editorial

Promesas demoradas en Alto Verde

• Si el Estado no logra brindar seguridad en un barrio tan acotado, difícilmente pueda hacerlo en el resto de la ciudad de Santa Fe y en otras ciudades de la provincia.

A principios de septiembre, vecinos de Alto Verde se convocaron en la Plaza de la Paz, ubicada en la Manzana 2 del barrio, para presentar un Código de Convivencia. En él se abordan problemáticas fuertemente arraigadas en la zona, como los accidentes de tránsito -en la única calle que atraviesa el distrito-, la falta de higiene en los espacios públicos y, por supuesto, los constantes tiroteos entre bandas en pugna.

Tres semanas después, la gente del lugar observa la presencia policial masiva por las calles del barrio. Enhorabuena. Aunque hay que decir que lo hicieron con cierto retraso, porque antes de que arribaran a la zona delincuentes se balearon dentro de un colectivo de la Línea 13 y dispararon contra una camioneta de la Guardia Institucional Urbana de la Municipalidad.

En las últimas horas, el gobierno dispuso un “operativo de saturación” en algunas de las manzanas más violentas de Alto Verde. Intervinieron dos equipos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), otros dos de Policía Táctica y tres del Cuerpo Guardia de Infantería, con apoyo aéreo del helicóptero.

Casi al mismo tiempo, desde el Ministerio Público de la Acusación se advertía que no es posible pensar en una “militarización” del barrio.

Se sabe que el problema tiene raíces diversas y profundas. Sin embargo, habrá que decir que la respuesta por parte del Estado no llega con la premura que la situación amerita.

Hace meses que provincia y municipios decidieron que Alto Verde fuera uno de los barrios beneficiados por el Plan Abre, que consiste en una mayor presencia estatal a través de agentes sociales, educativos y de seguridad; acompañados por diferentes obras de infraestructura.

Los vecinos que desean vivir en paz aseguran que no están dispuestos a bajar los brazos. Sin embargo, el hartazgo, el desánimo y la impotencia son inevitables.

Funcionarios municipales salieron públicamente a marcar las diferentes responsabilidades que les corresponden a la ciudad y a la provincia. Dijeron que el municipio trabaja en el Código de Convivencia y la entrega de botones de alerta para los choferes de los colectivos que ingresan a la zona.

No obstante, recordaron que sigue pendiente la construcción de un destacamento policial. Y eso depende del gobierno provincial.

A esta altura de las circunstancias, a los vecinos poco les importa quién es el responsable de brindarles las respuestas que se tornan acuciantes. Lo que sí saben, es que demasiadas promesas siguen sin cumplirse.

Cuesta comprender cómo el Estado no logra garantizar cierto clima de seguridad y convivencia a un barrio en el que viven poco más de 10.000 personas, que tiene una sola calle de ingreso y egreso y que, además, está rodeado por agua, lo que dificulta las posibilidades que los delincuentes tienen para escabullirse.

Los que dirimen sus cuestiones personales a los tiros no son muchos. Todos los conocen, saben dónde viven, quiénes tienen cuentas pendientes entre sí y cuáles son los vendedores de drogas.

Si no es posible controlar un terreno tan acotado, difícilmente el Estado pueda garantizar seguridad al resto de la ciudad de Santa Fe y a otras grandes ciudades.

Sigue pendiente la construcción de un destacamento policial.