editorial

  • A principios de este año, la cantidad de presos en seccionales locales duplicaba la capacidad de alojamiento autorizada.

Comisarías superpobladas

El problema de la superpoblación de detenidos en comisarías de la provincia no es nuevo. Sin embargo, a pesar del paso del tiempo, de las intimaciones judiciales y de los esfuerzos realizados por los distintos gobiernos, la situación parece agravarse.

A principios de este año, desde el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal se realizaron inspecciones en las seccionales de distintas unidades regionales de Policía.

Las conclusiones fueron sorprendentes: en la Unidad Regional I, donde las comisarías tienen capacidad para alojar a 93 detenidos, el día de los controles se encontró a 185 personas privadas de la libertad. Es decir que el número de presos en comisarías duplicaba la capacidad instalada.

A modo de ejemplo, la capacidad de alojamiento de detenidos autorizada en la seccional Tercera es de 13 personas, pero encontraron 31; en la seccional Sexta había 14 presos, pero la capacidad es apenas para 3.

El informe planteaba que en la seccional Segunda, después de las 22, se restringe la posibilidad de ir al baño. En la Comisaría 26 no hay agua potable, por lo que se entregan tres bidones por día o bien, cuando falta, los policías le piden a una vecina.

El problema no es sólo responsabilidad de la provincia. De hecho, Santa Fe se hace cargo de más de 200 presos federales, algunos de los cuales se encuentran alojados en comisarías. La necesidad de acelerar la construcción de la cárcel federal de Coronda se torna imperiosa.

Si bien los calabozos de las comisarías están pensados como lugares de estadía transitoria, el defensor regional de Santa Fe, Sebastián Amadeo, dijo que gran parte de los detenidos está procesado y aproximadamente el 12 por ciento son condenados.

Frente a esta realidad, la jueza de Segunda Instancia Penal, Martha Feijoó, hizo lugar a un hábeas corpus colectivo en el ámbito de la primera circunscripción judicial -Santa Fe y zona de influencia-, y ordenó una serie de medidas tendientes a mejorar la situación edilicia, de alimentación e, incluso, de salud para los internos.

En apenas 30 días, el gobierno debería trasladar de las comisarías a todos los detenidos que exceden la capacidad autorizada de alojamiento. Y en un plazo no mayor a los dos meses, el Ejecutivo deberá presentar ante la Justicia “un plan diferenciando las refacciones sencillas de las de mediana complejidad y/o refacción total de las dependencias de esta Circunscripción Judicial”.

A pesar de las disposiciones judiciales y de los esfuerzos que pueda realizar el Ejecutivo, resulta poco probable que la situación cambie demasiado en el corto y mediano plazo. De poco sirve que la Justicia dicte órdenes que son de cumplimiento imposible, aunque hay que reconocer que su mandato pone presión para que se empiece a avanzar en la resolución de un problema crónico.

En primer lugar, porque el Estado está violando diversos artículos de la Constitución Nacional -incluidos pactos internacionales con rango constitucional desde 1994- y de la Constitución Provincial.

Además, el hacinamiento de presos en comisarías impide que un importante número de policías cumpla con su verdadera misión: prevenir la comisión de delitos en las calles.

Finalmente, las comisarías no cuentan con las condiciones de seguridad requeridas para alojar a personas procesadas o condenadas, lo que representa un problema para la sociedad en general; y en particular para quienes viven en cercanías de las seccionales.

El problema no es sólo responsabilidad de la provincia. De hecho, Santa Fe se hace cargo de más de 200 presos federales.