Aníbal Fernández defiende al titular del Ejército

La Casa Rosada no cree que Milani pueda ser procesado

Están en foco la desaparición de un soldado durante la dictadura militar y el llamado a indagatoria del titular del Ejército. El gobierno defiende a Milani, que recibe críticas aun de una parte del oficialismo.

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El jefe del Ejército, César Milani, junto al ministro de Defensa de la Nación, el santafesino Agustín Rossi.

Foto: DyN

 

De la redacción de El Litoral

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El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, afirmó que si todos los elementos que vinculan al jefe del Ejército, César Milani, a delitos de lesa humanidad son los que están actualmente en los expedientes judiciales, “no hay nada que dé pie al magistrado para un procesamiento” en contra del militar.

El ex senador confirmó que no ha cambiado la posición del gobierno en su afirmación de que se pasaría a retiro a Milani si fuera procesado por la Justicia en las causas en las que se lo investiga por violaciones a los derechos humanos.

Fernández defendió la designación del teniente general al frente del Ejército, al manifestar que leyó “hasta los puntos y las comas” de su pliego y no encontró nada que reprocharle: “Lo defendí en la comisión, en el recinto y lo volvería a hacer”, subrayó.

“Si todos los elementos que hay son los que yo vi en los expedientes judiciales no hay nada que dé pie al magistrado para un procesamiento”, enfatizó Fernández.

Sobre críticas de oficialistas

El funcionario eligió el diario Página 12 para responder a las críticas que -dentro del kirchnerismo- le propinó Horacio Verbitsky (uno de los columnistas del matutino) al militar.

En un reportaje que publica hoy el diario oficialista, consultado sobre las advertencias de organismos que no pueden ser tachados de anti K como el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), el funcionario respondió: “Las observaciones han sido bien intencionadas”. Y luego advirtió: “En algunos casos tenemos un pensamiento común y en otros no”.

Milani ha sido llamado a indagatoria por su presunta participación en la desaparición de un soldado, durante la última dictadura. Fernández aclaró que si lo procesaran “ya hay dos antecedentes bien claros: una vez dictaron el auto de procesamiento al almirante (Jorge) Godoy y la presidente (Cristina Fernández) lo pasó a retiro y lo mismo sucedió con el general (Roberto) Bendini”.

Agregó que seguramente, de ocurrir esa posibilidad, en la que no cree la Casa Rosada, la presidente actuaría “de la misma manera”, tal como anticipara tres días atrás el jefe de Gabinete Jorge Capitanich.

Sobre Boudou

El periodista Sebastián Abrevaya preguntó a Fernández si no corresponde que “la presidente le pida la renuncia a Amado Boudou, que está procesado en la causa Ciccone, entre otras”. El funcionario respondió: “Fue electo por la voluntad popular. Cuidado con eso. ¿Hasta este momento, hay algún elemento que le impida ejercer el artículo 57 de la Constitución que dice que él es el presidente natural del Senado? No. La oposición ha querido hacer valer el artículo 66 de la Constitución, pero ese artículo habla de senadores, y el vicepresidente es un miembro del Poder Ejecutivo. En este caso, si pudiera llevarse a la práctica un juicio político, se presentaría un juicio político. Son dos cosas muy distintas”.

También el periodista le preguntó al secretario general de la Presidencia por las habitaciones del hotel de la presidente que alquiló Lázaro Báez y nunca fueron ocupadas. “Vos -respondió Fernández- podés alquilar una, dos, tres habitaciones o podés alquilarle el hotel entero a un tercero que lo explote. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde dice que no se puede hacer eso? En ese caso, ¿me tiene que preocupar a mí si el que lleva a la práctica ese fondo de comercio tiene una, dos, tres, todas o ninguna de las habitaciones ocupadas? No”.

Pero el periodista insistió: “El punto es que si nunca fueron ocupadas podría entenderse como una suerte de ‘devolución de favores’...” Y Aníbal Fernández replicó: “Con ese criterio no podrías comprar pan para la presidente porque si viene con un mignon de más es porque era para la presidente. Por poner el ejemplo más burdo. Yo no soy el contador de la presidente, pero no veo que haya ninguna irregularidad”.

La presidente con actividad reducida

Luego de fracturarse el tobillo izquierdo, Cristina Fernández de Kirchner permanecerá con actividad reducida entre veinte y treinta días como mínimo, según coincidieron especialistas médicos y funcionarios del gobierno.

De hecho, la mandataria canceló la agenda de reuniones que tenía planificada para los próximos días hasta fin de año. Mañana, por ejemplo, tenía previsto reunirse con la cúpula de la CGT oficialista, pero suspendió el encuentro. “La presidente no va a permitir que la vean en silla de ruedas”, reflejaron fuentes oficiales.

Cristina permanecerá en la residencia de Olivos hasta que se recupere. Según prescripción médica, deberá tener reposo absoluto durante las primeras 48 horas desde que recibió tratamiento médico en el sanatorio Otamendi, ayer cerca de la medianoche.

Además, la jefa del Estado borró los tuits en donde promocionaba obras en el Hospital Regional de Río Gallegos. La presidente había celebrado en noviembre que el centro de salud “atenderá trastornos de traumatología general”.

Cristina debió atenderse en el Otamendi y ahora se encuentra recuperándose en la quinta de Olivos, según informó la Unidad Médica Presidencial.

El dato

Hotesur y una falsa deuda

La presidente incluyó en sus últimas dos declaraciones juradas de bienes una deuda de Hotesur por $ 327.025 con la empresa Panatel, del holding multirubro de la familia Relats (una de las sociedades que alquila habitaciones en uno de los hoteles K de El Calafate, llamado “Los Sauces”). Sin embargo, esta semana la firma Panatel, por escrito, informó al juez Claudio Bonadio que no es acreedora de los Kirchner.

Según las declaraciones juradas de Néstor y Cristina, hoy la familia Kirchner es diez veces más rica que cuando llegó a la Casa Rosada.

De Pérez Esquivel y Fernández Meijide

Más voces se pronuncian contra el teniente general César Milani, luego de que la Justicia avanzara en la causa en que se investiga la desaparición de Alberto Agapito Ledo, en Tucumán, en 1976. Políticos de distintas fuerzas y referentes de la lucha por los derechos humanos pidieron a coro la salida del jefe del Ejército. Mientras tanto, en el oficialismo sólo hubo silencio.

“El gobierno nacional debe pasar a disponibilidad a Milani por su difuso papel antes, durante y después de la dictadura”, dijo el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Graciela Fernández Meijide, integrante de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), apuntó a uno de los argumentos que utilizaron en el pasado para defender a Milani: su edad. El militar era un subteniente de 21 años cuando firmó el acta de deserción de Ledo, que cumplía el servicio militar en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141.

“Hoy hay gente de la misma camada que Milani (la 106 del Colegio Militar) que está presa y condenada como partícipe necesario (en crímenes cometidos por la última dictadura militar)”, dijo Fernández Meijide, en una entrevista radial.

“Las madres cuyos hijos desaparecieron donde él tenía una acción política tienen todo el derecho a que Milani sea investigado”, señaló.

El fiscal federal de Tucumán, Carlos Brito, elevó el pedido de llamado a indagatoria del jefe del Ejército ante el juez federal Daniel Bejas por la desaparición del soldado Ledo; el magistrado es quien ahora debe resolver el planteo.