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editorial

  • La Cámara de Diputados votó, dividida entre oficialismo y oposición, una ley para abordar la violencia en el ámbito escolar.

Oportunidad perdida

La violencia inserta en nuestra sociedad y que fue bien marcada en el último documento de la Conferencia Episcopal Argentina afecta también a la escuela como parte integrante del tejido social argentino. No dejan de sorprender los hechos denunciados tanto en el interior como en zonas aledañas a instituciones escolares y que llegó en nuestra ciudad al extremo del homicidio de un alumno de la escuela primaria nocturna Hipólito Yrigoyen.

Definir políticas para pacificar a la sociedad y devolverle la paz que caracterizó durante décadas a Santa Fe es un desafío fundamental de la dirigencia política que exige, además, sólidos acuerdos que se transformen en políticas, leyes y programas a aplicar desde el Estado.

En la última semana, la Cámara de Diputados perdió la oportunidad a la hora de tejer un entendimiento para la adhesión de la provincia a la Ley Nacional 26.892 dictada el año pasado por el Congreso y conocida como de “promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas”.

Si bien la Cámara le dio media sanción a esa norma lo hizo en votación dividida sobre cómo se debe aplicar ese instrumento. Oficialistas por un lado, opositores por el otro. Los dos sectores expresaron argumentos sólidos y concretos sobre cómo avanzar, pero carecieron de la sabiduría política de demostrarle a la sociedad que en temas como éste no puede haber fisuras. Se aplicó la mayoría del número y se dejó el tema en manos del Senado.

Durante el tratamiento en comisiones, se escuchó la opinión de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, organismo estatal que tiene por misión garantizar los derechos de infantes y adolescentes.

El oficialismo votó un texto que deja en manos de los consejos escolares de cada establecimiento el dictado de un acuerdo para la convivencia escolar con la participación de todos los estamentos de esa comunidad; el justicialismo optó por crear un consejo provincial de asesoramiento para la promoción de la convivencia escolar armónica donde además del Ministerio de Educación participen gremios y colegios profesionales. Y agregó la creación, en cada región del Ministerio de Educación, de equipos técnicos multidisciplinarios para asistir profesionalmente a la comunidad educativa, en número proporcional a la matrícula y cantidad de establecimientos.

En tanto, mientras la Cámara de Diputados discutía el tema sin lograr una síntesis, el Ministerio de Educación de la Nación presentó la Guía Federal de Orientaciones para Situaciones Complejas de la Vida Escolar, un protocolo que ofrece a los docentes una orientación para diseñar estrategias e intervenir ante situaciones violentas o complejas que puedan darse en la vida escolar y que se derivan de la Ley 26.892. Este protocolo será bajado a las escuelas de todo el país y obviamente de Santa Fe, cuyas autoridades participaron en la discusión del documento.

Es destacable que la dirigencia política esté preocupada y ocupada para dotar de herramientas a la escuela y a los educadores que afrontan el desafío de la violencia en ese ámbito, pero es deseable y aconsejable que ante la magnitud del problema se busquen sólidos acuerdos que sirvan de base a políticas de Estado. En este sentido, el paso del tema por Diputados fue frustrante porque los legisladores dejaron pasar una oportunidad valiosa para lograr un entendimiento que la sociedad reclama.

Ante la violencia que se expresa de distintas maneras en la sociedad, son deseables sólidos acuerdos políticos para generar herramientas que permitan hacerle frente y bajar los decibeles de confrontación.



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