Fue girado a Diputados

El Senado avaló el acuerdo con Repsol

  • Estipula un pago de 5 mil millones de dólares por la expropiación del 51 % de YPF. La aprobó el kirchnerismo con el apoyo de legisladores de otros bloques.

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Pichetto aclaró que la expropiación no fue en términos “amigables”, pero el acuerdo indemnizatorio sí. Para Giustiniani, no se explica “el pago discrecional a una empresa que vació de reservas al país”. Fotos: DyN

De la redacción de El Litoral

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DyN

El Senado de la Nación aprobó esta madrugada -y giró a la Cámara Baja- el acuerdo entre el gobierno nacional y la empresa española Repsol para el pago de 5 mil millones de dólares en títulos por la expropiación del 51 por ciento de las acciones de la petrolera YPF.

El oficialismo, con la adhesión de otros bloques, incluso opositores, consiguió 42 votos afirmativos contra 8 abstenciones del PRO y del peronista disidente Interbloque Federal (que incluye en sus filas al santafesino Carlos Reutemann), y 18 negativos del radicalismo y sus aliados del interbloque FAP-Unen-CC-ARI.

Al cierre, y tras casi doce horas de debate y una lista de más de cuarenta oradores, el jefe de la bancada oficialista, Miguel Pichetto, convocó a propios y extraños a “asumir cada etapa que nos tocó” y afirmó que “acá nadie puede tirar la primera piedra”.

“Hicimos lo que teníamos que hacer”, al estatizar YPF en 2012, afirmó el rionegrino y acotó: “Había que tener mucha valentía para tomar esa decisión, tomada por la presidente de la Nación”, al tiempo que opinó que “no había lugar para una solución amigable en el momento de la expropiación”, dadas las situaciones que se vivían en la Argentina y en España. Marcó que “si no se llegaba a un acuerdo amigable a nivel internacional” como el alcanzado, se hacía “muy difícil” potenciar el camino “para las inversiones que vendrán”.

Antes, su par radical, Gerardo Morales, fundamentó el voto negativo de su bancada al indicar que la iniciativa propuesta incumple “los artículos 11 y 12 de la Ley 27.741, ley de expropiación” aprobada en 1212, porque a su entender en el texto de esa normativa establece que el “tribunal de tasación debe establecer el precio” de la empresa, en lugar del valor. “Por eso, venimos a discutir el precio, no el valor”, acotó. Y recordó que mientras “el acuerdo de precio se había firmado en España el año pasado”, recién “el 17 de febrero” de este año “el Tribunal llega con la tasación” estimada de la empresa, y anunció que el radicalismo realizará una denuncia penal por supuestas irregularidades en la tasación de la compañía.

El socialista Rubén Giustiniani, en tanto, argumentó en contra del acuerdo porque “sólo la urgencia del gobierno necesitado de préstamos internacionales explican esta negociación”, y acusó al Poder Ejecutivo de no explicar “el pago discrecional a una empresa que vació de reservas el país”.

Al inicio del debate, minutos después de las 13, el presidente de la comisión de Energía, el representante del MPN Guillermo Pereyra, defendió el entendimiento al indicar que “abre las puertas a las inversiones” y recordó que existían “más de 30 juicios internacionales en el Ciadi que espantaban directamente” la llegada de capitales.

Sin explicación

  • El senador socialista Rubén Giustiniani consideró que “sólo la urgencia del gobierno necesitado de préstamos internacionales explica esta negociación”.

El Poder Ejecutivo “hoy justifica pero no explica, el pago discrecional a una empresa que vació de reservas el país”, sostuvo.

El legislador recordó que en junio de 2013, el gobierno argentino ofreció un pago de 1.300 millones de dólares y la participación de Repsol en Vaca Muerta, que fue rechazada por la petrolera española. “Hoy nadie explica cómo se pasó de ese ofrecimiento a la actual valuación fijada en 5.000 millones de dólares”.

A este acuerdo “se le quiere dar un barniz de legalidad y legitimidad” sostuvo Giustiniani. Por último, y en lo que respecta a los pasivos ambientales, el senador calificó como “muy grave” que el Tribunal de Tasaciones y el gobierno “acepten sin cuestionamientos el pasivo de 277 millones de dólares declarado unilateralmente por la empresa”, asentado en los propios balances suscriptos por el presidente de Repsol, Antonio Brufau.