Reforma al Código Procesal Penal

De la redacción de El Litoral

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El presidente de la bancada de diputados provinciales del kirchnerismo, Darío Mascioli, propuso la modificación al artículo 219 del Código Procesal Penal, puesto en vigencia este año, para determinar que los autores de hechos delictivos que porten armas de fuego queden con prisión preventiva. “La práctica ha demostrado que las herramientas legales con las que cuenta la Justicia llevan a un plano de impunidad a quienes delinquen en forma reiterada o que usan armas de fuego al cometer un acto delictual, poniendo en una situación de riesgo a las víctimas”, señaló el legislador.

“Con preocupación vemos que, en hasta simples arrebatos callejeros, quienes han optado por el delito como medio de vida usan armas de fuego, generando estados traumáticos en las víctimas que son quienes tienen que razonar en un momento de tensión y evitar que la situación se desborde y termine resultando herido. Los vecinos nos están pidiendo leyes que los protejan y como legisladores no tenemos que perder de vista que, para que las normas se puedan cumplir y ser perfectas, tienen que ser aceptadas por la sociedad y hoy la sociedad no acepta que quien infringe las leyes de convivencia tenga más derechos que quienes son víctimas. Reformar el Código Procesal Penal sólo pretende dar la respuesta que nos piden nuestro convecinos, nuestra familia , las entidades intermedias, quienes sólo pretenden vivir en un ámbito de paz social”, argumentó Mascioli.

El cambio propuesto es al inciso a) del artículo 219 que regula la procedencia de la prisión preventiva. Mascioli postula que sea efectiva “si el hecho se cometió con arma de fuego, sin importar si la misma posee aptitud para el disparo o fuese de utilería y existen elementos de convicción suficientes para sostener su probable autoría o participación punible en el hecho investigado”.

Educación en cárceles

El diputado radical Juan Carlos Millet exigió al Estado provincial que aplique y ejecute el capítulo referido a educación en contextos de privación de la libertad que contempla la Ley Nacional de Educación y que en los establecimientos carcelarios se dicten clases para que los detenidos terminan la etapa primaria y secundaria.

Según el legislador, el índice de reincidencia supera el 30%, pero en aquellas cárceles donde se realiza la oferta educativa o de oficios la reincidencia de los reclusos que pasan por el sistema es de apenas 5%.

“Las estadísticas de las cárceles de Santa Fe señalan que los reclusos, en su inmensa mayoría, son jóvenes, que cerca del 80% no terminó la escuela primaria y que tampoco tiene oficio alguno. Es obvio que existe una vinculación directa entre la falta de educación y de oficio con el delito. La prueba la constituye el drástico descenso de reincidencias cuando estas mismas personas tienen acceso a la educación y a programas de capacitación. Es una obligación moral y material del Estado dotar a las cárceles de dispositivos educativos”, afirmó el legislador.

Acotó que hoy cada detenido le cuesta al Estado entre 12 y 15 mil dólares anuales. En Santa Fe, hasta 2012, había 1.947 condenados y 732 procesados en una población de 2.679 internos. “Si la educación fuera obligatoria en las cárceles y si logramos a través de esto un descenso de la reincidencia de un 35 % a un 5%, el ahorro sería de 14 millones de dólares anuales y lo más importante es que además se reduce la tasa de delitos y recuperamos ciudadanos”, sostuvo.

El radical advirtió que “la gente está convencida de que los jóvenes que van a la cárcel salen peor de lo que entraron. Tratemos entonces, de construir las herramientas para que salgan mejor. Debemos aprovechar que están presos para que accedan a este tipo de conocimientos que les permitan ser mejores ciudadanos. No es posible, que la enseñanza primaria y secundaria sea obligatoria para todos, mientras que en las cárceles no se garantice el cumplimiento de dicha obligatoriedad, aun cuando se sabe la trascendencia que ésta tiene para evitar la reincidencia”.