Fallo de Cámara
La Justicia puso plazos al Ejecutivo para mejorar la situación carcelaria
El mes pasado se realizó una audiencia, en la que el Servicio Público de la Defensa Penal volvió a denunciar hacinamiento en comisarías. Para la jueza Martha Feijoó “la situación debe ser prontamente revertida”.
La jueza de Cámara Martha Feijoó estuvo al frente de la audiencia realizada el mes pasado. Foto: Flavio Raina
De la Redacción de El Litoral
La jueza de Segunda Instancia Penal Martha Feijoó hizo lugar a un habeas corpus colectivo en favor de los detenidos en comisarías, en el ámbito de la primera circunscripción judicial -Santa Fe y zona-, e indicó medidas en pos de mejorar la situación edilicia, de alimentación e incluso de salud para los internos.
La medida adoptada este martes por la representante del Colegio de Jueces de Segunda Instancia se remonta a una audiencia celebrada el 23 de abril pasado, a la que comparecieron numerosas autoridades de todo el espectro local.
La audiencia oral y pública fue el resultado de un habeas corpus colectivo y correctivo planteado en enero de este año por el titular del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, Gabriel Ganón, y el defensor regional para Santa Fe, Sebastián Amadeo.
enormes falencias
En ese momento, los representantes de la defensa pública denunciaron la existencia de un 100% de hacinamiento en comisarías de Santa Fe y criticaron las enormes falencias en materia edilicia, tanto como en alimentación y salud para los internos.
Para decidir el conflicto, la Dra. Feijoó tuvo en cuenta que el Servicio Público “evidencia sensatez en sus pretensiones”, ya que “no cuestiona una política carcelaria”, sino que “sus pretensiones refieren a particulares y concretas lesiones de derechos fundamentales”.
En cuanto al Ministerio de Seguridad -estuvo representado por el subsecretario Marías Drivet- manifestó su “total voluntad”, para abordar esta problemática, no obstante “ninguna propuesta concreta en orden a las condiciones denunciadas efectuó para dar solución a la situación”.
No obstante las posturas de cada actor público, para la jueza “la situación de hacinamiento debe ser prontamente revertida”, dijo en la resolución difundida hoy por la Oficina de Prensa de la Corte.
plazos y condiciones
Para garantizar el buen funcionamiento del sistema de detenciones, la jueza estableció plazos y en consecuencia emplazó al Ministerio de Seguridad a que “en un plazo de 30 días presentará al juez ante el cual radique este hábeas corpus, un programa de traslado de las personas que exceden ‘la capacidad autorizada’ para cada dependencia”.
En su defecto, deberá formular una “propuesta que permita la permanencia de los alojados en esos lugares, indicando los estándares internacionales recomendados tenidos en cuenta para ello”.
En caso de traslados “se deberá tener en cuenta que el mismo no debe afectar la cercanía con sus lazos afectivos y, en caso de que se trasladen a otra jurisdicción que ésta, sea la más cercana posible y siempre considerada como última ratio”.
alimentación y salud
Por su parte, la Dra. Feijoó abordó los demás aspectos cuestionados, y señaló que “la insuficiente alimentación requiere de medidas urgentes y a corto plazo”. En tal sentido estipuló un plazo de un mes “a fin de que mejore la cantidad, calidad y regularidad de los alimentos y la forma en que éstos son consumidos”.
Por último, estableció pautas para suplir “la deficiente atención médica”, que “también exige urgente solución como lo señala el señor defensor provincial”.
En el mismo período de 30 días, el Ministerio de Seguridad “deberá designar y ejecutar lo pertinente para que se realice un examen médico a todos los alojados en dependencias policiales y a quienes en el futuro ingresen a éstas, brindando atención médica inmediata a los enfermos y servicio odontológico, psiquiátrico o ginecológico a quien lo requiera, como así la provisión de los medicamentos que se necesiten, de cuyo cumplimiento deberá informar al juez ante el cual radique este hábeas corpus”.
situación edilicia
En cuanto a la situación edilicia de las comisarías, la jueza Martha Feijoó fijó en 60 días el plazo en que se “presentará un plan diferenciando de las refacciones sencillas de las de mediana complejidad y/o refacción total de las dependencias de esta Circunscripción Judicial, con indicación del plazo para ellas”.
El mismo período de tiempo se estableció “para la provisión del mobiliario mínimo e indispensable que requiera el alojamiento de los privados de libertad en dependencias policiales”.
El defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, había denunciado en enero la grave situación carcelaria provincial. Foto: Flavio Raina
Mesa de diálogo
“Convencida estoy que la situación lesiva de la dignidad e integridad de las personas privadas de libertad presentada puede encontrar solución a través de la concreción de una mesa de diálogo”, destacó la jueza de Cámara Martha Feijoó, al punto que se lamentó porque “las condiciones ilegítimas pudieron haberse subsanado o ya estar en vías de ello a través de un diálogo correcto”.
En tal sentido consideró que “en las reuniones mantenidas con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con la Corte Suprema de Justicia de la Provincia y con la Procuración Penitenciaria de la Nación que invoca el Dr. Drivet como demostración de la preocupación, ocupación y total voluntad de obtener una solución consensuada, no participaron actores que tienen interés directo en la misma”.
Por tales motivos, instó a los miembros de dicha mesa a participar del evento al Servicio Público Provincial de Defensa Penal, que tiene “interés directo” y “no puede estar ausente”.
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