Divide al oficialismo aporte estatal del 20% sobre costos eléctricos de potabilización

El Senado quiere subsidiar a las cooperativas de agua

La geografía separa aguas en el Frente Progresista: la mayoría de sus senadores apoyó con entusiasmo un proyecto de ley del justicialismo. No lo votaron los representantes de Rosario y La Capital.

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Las cooperativas de agua potable nacieron donde el Estado (nacional primero, provincial después) nunca llegó. Sus usuarios -como todos los santafesinos- subsidian con sus impuestos las tarifas de Assa.

Foto: Archivo El Litoral

 

Luis Rodrigo

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Por amplia mayoría, el Senado votó ayer un proyecto de ley que busca colaborar con los llamados “prestadores no concesionados” del servicio de agua potable, es decir, quienes brindan ese servicio fuera de las ciudades atendidas por Aguas Santafesinas SA (Assa).

El proyecto de Alcides Calvo (PJ-Castellanos) pasó a Diputados y busca que el Estado se haga cargo de pagar un 20% de las tarifas eléctricas de las cooperativas, los municipios y las comunas que se ocupan de dar agua potable.

El régimen tarifario especial se aplicará sólo a los consumos eléctricos de los procesos de potabilización. Será aplicado por la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y los montos subsidiados (aún indeterminados) afrontados por el Estado santafesino, “con fondos del Tesoro”.

El autor de la iniciativa subrayó que se busca colaborar con los prestadores que no cuentan con los subsidios de que dispone Assa, sin abrir un juicio de valor sobre otro debate también presente en el recinto: el aumento del 42% que el gobierno pide sobre ese servicio. También recordó que al aprobarse el Presupuesto 2014 se eliminó a las cooperativas de agua potable el impuesto a los Ingresos Brutos, un viejo anhelo de la Federación Nacional de Cooperativas de Agua Potable (Fencap).

A favor

Los senadores radicales Lisandro Enrico (General López), Felipe Michlig (San Cristóbal) y Orfilio Marcón (General Obligado) mostraron su apoyo al proyecto, así como los justicialistas Danilo Capitani (San Jerónimo), Joaquín Gramajo (9 de Julio) y Hugo Pucheta (Vera).

Los primeros subrayaron que la política tarifaria de Assa ha ido en la dirección correcta al buscar bajar los subsidios estatales a esa compañía (que cubre el servicio en sólo 15 distritos) y los segundos en la necesidad de que el Estado provincial se ocupe de llevar adelante las inversiones previstas por el plan de Grandes Acueductos.

Los radicales que representan a localidades que no tienen el servicio prestado por Assa se preguntaron cómo es que allí los costos para los usuarios son entre 6 y 8 veces más altos que en las ciudades de Rosario y Santa Fe, con un servicio medido, y explicaron que la diferencia la pone la pone el Estado.

Los justicialistas afirmaron que el aumento planteado por Assa no tiene relación con otros indicadores (como la inflación) y -entre otras críticas al Ministerio de Aguas- pidieron que se revise uno de los grandes acueductos para alimentar la región Noroeste, y que se estudie una traza alternativa -planteada por la UTN- Reconquista- que no iría contra la pendiente natural.

En contra

Al proyecto de subsidiar los consumos energéticos de las cooperativas, los municipios y las comunas que distribuyen agua potable se opusieron dos senadores, los que representan a las dos ciudades más importantes de la provincia: Hugo Marcucci (UCR-La Capital) y Miguel Lifschitz (PS-Rosario).

El radical explicó que el proyecto no tiene números respecto de su impacto, negó que existan privilegios para los 15 distritos servidos por Assa y que sus gastos operativos se cubran con subsidios estatales. Decidió sin medias tintas votar en contra. En cambio, con los mismos argumentos, el socialista prefirió abstenerse.

Se hunde el piso para las Paso

Estaba en el orden del día y se podía aprobar por simple mayoría. En su favor habían hablado legisladores del oficialismo y de la oposición, en ambas Cámaras, incluso, el gobernador Antonio Bonfatti. Sin embargo, a última hora se complicó todo y parece que en nada quedará la idea de fijar un piso del 3% de los votos para superar las primarias.

Hace una semana, el proyecto para reformar la Ley Electoral de la provincia parecía que iba a lograr la media sanción, pero ayer la Cámara Alta acordó que vuelva a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

La iniciativa del senador Alcides Calvo (PJ-Castellanos) busca -como en la ley electoral nacional vigente- fijar un guarismo electoral mínimo, obligatorio para que quienes se presenten en las primarias puedan luego hacerlo en la general. “El piso se hunde”, resumió ayer un asesor en los pasillos. Y explicó “no se discute el 3% pero ya se habla de fijar un techo: faltarían las paredes, las aberturas y ver quién entra por la ventana”, resumió.

Los desacuerdos aparecieron a la hora de fijar -además de un mínimo- otros criterios de cálculo para una posterior distribución de cargos (como por ejemplo para conformar las listas de diputados).

Así, unos piensan que lo mejor es crear un piso y un techo para que un sector no tenga tanto predominio sobre el resto del partido. Otros opinan que la letra de la ley debería permitir que la cuestión se resuelva según las normas internas de cada fuerza.

Con tantos nuevos elementos, la ley que necesita del máximo consenso posible -porque son reglas de juego electorales- volvió a comisiones y se aprobó (casi de compromiso) una preferencia de dos sesiones.

Las diferencias sobre el tema están -sobre todo- puertas adentro de la UCR. (En el PJ, al ver la interna de los radicales, comenzaban también a aparecer dudas también respecto de cómo sería la redacción final de la eventual reforma).

En el recinto, el jefe del bloque radial Felipe Michlig (San Cristóbal) explicó que el tema necesitaba volver a una discusión en comisiones. En cambio, su par de bancada Hugo Marcucci advirtió que el cambio que propuso no es más que adaptar la legislación provincial a la nacional (la primera es anterior a la segunda).

El santafesino explicó en el recinto que el proyecto de Calvo se había modificado ante una propuesta suya, y argumentó: “Lo que proponemos es lo que dice la ley nacional; no hay ni una coma más ni una coma menos”.