Los operativos de Berni

El Ministerio de Seguridad de la Nación pidió juicio político a un juez de Rosario

Germán de los Santos

[email protected]

Corresponsalía Rosario

La Dirección Nacional de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, presentó ayer a la tarde en la Corte Suprema de Justicia de la provincia un pedido de enjuiciamiento contra el juez José Luis Suárez, a quien acusan en un documento que tiene 40 páginas de “ignorancia manifiesta del derecho” y “carencia de aptitud” para ejercer el cargo de magistrado.

Suárez decidió el 11 de septiembre pasado anular la clausura sobre 23 desarmaderos que habían sido allanados el 20 de agosto pasado en el marco de un megaoperativo encabezado por la Gendarmería nacional y coordinado por los ministerios de Seguridad de la Nación y de Santa Fe, luego de una investigación que realizó la Fiscalía Regional de Rosario. Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación aclararon a este diario que ningún funcionario de esa cartera iba a ser declaraciones, aunque advirtieron que la decisión judicial que tomó Suárez generó “un gran malestar” en esa dependencia.

La denuncia que ingresó ayer a la tarde en las oficinas de la Corte Suprema de Justicia provincial en Rosario provocó malestar en los tribunales. Fuentes del máximo tribunal señalaron que lo que provoca cierta preocupación es que la denuncia se presenta después de que el magistrado falla en una causa, que incluso ayer mismo fue apelada por el fiscal de Delitos Complejos Eduardo Sorrentino, quien presentó un recurso contra la decisión de Suárez. Lo que cuestiona el Ministerio Público de la Acusación es que Suárez no tiene competencia para revocar una medida administrativa (como la clausura a los desarmaderos) que estableció la Dirección Nacional de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes, a cargo de Mariano Iglesias. Fuentes judiciales manifestaron a El Litoral que a simple vista, parece apresurado realizar un pedido de juicio político cuando la medida (del juez Suárez) estaba siendo apelada por la Fiscalía Regional de Rosario. “De alguna manera, el pedido de enjuiciamiento también condiciona a los camaristas que deben decidir si el fallo del magistrado está ajustado a derecho o no”, apuntaron.

El punto de vista del juez

Entre los argumentos que expuso el juez en el fallo sostuvo que era “arbitrario” mantener la clausura de los 23 desarmaderos “sin haber atribuido una conducta delictiva”. “El mantenimiento de esta clausura era arbitrario, porque el motivo por el que se habían clausurado era para preservar las autopartes y la documental que se había encontrado irregular, para que el fiscal pueda disponer de las autopartes”, señaló hoy a la mañana Suárez a los medios.

El magistrado insistió que en la audiencia que se realizó la semana pasada se resolvió “la cuestión de la clausura” de los desarmaderos y “no la habilitación de estos locales”.

En su momento, el fiscal regional de Rosario Jorge Baclini se mostró “sorprendido” por la decisión del juez, que calificó de “inédita”. Y advirtió que la clausura de los desarmaderos no fue una decisión judicial, sino medida administrativa que tomó la Dirección Nacional de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El procedimiento que se pone en marcha ahora es que los ministros de la Corte Suprema deben “correr vista” de la denuncia contra Suárez a la Procuración General de la Corte Suprema, a cargo de Jorge Barraguirre, en un plazo de tres días hábiles. Esta dependencia deberá evaluar si corresponde que la Justicia evalúe o no la denuncia presentada por la Dirección Nacional de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes. Si el cuestionamiento es avalado, se deberá conformar un tribunal de enjuiciamiento que según la ley Nº 7.050 deberá estar conformado por todos los miembros de la Corte Suprema, un diputado, un senador y un representante del Colegio de Abogados. Y el tratamiento del caso “es en secreto”.

La causa

Los cuestionamientos contra el juez Suárez surgieron después de que el magistrado levantara la clausura de 23 desarmaderos que fueron allanados por Gendarmería nacional. El megaoperativo se concretó el 20 de agosto pasado, en horas de la mañana, con un vasto despliegue de efectivos de todas las fuerzas federales y con el apoyo de un helicóptero en el que volaba el secretario de Seguridad, Sergio Berni. Los sitios allanados en forma simultánea se encontraban en Rosario y en varias localidades de la región, como Pérez, San Lorenzo, Piñero y Granadero Baigorria. En estos negocios, deseminados en los bordes de la ciudad se secuestraron unas 20.000 autopartes por un valor estimado según la Secretaría de Seguridad de las Nación de 60 millones de pesos. Se sospechaba que los repuestos secuestrados provenían del mercado ilegal, que se nutre del robo de autos, un delito que creció aquí en los últimos meses con el fenómeno de las entraderas, que -de acuerdo a datos de la Fiscalía Regional- se produce un promedio de más de una por día. Una particularidad que tuvo ese megaoperativo fue que no hubo ningún detenido.

Berni dio una conferencia de prensa, junto con el ministro de Seguridad provincial, Raúl Lamberto, y el fiscal de Delitos Complejos Sebastián Narvaja, donde consideró que las autopartes secuestradas estaban “manchadas con sangre”, porque tenían su origen en otro delito más grave como los robos, que en muchos casos terminan con personas asesinadas.

“El mantenimiento de esta clausura era arbitrario, porque el motivo por el que se habían clausurado era para preservar las autopartes y la documental que se había encontrado irregular, para que el fiscal pueda disponer de las autopartes”, dijo el juez.

 

Escrutinio

Dos días después de los allanamientos, el dueño de un local de venta de repuestos que antes era un desarmadero de la localidad de Pérez contó que unos 15 efectivos, que llegaron en cinco autos, “estuvieron varias horas revolviendo todo, pero no encontraron nada. Y hasta se metieron en mi casa, que está al lado. Dieron vuelta todo, hasta los remedios de mi señora”, relató Modesto O.

El comerciante dijo que cualquiera que está en el ramo sabe quiénes manejan los desarmaderos ilegales. “Sin moverme de acá sé quiénes son. Lo sabe la seccional, el Comando, y el jefe de Policía y me vienen a revisar un motor de auto modelo 1928. Que busquen donde tienen que buscar”, apuntó.

“Pero a mí me parece que la labor de los magistrados tiene que estar sometida al permanente escrutinio público, y el mecanismo de jury que es para revisar la actuación de juez tiene que ser algo más fácil de constituir o más fácil de llevar adelante”, agregó.