Prorrogaron hasta diciembre el plazo para firmar acuerdos
La provincia terminará de pagar en 2015 los juicios de policías
- Los reclamos se originaron hace quince años por diferencias salariales. Hubo unas 20 mil presentaciones, aunque sólo lograron sentencia favorable 6.339 actores. De ellos, el 94% adhirió a los planes de pago propuestos por el gobierno en 2011. Muchos ya fallecieron.
Inicialmente, se estimó una erogación de sesenta millones de pesos para pagar los juicios iniciados por unos veinte mil policías. Foto: Archivo El Litoral
Ivana Fux
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Mediante el Decreto 192 del 28 de enero, el Poder Ejecutivo prorrogó hasta el próximo 31 de diciembre de 2015 la vigencia del Procedimiento de Conciliación que pretendía saldar, a través de acuerdos individuales con los interesados, las deudas salariales contraídas con personal policial de la provincia y originadas, esencialmente, en la Ley 9.561 (ver aparte). Se trata de reclamos históricos del sector, que derivaron en presentaciones administrativas y judiciales.
La nueva prórroga fue solicitada por la propia Fiscalía de Estado en virtud de que se han presentado hasta el momento 5.819 adhesiones sobre un total de 6.339 empadronados, es decir, que sólo restarían 520 adhesiones. De ellos, según plantea el decreto, “muchos ya han efectuado liquidación de la acreencia en el sistema informático. Y algunos de los representantes de los policías reclamantes -se explica también en los considerandos- han solicitado que se prorrogue la vigencia del procedimiento, principalmente en orden a las dificultades derivadas del número importante de reclamantes fallecidos”.
Según consta en dicha herramienta legal, en estos casi cinco años de instrumentación de los mecanismos de conciliación, el “94,13%” aceptó acordar. Sobre esa misma base de “amplio grado de aceptación alcanzado” es que se argumenta en el decreto el pedido de prórroga del procedimiento conciliatorio, a fin de “no frustrar los objetivos y permitir la incorporación de nuevos adherentes, extinguiendo los procesos judiciales y resolviendo paulatinamente el cúmulo de expedientes administrativos en trámite”.
Procedimiento
En diálogo con El Litoral, Juan Pablo Cifre, fiscal adjunto de la Fiscalía de Estado de la provincia, recordó que estos juicios, “heredados de gobiernos anteriores”, llevan ya entre “quince y veinte años”. Y explicó que en 2011 -durante la gestión de Hermes Binner-, se decidió instrumentar un mecanismo de conciliación para pagar esas demandas.
“La liquidación era masiva; teníamos muchos reclamantes, pocos abogados y mucho dinero en juego. El número total de actores con sentencia o posibilidades de obtenerla para 2011 era de 6.339, pero reclamantes eran unos veinte mil”, recordó. Cifre explicó que “no todos los planteos eran admisibles, por eso no prosperaron. Muchos fueron rechazados por prescripción o inadmisibilidad”.
A partir de allí se diseñó un instructivo informático para entablar los acuerdos de pago en cuotas, y se exigió la firma del interesado. “Eran muchas las demandas, pero pocos los estudios de abogados -insistió-, por eso necesitábamos que el interesado supiese cuánto pagábamos y cuándo”.
De esos 6.339 reclamos con sentencia, 5.826 firmaron los acuerdos y comenzaron a cobrar. “Ahora -dijo Cifre-, se están terminando de pagar esos juicios, porque el plan era justamente de cinco años. Si no cobraron todo, terminan de cobrar en estos días. Se trata del 94,13% de los reclamantes”, planteó.
Pendiente
Según los datos de Cifre, restan definir unos 520 casos. Pero precisó que en rigor, habían adherido al sistema el 97,22% de los reclamantes, aunque -como se dijo- firmaron acuerdos el 94,13%.
“Esto quiere decir que hay alrededor de 300 personas que no han cobrado pero no porque no tuviesen voluntad de hacerlo, porque incluso se registraron en el sistema informático. Pero a veces no se encuentra al titular o fallecieron, o hay problemas de sucesión. Entonces, queda ese grupo que manifestó decisión de acordar pero no apareció nunca a cobrar (de allí la razón de la prórroga), y unas 250 personas que no se presentaron a firmar el acuerdo, pero no porque lo rechazaran, sino porque directamente no se registraron”, relató. El funcionario enfatizó que no tuvieron “un solo planteo de rechazo expreso” de los acuerdos, por lo que estimó que esas 250 personas corresponden también a policías fallecidos, que no tuvieron sucesores o que no se enteraron.
Cifre recordó que inicialmente la cifra estimada por el Estado a erogar por estos juicios era de “sesenta millones de pesos”.
El origen de los reclamos
La mayoría de los reclamos iniciados contra la provincia surgió a partir de la Ley 9.561, de 1991, que establecía el pago de una serie de suplementos salariales al personal policial. Los efectivos entendieron que el Poder Ejecutivo no había instrumentado la norma correctamente, porque convirtió ese ítem en no remunerativo.
“Primero, fue un conflicto iniciado por un grupo de uniformados, un centenar, que decidió ir a la Justicia -relató Cifre-, pero eso después se fue espiralizando porque entre 1995 y 1996 se dictó una sentencia de amparo que hizo lugar al recurso presentado. Eso les permitió ganar una suma realmente importante de dinero a esos policías, y a partir de allí, se empezó a sumar el resto, y terminaron reclamando todos. A punto tal que en 2007/2008, los cadetes recibían un formulario de parte de alguna agrupación sindical para que hiciesen el reclamo”, graficó.
