editorial

• Los indicios sugieren que los cuarenta y tres estudiantes mexicanos fueron asesinados.

Los estudiantes desaparecidos en México

Los indicios sugieren que los cuarenta y tres estudiantes mexicanos desaparecidos fueron asesinados. Los familiares alientan alguna esperanza, pero tal como se presentan los hechos, los márgenes para un desenlace feliz, es decir la aparición con vida de los jóvenes, prácticamente se han esfumado. En cualquier parte del mundo -del mundo civilizado, se entiende-, un crimen de estas características indigna a la sociedad y pone en jaque a un gobierno.

En el caso que nos ocupa, todo se agrava, porque lo sucedido no es obra exclusiva del narcotráfico, sino una maniobra conjunta entre funcionarios políticos municipales y sicarios. Como se sabe, los estudiantes fueron detenidos por la autoridad pública y entregados a los criminales. ¿Motivos? Suponían que la movilización estaba dirigida contra el gobierno local. Esto quiere decir que a un episodio habitual en cualquier democracia que merezca ese nombre, en esta localidad del Estado de Guerrero lo resolvieron masacrando a los manifestantes.

Como cruel ironía de la historia, los jóvenes se preparaban para viajar al Distrito Federal y recordar la masacre estudiantil de 1968 en la plaza de Tlatelolco, ocurrida en 1968. En aquel momento, las fuerzas uniformadas dispararon sin contemplaciones contra los manifestantes. Ahora, lo ocurrido representa una singular vuelta de tuerca. Esta vez no se reprimió a los manifestantes, sino que se los detuvo; y con absoluta sangre fría, la fuerza pública entregó a los detenidos a los sicarios.

La situación política del presidente Peña Nieto ha quedado muy comprometida. La propia estructura del partido gobernante, el PRI, está involucrada. Las movilizaciones callejeras en las diferentes ciudades de México, las protestas políticas de la propia sociedad civil demuestran que, a pesar de todo, la mayoría de los mexicanos no está dispuesta a ser gobernada por una siniestra alianza entre políticos corruptos y narcotraficantes.

El drama de todo esto es que lo sucedido en Guerrero demuestra que la violencia criminal no sólo actúa en complicidad con la política, sino que opera entre las instituciones municipales consideradas por los autores clásicos como las verdaderas células del orden democrático.

¿Qué ocurre si estas células están infectadas por la corrupción y el crimen? A este interrogante debería responder en primer lugar Peña Nieto, respuesta que -dicho sea de paso- es difícil de esperar ya que hasta el momento, y más allá de algunas consideraciones formales, se ha limitado a guardar silencio con la esperanza de que baje la ola de indignación.

Mientras tanto, las protestas se hacen oír cada vez con más fuerza y los periodistas -otras víctimas preferidas del narcotráfico- han denunciado que el presidente de la Nación no está en condiciones de explicar dónde obtuvo recursos para ser propietario de una casa evaluada en más de diez millones de dólares. Tampoco puede responder acerca de sus relaciones “privilegiadas” con empresas favorecidas durante su anterior gestión como gobernador. En síntesis, demasiadas preguntas sin respuestas por parte del presidente de un país en el que, en los últimos diez años, el narcotráfico ha asesinado a más de setenta mil personas.

La situación política del presidente Peña Nieto ha quedado muy comprometida. La propia estructura del partido gobernante, el PRI, está involucrada.