevo organismo de investigaciones -comúnmente llamado Policía Judicial-, en el marco del nuevo sistema penal. El Poder Ejecutivo propuso una nueva redacción para 40 de los 57 artículos de la ley, por considerar que el parlamento le concedía a la nueva policía una autonomía excesiva, y creaba estructuras superfluas.

La segunda iniciativa plantea adelantar el ingreso de cadetes de la policía como agentes activos, para aumentar así el número de efectivos. Según explicaron a El Litoral fuentes del Ministerio de Seguridad, la intención es permitir que la promoción que inició sus estudios este año en el Instituto Provincial de Seguridad Pública (Isep) pueda incorporarse ya el año que viene con funciones específicas y prácticas como guardias y vigilancia. La carrera completa para llegar a la tecnicatura insume tres años de formación. Ello no implicará abandonar el estudio, sino que deberán continuar la carrera mientras están en actividad.

En diálogo con El Litoral, el diputado radical Darío Boscarol, presente en el encuentro, aclaró que esta medida sería “de tipo excepcional, y en el marco de la emergencia que genera la inseguridad en las principales ciudades, y que obliga a tener más policías en las calles todos los días”.

Según estimaron desde el Ministerio de Seguridad, este ingreso temprano de cadetes permitiría aumentar en “1.700 ó 2.000” el número de policías en la provincia.

Retirados

La tercera propuesta que el gobierno expuso ayer, y que consintieron los legisladores oficialistas, pretende apelar a los policías retirados y jubilados de la provincia. Según dijo Boscarol, son “aproximadamente tres mil”.

La reincorporación no sería compulsiva, sino voluntaria, e implicará la suspensión -por ley- del beneficio jubilatorio de ese policía, que comenzará a percibir un nuevo sueldo más un plus.

Los policías se jubilan en la provincia a los 55 años. “Muchos de ellos -dijo Boscarol- terminan trabajando en agencias de seguridad privada y mal pagos. La intención es poder sumarlos, si así lo desean, y afectarlos a tareas que no impliquen tanta exposición, como cuidado de edificios públicos u oficinas nacionales”.

Boscarol aclaró que también en este caso se trata de una medida que pretende buscar, en medio de la emergencia generada por la inseguridad, la mayor cantidad posible de efectivos policiales en la calle.

Mesa Interinstitucional

  • Comenzó a funcionar esta mañana, en una reunión a puertas cerradas, la flamante Mesa Interinstitucional de Seguimiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal, conformada y convocada ayer por decreto 645 del gobernador de la provincia.

Este espacio estará integrado por el propio gobernador, por los ministros de Justicia y Seguridad, por los miembros de la Corte Suprema, el Ministerio de la Acusación -la norma no menciona al Servicio Público de Defensa- y un diputado y un senador que formen parte de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Reforma Procesal Penal, aunque al encuentro de esta mañana no acudieron todos.

La tarea de la Mesa será “realizar el seguimiento y evaluación del nuevo sistema de enjuiciamiento penal a los efectos de detectar defectos, proponer recomendaciones e instrumentar las políticas necesarias para superarlos”.

En los fundamentos, el decreto consigna que el nuevo sistema de enjuiciamiento “no sólo constituye una transformación normativa, sino también cultural, ya que implica un cambio en la práctica organizacional, operativa y de gestión”, y que “es firme decisión de este Poder Ejecutivo evitar que la anterior dinámica de trabajo -con sus prácticas fuertemente instaladas- se traslade al nuevo sistema haciéndolo naufragar, como ha ocurrido en la mayoría de las provincias de nuestro país”.

Por ello considera necesario “generar mecanismos interinstitucionales que faciliten el establecimiento de un sistema integral de recolección y procesamiento de datos para la generación de estadísticas e indicadores sobre el nuevo sistema penal”.

La iniciativa prevé la regionalización de la mesa y la posibilidad de convocar a “entidades o actores relevantes que puedan tener injerencia o interés en realizar aportes”, como los Colegios de Abogados, Colegios de Magistrados, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, municipios y comunas, la Secretaría de Tecnología del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, instituciones académicas, universidades, directores de las oficinas de gestión judicial, Colegios de Jueces, entre otros.