editorial

• A tono con otras iniciativas a nivel nacional, una diputada santafesina quiere obligar a sus pares a una rinoscopía. Un planteo que, más allá de alimentar demagógicamente el morbo, avanza sobre derechos elementales y el sentido común.

Un proyecto revelador

El proyecto de una diputada santafesina para obligar a todos sus pares a someterse una rinoscopía, a los efectos de comprobar -y difundir- si alguno de ellos es consumidor de cocaína, dice más sobre las condiciones de ciertos legisladores que sus eventuales resultados en el remoto caso de que fuera aprobado.

La iniciativa obtuvo inmediata repercusión mediática y social, por razones ajenas a su verdadera trascendencia y opuestas a su calidad institucional; enganchadas a un convoy traccionado por decisiones, proyectos y declaraciones en el mismo sentido, en la provincia de Chubut, el Concejo de Capitán Bermúdez y de parte del secretario de Seguridad, Sergio Berni.

La garantía de impacto y difusión de este tipo de iniciativas no les asigna razonabilidad en términos de la relación entre medios y fines, ni les confiere seriedad científica, ni mucho menos ajuste a las normas constitucionales.

Como han señalado distintos dirigentes que, por acción u omisión, rechazaron de manera categórica planteos de este tenor, se trata de un flagrante avance antijurídico sobre el derecho a la privacidad, dirigido a establecer una conducta que hoy no está castigada por el sistema jurídico (valga recordar, en beneficio de quienes ignoren las leyes y la jurisprudencia vigente -legisladores y funcionarios incluidos-, que el consumo de estupefacientes no merece actualmente persecusión penal).

En todo caso, los interrogantes aparecen para el caso de que este avance se produjese, y el resultado fuera positivo: ¿los legisladores deberían dejar su cargo, ser obligados a un tratamiento de rehabilitación, o solamente padecer el escarnio público por lo que hoy, cuando se verifica la adicción, es considerado una afección de la salud?

La mentada rinoscopía, por lo demás, tiene más relevancia para potenciar el estigma que alienta su utilización que para cumplir cabalmente su cometido. La práctica consiste en un examen de las fosas nasales, que suelen verse alteradas por el consumo de cocaína. Pero los especialistas advierten que esta alteración no siempre se produce, y que cuando se manifiesta puede deberse a otras causas. Por lo demás, como resulta obvio, el estudio deja afuera el consumo de otro tipo de sustancias tóxicas. Y ni por asociación abarca, por ejemplo, al alcohol; cuya ingestión en niveles importantes suele traducirse en la alteración de las facultades que teme la legisladora (aunque difícilmente en ese campo pueda sospecharse que los hipotéticos afectados puedan ser “coaccionados” por los propietarios de los viñedos, como ella sí piensa que ocurre en el caso de las drogas).

Argumentar por la exageración o el ridículo sería la vía más apropiada para abordar este debate, si no fuera por las severas implicancias que posee su propio planteo, ya que proyecta una sombra nociva sobre los cuerpos republicanos, asociada con los costados más oscuros de la demagogia y el oportunismo. Y que, al margen de otras reconocidas aficiones de dudosa cualidad intelectual, son poderosos indicadores de la formación, percepción de la realidad, capacidad de raciocinio y conocimiento del andamiaje jurídico e institucional que, en muchos casos, exhiben quienes llegan a ocupar funciones de responsabilidad en el espacio público.

¿Los legisladores deberían dejar su cargo, ser obligados a un tratamiento de rehabilitación, o solamente padecer el escarnio público?