Los sistemas previsionales de reparto se resquebrajan en todo el mundo debido a diferentes factores. Entre ellos, el progresivo envejecimiento de la población, que torna financieramente insostenible un régimen que debería sustentarse en los aportes que realizan los activos para garantizar un ingreso digno a quienes ya se han retirado del mundo del trabajo. Tanto es así, que países como Francia, Grecia, Italia y España, se han visto obligados a elevar la edad de retiro.

Pero los sistemas previsionales no sólo pueden llegar a colapsar por el envejecimiento poblacional. En la provincia de Santa Fe, por ejemplo, el déficit de la Caja de Jubilaciones en los primeros cinco meses de este año alcanzó la inquietante cifra de 547 millones de pesos.

En 2001, el déficit previsional anual santafesino era de 465 millones de pesos; en 2012, de 660 millones de pesos; en 2013, de 932 millones de pesos. De seguir en este camino, pronto se hará muy difícil que la provincia pueda garantizar la continuidad del sistema.

Este problema se genera por una multiplicidad de razones. Cuando a principios de los noventa se produjo un proceso generalizado de transferencias de las cajas de jubilaciones provinciales a la Nación, Santa Fe optó por mantener el organismo bajo su jurisdicción. A cambio, se acordó que el gobierno central se quedara con el 15% de la masa coparticipable de la provincia y que ese dinero fuera destinado a hacer frente a potenciales déficits de la Caja. Sin embargo, desde 2006 el gobierno nacional dejó de enviar dichos fondos a Santa Fe.

Pero existen otros factores que contribuyen a incrementar el déficit previsional. Entre ellos, la particular situación de los sueldos que perciben los agentes del Poder Judicial de la provincia. Los ingresos en el sector se fijan sobre la base de los salarios judiciales nacionales, por la existencia de una “ley de enganche”.

Sin embargo, en el momento de retirarse, los integrantes de la Justicia provincial lo hacen bajo el sistema de jubilaciones y pensiones santafesino, que les garantiza el 82% móvil.

Los números concretos indican que el presidente del máximo tribunal cobra mensualmente 131 mil pesos, lo que le asegura una jubilación de alrededor de 96.000 pesos. Asimismo, el promedio de jubilación de todos aquellos que formaron parte del Poder Judicial de Santa Fe oscila en los 30.000 pesos. Como contrapartida, el haber mínimo bruto mensual de jubilación ordinaria en la provincia asciende a 4.375 pesos.

La situación actual es insostenible. No sólo porque no existen los recursos suficientes, sino porque el esquema refleja una profunda y hasta ofensiva inequidad.

La diputada provincial Verónica Benas acaba de presentar un proyecto de ley que fija un tope a las jubilaciones y pensiones máximas, equivalente a diez haberes brutos mensuales mínimos. De aprobarse, ningún santafesino podría cobrar una jubilación que esté por encima de los 43.750 pesos. No obstante, esta disposición seguramente no alcanzará como para terminar con el déficit de la Caja.

Las 28 personas que en estos momentos perciben los montos máximos que paga la Caja de Jubilaciones de la provincia -17 jubilados y 11 pensionados-, generan un déficit mensual de 2 millones y medio de pesos.

Las 28 personas que en estos momentos perciben los montos máximos que paga la Caja de Jubilaciones de la Provincia, generan un déficit mensual de 2 millones y medio de pesos.