La presidenta de la entidad en Santa Fe y Paraná

Justicia Legítima en defensa de un nuevo Código Penal

• Garrigós de Rébori dijo que hay que dar debate en todos los ámbitos para conocer las ventajas que tendría un nuevo ordenamiento. Para el sector, la base son los tratados internacionales de Derechos Humanos.

Mario Cáffaro

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María Laura Garrigós de Réboli preside Justicia Legítima, el espacio en el que magistrados, funcionarios judiciales, académicos y ciudadanos debaten sobre el rol de la administración de justicia con una mirada cercana a las políticas del gobierno nacional en materia judicial, y desde ese lugar insta a discutir la necesidad de tener un nuevo Código Penal en la Argentina. “Sería una ventaja respecto de la situación actual porque tendríamos un Código. Hoy lo que tenemos es un Código con 93 reformas a lo largo de estos casi 90 años de vigencia, que afectaron 700 figuras a lo largo de marchas y contramarchas. Además hay 337 leyes adyacentes que están en vigencia y que integran nuestra legislación penal. Sistematización y organicidad es una ventaja sobre cualquier situación”, le dijo a El Litoral.

Garrigós de Rébori estuvo en Paraná y en Santa Fe en las últimas horas y en esta capital compartió un panel con Carlos Gonella, jefe de la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac), y el diputado provincial Leandro Busatto (Frente para la Victoria) para hablar sobre la conveniencia del nuevo instrumento legal.

“Justicia Legítima como parte de su programa de acceso a la justicia sale a plantearle al justiciable lo que pasa en el interior de los Tribunales, sale a contradecir esta mala información que, desde nuestro punto de vista, genera una campaña de error respecto de la modificación del Código Penal. Explicamos qué es un Código, para qué sirve, advirtiendo que se dicen muchas mentiras sobre su texto. En base a estas mentiras, permitieron esta barbaridad que son los linchamientos que hasta la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco, salió a decir que es un delito grave y que no se podía admitir que hubiera sanción por manos de alguien que no sea el Estado. No hay justicia por mano propia, la mano propia sólo genera injusticia”, le dijo a El Litoral minutos antes de la charla.

Designada para integrar la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, y a la espera de un lugar donde funcionar, sigue actuando como jueza de instrucción y exige no sólo la reforma del Código, sino también del Código de Procedimiento Penal Federal, tema que está a discusión en el Congreso. A esa compilación conocida como “Código Levenne” atribuye que haya casos que demanden una instrucción de 15 años como hechos vinculados a la corrupción política. “Es una vergüenza. Esta es una de las razones por las cuales nos hemos reunido en Justicia Legítima. Somos muy críticos de esta forma de trabajo del Poder Judicial que tiene que ver con la ideología de los operadores”, acotó.

Ganadores y perdedores

La magistrada admite que la actual situación produce beneficios a muchos. “Si usted es el dueño del discurso y el discurso es enmarañado, complejo y de difícil acceso, ejerce poder porque sabe más que otros y esto es una forma de ser beneficiado: grandes estudios, la gente que trabaja con este Código. Si el conocimiento es de fácil acceso para todos, otros abogados van a poder acceder al conocimiento y al manejo de esta legislación. Por otro lado, el nuevo Código trae la novedad de la sanción para las personas jurídicas, podemos discutir si es o no conveniente desde la teoría jurídica. Simbólicamente, desde la teoría política las sanciones a las personas jurídicas marca que se va a sancionar el aprovechamiento económico que realmente perjudica a una sociedad por encima de la selectividad que lleva adelante hoy nuestro sistema penal que atrapa a los más débiles, a las infracciones menores y que parece un sistema legal tonto”.

Garrigós de Rébori rechaza los argumentos de que no es el momento político para la discusión porque está próximo el final de un gobierno. “¿Cuál es el momento político para discutir una legislación de fondo? No entiendo, ¿quiénes son los indicados para discutirlo? Los diputados y los senadores. Nosotros hacemos una campaña de divulgación para que de la charla, del cotejo, surjan las ideas del común, el vox dei, de lo que los diputados y senadores van a defender al momento de sancionar el Código”.

Para la agrupación, lo central es la ideología que debe tener el futuro instrumento. “Entre nosotros la ideología obligatoria es la de los tratados de los derechos humanos. Esto es ineludible y esto es lo que pensamos y defendemos. Que no es peligrosista, sino que tiene una mirada, un tratamiento social del delito, un reconocimiento del delito como parte de la vida social”.

El dato

Seguridad

• Para la titular de Justicia Legítima, “el índice de seguridad está atado a la distribución del ingreso per cápita y a la apertura de la brecha entre los ricos y los pobres. En 1986 con la hiperinflación, tuvimos un aumento del tipo de criminalidad del 40%. Otro aumento importante lo tuvimos en el 2001-2002. La apertura de la brecha económica aumenta la criminalidad; la nivelación económica, la paz económica, hace disminuir el índice de criminalidad, no está atado a una ley”.

Después recuerda que el último informe de Naciones Unidas afirmó que Chile, Cuba y Argentina son los países que tienen menor tasa de criminalidad.