editorial

• La posibilidad de retocar el sistema de boleta única no fue por ahora más allá de un debate en los medios. Pero más allá de las razones para impulsarla, supeditar un mecanismo electoral a una coyuntura supondría un retroceso político e institucional.

De reformas electorales

La posibilidad de que desde el oficialismo provincial se impulse una modificación al mecanismo electoral de la boleta única, uniendo en un mismo cuerpo las categorías de gobernador y diputados provinciales, desató un debate público sustentado por partidos de la oposición, pero también por sectores de la coalición gobernante.

La rápida y categórica desmentida de las autoridades del Poder Ejecutivo bastó para dejar en claro que la eventual iniciativa no es empujada desde ese ámbito, pero no descartó que tal ánimo esté en el temperamento de algunos legisladores del espacio. De hecho, un proyecto en ese sentido ya había sido presentado por diputados del radicalismo y el socialismo, con aval de representantes del PRO -que ahora se apresuraron a sentar postura en contrario- y el rechazo de otros partidos y líneas internas del Frente Progresista, así como del justicialismo. Este último factor sella la suerte de la hipotética intención de reforma, como la de tantas otras iniciativas. Y, precisamente, el hecho de que el justicialismo, como principal partido opositor, tenga la llave para la aprobación o no de los proyectos legislativos, es la razón que alienta la intención reformista.

Y es que la conjunción de la boleta única con el criterio de asignación de bancas en la Cámara de Diputados de la Constitución santafesina provocó, en la última renovación total de cargos provinciales, un resultado ajustado a la letra de la ley, pero seguramente contrario a su espíritu y -sin duda alguna- incongruente con la voluntad del electorado.

En 2011, la ciudadanía decidió renovar su confianza al Frente Progresista para gobernar la provincia, pero encontró más atractiva la oferta para la Cámara Baja la propuesta del Partido Justicialista, encabezada por María Eugenia Bielsa (paradójicamente hoy fuera del cuerpo, por discrepancias internas). Esa separación de votos y resultados para el Ejecutivo y para el Legislativo es lo que, dando un cauce favorable a la genuina voluntad popular, permite la boleta única, al separar todas las categorías. El problema es que la Constitución no establece para los diputados una distribución de bancas proporcional a los votos, sino que asigna una mayoría automática de 28 al partido más votado; cláusula que en su momento fue incorporada para garantizar gobernabilidad, y que en esta oportunidad produjo el efecto exactamente inverso.

Dadas las dificultades para llevar adelante una modificación de la Carta Magna que, entre otras cosas, deje de lado esta disposición, algunos referentes del Frente Progresista consideran un “mal menor” retocar la boleta única, que hoy por hoy es el corolario de una sostenida evolución del sistema electoral -tras la derogación de la ley de Lemas- y el paso previo al voto electrónico.

La discusión se completa con postulaciones de modificar otras cuestiones, como el piso de votos exigible en las primarias para pasar a la instancia de los comicios generales, o la prohibición de la publicidad proselitista, con el correlato de la obligación estatal de financiarla. Pero en lo que hace a la boleta única, pensar en modificar el mecanismo por circunstancias de coyuntura -por más razonable que esto pueda parecer dado el indeseado efecto de una cláusula constitucional anacrónica e inapropiada- supone un retroceso político e institucional, que no se condice con las expectativas depositadas por los santafesinos en las urnas.

El hecho de que el justicialismo, como principal partido opositor, tenga la llave para la aprobación o no de los proyectos legislativos, es la razón que alienta la intención reformista.