Media sanción: define la Cámara de Diputados

Luis Rodrigo

[email protected]

Con votos radicales y peronistas, el Senado santafesino aprobó la adhesión a una ley nacional que busca que los jueces de la provincia se encarguen de intervenir en el llamado narcomenudeo, al que se describe más técnicamente como el narcotráfico de pequeñas causas.

El único senador que tiene el socialismo, Miguel Lifschitz, de Rosario, votó en contra del proyecto de ley que -como en 2013- obtuvo con toda facilidad media sanción en la Cámara Alta. Hoy, al igual que el año pasado, se da por descontado que no habrá consenso para que el texto normativo avance entre los diputados.

La adhesión a la Ley Nacional 26.052 (ver aparte) despierta especial atención en las comunidades más chicas y alejadas de los grandes centros urbanos. Sus problemas con el narcotráfico están, muchas veces, a cientos de kilómetros de los juzgados federales con competencia en la materia.

Debate

Lisandro Enrico (UCR-General López) presentó la iniciativa y subrayó que espera que la Cámara vecina cambie de posición: en 2013, la cuestión perdió estado parlamentario en las comisiones de los diputados, y -además- el mes pasado el Dr. Félix Crous, titular de la Procunar (Procuraduría de Narcocriminalidad), expuso su posición contraria a la ley que pretende llevar a la competencia de la provincia esos delitos complejos.

Enrico dijo que espera “una nueva mirada sobre el tema” en Diputados y valoró como muy favorable la experiencia en la provincia de Córdoba.

De inmediato, Lifschitz explicó los motivos por los que votó contra la mayoría en el oficialismo: “Es una idea que ha fracasado en el Gran Buenos Aires y donde se ha aplicado; nada asegura que las provincias puedan ser más efectivas que la jurisdicción federal”, dijo.

Recordó que el narcotráfico ha crecido en poder y en recursos y que sus estructuras superan los límites de una ciudad o una jurisdicción. Subrayó que el responsable de su combate es el Estado nacional.

“Humanos Derechos”

Orfilio Marcón (UCR- General Obligado) habló primero de la “preocupación” y de la “atención” que “reciben los derechos humanos” pero luego lamentó que se haga poco “por los humanos derechos (...) por las personas honestas”.

A continuación, se quejó porque en el departamento norteño haya el doble de defensores que de fiscales (6 y 3, respectivamente) y fustigó las posiciones que “predican libertad para el consumo, que es como darle libertad a un verdadero flagelo”.

Marcón comparó la llegada de las drogas, su consumo y el tráfico con una inundación: “Cuando viene el agua puede que las tareas más importantes las asuman otras jurisdicciones, pero las municipalidades, las comunas y la gente misma, los vecinos, colaboran para hacerle frente. Esto es lo mismo”, graficó.

“Demasiado fácil”

Eduardo Rosconi (PJ- Caseros) se dedicó a exponer las opiniones más comunes en la calle sobre el tema: “Es muy fácil ser vendedor de drogas, la sensación es que al que hace esto no le va a pasar nada...”, dijo el senador.

“Cuando hablamos con los vecinos sobre este tema ésa es la opinión mayoritaria, y la verdad... no sabemos qué responderles”, confesó. Para Rosconi la proximidad con los jueces provinciales puede facilitar la persecución de -al menos- los pequeños vendedores.

En el mismo sentido, Armando Traferri (PJ-San Lorenzo) y Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) expresaron su sensación de que “parece que todo es fácil, sin castigos, que estar del lado de los buenos es igual a estar en otra posición”. Ambos respondieron a Lifschitz que “algo hay que hacer para cambiar el estado de situación actual”.

También advirtieron que muchas veces junto a los delitos del narcomenudeo hay otros delitos conexos, como tenencia de armas, explotación de menores, privación ilegítima de la libertad, etc, que son competencia provincial “y tampoco se investigan”.

Sólo para “perejiles”

Hugo Marcucci votó favorablemente la iniciativa pero se ocupó de poner acento en lo que es el justo término de la reforma. “Sabemos que por apresar a cuatro ‘perejiles’ que venden drogas no vamos a lograr avance significativos contra el narcotráfico”, consideró el senador por La Capital. Como antes, el socialista hizo hincapié en la condición supranacional del fenómeno y aseguró que no es casual el adjetivo en la expresión “pequeñas causas” de delitos complejos.

También advirtió que se sancione o no la ley en Diputados, seguirá la lucha desde el Estado en todos sus niveles contra la narcocriminalidad y recordó que sin la competencia provincial “se pudo combatir los búnkeres, los Zacarías, Los Monos, el narcolavado...”.

Marcucci volvió a la carga con la necesidad de que la Gendarmería también colabore con la seguridad en la ciudad de Santa Fe (presentó un pedido de informes sobre el número de crímenes desde 2000 en adelante) y disparó: “La miseria, la exclusión y los ‘90 no son ajenos a esta discusión”.

Rodrigo Borla (UCR-San Justo) afirmó que muchas veces, los policías en las poblaciones chicas “tienen voluntad de investigar, y de intervenir en lo que saben que ocurre pero necesitan peregrinar cientos de kilómetros para conseguir órdenes de allanamiento, a cargo de los lejanos juzgados federales”. “La verdad -afirmó- es que cuando se incautan drogas es porque los operativos que buscaban otra cosa se ‘chocan’ con esas sustancias”.

En Córdoba y el Gran Buenos Aires

Santa Fe estudia sumarse a una experiencia que en el país lleva casi una década y cuyos resultados pueden evaluarse en Córdoba y en la provincia de Buenos Aires.

En 2005, el Congreso sancionó la Ley Nacional 26.052, que impulsó la llamada “descentralización” de las competencias del sistema judicial argentino frente a las pequeñas causas del tráfico de drogas. Así, el narcomenudeo puede ser combatido por la Justicia de cada provincia que adhiera a la norma mencionada (que modificó parcialmente la Ley Nº 23.737, de 1989, que cumplirá en septiembre 25 años).

En la provincia mediterránea, la experiencia lleva algo más de un año y medio. En cambio, en la provincia más importante del país, la intervención de la Justicia bonaerense fue casi inmediata a la reforma nacional. Data de 2005 la ley (13392) con la que Buenos Aires se adhirió.

Otras provincias, como Catamarca, La Rioja, Entre Ríos y Misiones, también han considerado conveniente quitarles a los juzgados federales los casos de tráfico de drogas en muy pequeñas cantidades.