Rosario

Germán de los Santos

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La jueza de instrucción Alejandra Rodenas procesó con prisión preventiva a Emanuel Sandoval y el suboficial de la policía Pablo Espíndola por el atentado a la casa del gobernador Antonio Bonfatti el 11 de octubre del año pasado, cuando cerca de las 21 cuatro hombres en moto realizaron 21 disparos contra el frente de su vivienda del barrio de Alberdi, en Rosario. A la par la magistrada dictó la falta de mérito para Saúl Sánchez, Germán Ramírez y Manuel Martínez, quienes habían estado detenidos en un principio y desde hace un tiempo gozaban de libertad. En el fallo, al que tuvo acceso El Litoral, la jueza Rodenas señala que a Emanuel Sandoval, conocido como Ema Pimpi, fue procesado por “el delito de amenazas agravadas por el anonimato y uso de arma de fuego, abuso de armas y daño”. Sandoval fue detenido en noviembre pasado en un altercado menor que se produjo en el shopping Portal Rosario, en la zona norte de la ciudad.

La magistrada procesó a Pablo Espíndola, un policía que se desempeñaba en la seccional Nº10 de Rosario, que tiene jurisdicción en la casa del gobernador, “por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento agravado en calidad de autor”.

Espíndola fue arrestado el 5 de diciembre pasado. Este suboficial que se desempeñaba en la seccional 10º empezó a ser investigado luego de que el 25 de octubre de 2013 llegaran a los Tribunales y a los medios de comunicación anónimos que indicaban que en la comisaría 10º estaba el arma con la que se había atentado contra el gobernador. La TOE hizo un allanamiento en la seccional y en un patrullero que estaba estacionado en la puerta encontró una pistola 11.25. Pero luego de que se realizaran los peritajes, se comprobó que esta arma no era la que se usó la noche del 11 de octubre.

Los investigadores empezaron a sospechar que los anónimos fueron una maniobra de despiste. Por orden de la justicia se incautaron computadoras y celulares de todos los efectivos que cumplían funciones en esa dependencia policial. Y a partir de ese momento empezaron a aparecer vinculaciones de Espíndola con un grupo violento de la zona norte de Rosario, que estaba liderado por Ema Pimpi. Este grupo que se autodenomina “Generación 2000” se dedica a “apretar” gente a cambio de dinero.

Los móviles

En el fallo, la magistrada se refiere a los posibles móviles del atentado al gobernador. Y lo “circunscribe” a un problema en la seccional 10º. “Los móviles que habrían animado el accionar de los imputados parecerían diluirse en una serie de hechos específicos y territoriales contra quienes persuadidos de la gravedad de los hechos acontecidos en la zona con el comisario Ronald Cuñé y el inspector de zona Bengoechea inician una tarea vinculada a la erradicación de los episodios de conflicto, a resultas de la cual se sucede el atentado al gobernador en vano intento de sostener influencias en la zona”, asegura Rodenas.

La jueza agrega que en el pliego de preguntas que respondió Bonfatti, el gobernador “circunscribe la hipótesis de los hechos a la gestión gubernamental en contra del crimen organizado extraño a las claras coincidente con lo manifestado por el comisario Cuñé. En la resolución que se dio a conocer hoy al mediodía, Rodenas señala que una parte de la causa, en la que figuran escuchas telefónicas entre los presos Germán Almirón (policía de la División Judicial de la URII) y Aaron Treves, fueron remitidas a la Justicia federal. El juez federal Carlos Vera Barros fue quien había enviado esos documentos a la jueza para que investigara si había alguna conexión con el atentado a Bonfatti, porque en la charla que mantienen los reclusos hablan del ataque al mandatario provincial.

“En cuanto a las escuchas que en su oportunidad fueron remitidas por el juez Carlos Vera Barros, del juzgado federal Nº3, las mismas si bien reproducen varias conversaciones ninguna de ellas alcanza el grado de verosimilitud que arroje consecuencias positivas en torno a la dilucidación del hecho que nos ocupa. En efecto el contenido de las mismas no excede el cuadro de una especulación que incluso, trasciende el objetivo de la presente investigación, y roza aspectos, o que están siendo investigados en otras causa o no son de competencia de la justicia provincial, en tanto aluden a amenazas que habrían sido objeto funcionarios del Poder Ejecutivo provincial o una posible contribución económica a la campaña del gobernador en las últimas elecciones”, detalla Rodenas.