En la Cámara de Apelaciones

De la Redacción de El Litoral

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La Cámara de Apelación Penal de Santa Fe confirmó parcialmente el procesamiento para tres ex policías que habían sido detenidos el año pasado, tras descubrirse que habían participado de un procedimiento ilegal, en el que detuvieron a dos menores de edad y a cambio de su libertad se quedaron con un importante botín producto de un robo.

La resolución dictada el 20 de octubre y que lleva la firma de los camaristas Martha Feijoó, Jaquelina Balangione y Roberto Reyes, no sólo convalida en gran parte el procesamiento de primera instancia, sino que agrava la calificación legal empleada.

Los imputados son tres miembros del Comando Radioléctrico del departamento La Capital, que el 3 de abril de 2013, cuando apenas habían pasado 5 minutos de la medianoche, interceptaron a dos menores de edad en las calles Manuel de Azcuénaga y San José. En poder de los chicos secuestraron aproximadamente U$S 43.000, un estuche con alhajas y una computadora portátil marca Toshiba” y al enterarse de su origen ilícito, lejos de formalizar el procedimiento, los trasladaron en el móvil Nº 5076 hasta una zona -José Cibils al 3400- donde les exigieron que abandonaran el botín a cambio de la libertad.

En Reconquista

Un día antes, la policía de Reconquista había comenzado actuaciones para identificar a los presuntos autores de un cuantioso robo en esa jurisdicción que terminó por identificar a los dos jóvenes caídos en desgracia en el departamento La Capital. Según relataron los acusados del robo en el Juzgado de Menores de Reconquista, el robo fue perpetrado el 2 de abril de 2013 -joyas, notebook y unos U$S 43.000- los que posteriormente, tras viajar en un colectivo de línea hasta la capital provincial, “fueron apropiados por tres policías que en un móvil los interceptaron y desvalijaron, soltándolos sin aviso del procedimiento”. La declaración de los jóvenes dio lugar a la intervención de la Unidad Especial de Asuntos Internos delegación Zona Centro-Norte y por consiguiente a la intervención de la Justicia ordinaria.

El 18 de abril, es decir 15 días después de ocurrido el hecho, se ordenaron varios allanamientos, los que permitieron recuperar gran parte de los objetos sustraídos.

Allanamientos

El juez de Instrucción Tercera, Luis Octavio Silva, ordenó allanar los domicilios del cabo 1º Alfredo Ricardo Méndez (47), y los suboficiales Andrés Darío Martínez (28) y Carlos Jesús Cabrera (24), de los cuales dos confesaron el hecho ante la evidencia en su contra.

Desde la vivienda de Martínez se incautan cadenitas, aros y un anillo; desde la de Méndez, la Notebook Toshiba, estuche conteniendo un par de aros, cadena de oro, anillo de plata y pulsera plateada, una moto nueva marca Zanella y otra marca Yamaha y otra marca Honda, muebles nuevos, un contrato de compraventa inmueble y otra documentación, un celular Blackberry y otro Samsung; y desde la casa de Cabrera, una Notebook Toshiba y $ 90.000 en dinero efectivo.

Pero previamente, fue la Central de Emergencias 911 la que indicó que la única Unidad Policial que circuló y se detuvo en ese punto de la ciudad -Azcuénaga y San José- fue el móvil Nº 5076 del Comando Radioeléctrico. Asimismo con el Libro de Guardia de Comando se determinó el personal asignado a ese móvil y de la Comisaría 26º de URI.

Para el juez Silva, “la aparición en poder de dos de etos preventores de algunos elementos provenientes del robo originario perpetrado en Reconquista y el nivel desproporcionado de gastos en ese lapso o liquidez atesorada, revela inexorablemente que los miembros de la patrulla en servicio se apropiaron y repartieron el botín que detentaban los menores, incumpliendo además sus obligaciones funcionales persecutorias”.

Segunda instancia

Por ende el magistrado procesó a Méndez, Martínez y Cabrera el 12 de junio del año pasado como “presuntos coautores de los delitos de concusión, violación de los deberes de funcionario público, incumplimiento de la obligación de promover la represión delictiva y privación abusiva de la libertad”. Y si bien hizo lugar a la excarcelación solicitada por la defensa, estableció una “prohibición de acercamiento o contacto extrajudicial con los menores y las víctimas del robo”.

No conformes con el fallo de primera instancia, el fiscal Nº 2 apeló, manifestando su desacuerdo con el cese de la prisión preventiva; y la querella, representada por las víctimas del robo- reclamó una figura más gravosa para los uniformados.

Una vez escuchadas las partes, los camaristas analizaron las diferentes posturas y a través del voto de la Dra. Feijoó al cual adhirió en todo la Dra. Balangione, la Cámara Penal resuelve “confirmar en lo principal el procesamiento apelado, modificándolo en la calificación legal que se establece en privación abusiva de la libertad en dos oportunidades en concurso real y extorsión todo en concurso real”. Asimismo confirmaron la continuidad del proceso con los imputados en libertad, tal como lo resolviera el juez de primera instancia.|

Contrapuntos

Para el fiscal de Cámaras “los tres funcionarios policiales valiéndose de su investidura llevaron a cabo actos de gravedad que lesionan intereses particulares de los menores que sufrieron el despojo y también afectan a toda la comunidad por la desconfianza que genera el accionar delictivo de los que son destinados a protegerla”. También sostuvo que en caso de ser considerados culpables la pena no sería de cumplimiento condicional, sino efectivo y que por su calidad de funcionarios “podrían obstaculizar la recolección de pruebas”.

Por su parte la querella cuestionó la calificación legal, ya que sobre el delito de concusión, éste habría sido “calificado” dado que los policías emplearon “la modalidad de intimidación”. A su vez pide la aplicación de la figura de “encubrimiento agravado” cuya escala penal va de 1 a 6 años de prisión lo cual agrava la situación legal de los policías.

A su turno, la defensa de Méndez atacó los argumentos del fiscal diciendo que “no ha demostrado cuál es la conducta peligrosa” que imposibilita que su pupilo atraviese el proceso en libertad por lo que solicita que se rechacen los agravios. Lo mismo dice la defensa de Martínez para el cual “resultan infundados los argumentos del titular de la acción penal”. A propósito del pedido de la querella descartó que pueda atribuirse a Martínez el delito de “encubrimiento” dado que “existe un principio básico de que nadie puede encubrir su propio delito, quien es autor de concusión no puede serlo de encubrimiento y viceversa”. Y por último la defensa de Cabrera criticó la postura del fiscal como “abusiva, lesiva, arbitraria y discriminadora” en tanto utiliza como fundamentos del peligro de fuga “la desconfianza social”.