editorial

  • Se cumplió un año de la explosión de gas que derrumbó tres torres y truncó 22 vidas en Rosario.

Lecciones de una tragedia

El último miércoles no fue un día más para la ciudad de Rosario. De hecho, cada 6 de agosto representará, desde el año pasado, una jornada especial para quienes recuerdan la conmoción y el dolor provocados por aquella explosión de gas que derrumbó tres torres y acabó con 22 vidas inocentes.

El espacio vacío que aún se observa en calle Salta 2141 es un mudo testimonio del que fue, con seguridad, uno de los momentos más trágicos que los rosarinos hayan sufrido a lo largo de la historia de la ciudad.

Los familiares de las víctimas sienten que sus heridas están lejos de cerrar. Tanto es así que el día del primer aniversario de la explosión, se organizaron para reunirse frente al Palacio de Tribunales, donde dejaron una inscripción que rezaba: “La especulación mata”.

La causa judicial está caratulada como “estrago culposo agravado” y tiene a 11 personas procesadas. Entre ellas, al gasista que desató la tragedia, integrantes del consorcio y empleados de la empresa Litoral Gas.

Pero el siniestro no sólo repercutió de manera directa en Rosario. Desde el estallido, los controles domiciliarios que debe realizar la empresa concesionaria se incrementaron en todas las ciudades de la provincia que cuentan con el servicio de gas natural. Es que, lógicamente, nadie quiere correr el riesgo de que similares errores se traduzcan en parecidas consecuencias.

El primer caso que tuvo repercusión en la ciudad de Santa Fe se produjo en el barrio Las Flores II. Días después de la tragedia y ante el persistente olor a gas, desde la vecinal se comunicaron con la empresa concesionaria y solicitaron una inspección. El resultado de los controles fue contundente: salvo contadas excepciones, las conexiones de gas no habían sufrido modificaciones desde que el complejo Fonavi fuera construido en 1971.

Once meses después, aún existen 20 domicilios -de un total de 10 torres, 20 monoblocks y 120 casas- en los que no se restableció el servicio de gas natural porque, según argumentan sus propietarios, no cuentan con los recursos económicos para hacer frente al costo de la obra.

El problema se repite en otros puntos de la ciudad. Tanto es así que vecinos de Santa Fe plantearon sus quejas ante la Defensoría del Pueblo de la provincia. Sin embargo, Litoral Gas está haciendo lo que corresponde. La experiencia demostró de la peor manera que los controles y las readecuaciones resultan imprescindibles.

En estos momentos, existen 13 edificios en la ciudad que tienen cortado el servicio porque las instalaciones internas no cumplen con los requisitos de seguridad vigentes.

Desde la empresa argumentan que no son ellos quienes incrementaron la cantidad de controles sino que, en realidad, lo que se aumentó fue el número de denuncias o reclamos por parte de los usuarios.

Pero más allá de cuáles sean la explicaciones ante este fenómeno, existen datos incontrastables: la mayor parte de las viviendas del barrio Las Flores II no tuvo inspecciones en más de 40 años. Si los controles hubieran existido, el año pasado no hubiese sido necesario cortar el servicio a centenares de familias.

Existe un problema más. Al menos en la ciudad de Santa Fe, la cantidad de inspectores no parece suficiente ante tamaña demanda. Tampoco la cantidad de matriculados. Esto provoca demoras en la habilitación de nuevas instalaciones y desata quejas de las cámaras inmobiliarias locales.

En definitiva, es imprescindible incrementar los controles. Y para ello, será necesario adoptar las medidas tendientes a lograr un sistema confiable y, sobre todo, eficiente. A la vez, las autoridades deberían pensar el modo de poner al alcance de los usuarios el financiamiento de las obras de reconversión.

Será necesario adoptar las medidas tendientes a lograr un sistema confiable y, sobre todo, eficiente.