La cláusula es recíproca

Crece la polémica por eventual arribo de trabajadores chinos

  • El reciente acuerdo con el gigante asiático permite que las empresas chinas que se radiquen en territorio argentino puedan traer mano de obra de su país.
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Cristina en Pekín, a comienzo de mes, cuando suscribió nuevos acuerdos con aquella nación. Fue recibida, entre otros, por el presidente del parlamento chino, Zhang Dejiang.

Foto: Archivo El Litoral

 

De la redacción de El Litoral

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DyN

El secretario general del gremio de la Sanidad y diputado del Frente Renovador, Héctor Daer, expresó hoy su “gran preocupación” por el acuerdo firmado por la presidente Cristina Fernández con su par Xi Jinping, al advertir que empresas chinas que lleguen a la Argentina podrán traer trabajadores bajo la legislación de su propio país.

El sindicalista aseguró que esa cláusula es recíproca, pero calificó de “absurdo” pensar que una empresa argentina pueda instalarse en China y llevar trabajadores argentinos. “El artículo 6 (del acuerdo) habla de que cada uno va a tener para sus trabajadores la legislación propia. Es decir que pueden traer trabajadores chinos bajo legislación china. Esto genera conmoción y una gran preocupación”, señaló.

En declaraciones a Radio Continental, Daer aseguró que esa situación se parece a “cuando (el ex ministro de Economía Domingo) Cavallo ponía como ejemplo a Corea por su flexibilización laboral”, y sostuvo que con el acuerdo se está “importando un modelo social que es muy diferente al nuestro”.

“Si son migrantes, y vienen y trabajan con la legislación argentina no habría problemas. Argentina en eso es muy generosa. Lo que no podemos hacer es que vengan trabajadores y sean trabajadores de segunda porque van a destruir el mercado argentino”, agregó.

Daer aseguró también que el acuerdo “es una vaguedad” porque habla de “consensuar en cada caso”, por lo que “deja abierta las puertas a las imposiciones, y cada vez que nuestro país tiene necesidades, las imposiciones para el gobierno de turno son tremendas”.

“Es bueno que tengamos un acuerdo con China, lo que no podemos es perder la dignidad en el camino”, expresó el sindicalista, y puso como ejemplo a Nigeria, “que terminó con 280 mil chinos adentro” tras acordar con aquel país.

Por último, el legislador massista afirmó que el acuerdo “es por sobrevivir ocho meses y tener ingresos de divisas”, y aseguró que “lo que no se entiende es que este gobierno no quiera consensuar con todas las fuerzas políticas un convenio que va a tener instrumentación con el gobierno que viene”.

Debe recordarse que por idéntico motivo, la Unión Industrial Argentina objetó los alcances del convenio marco. El ministro de Economía, Axel Kicillof, intentó tranquilizar a la UIA con una de sus acostumbradas frases desafortunadas: “La adjudicación directa y el personal son cláusulas que están en el acuerdo, pero no se van a aplicar”. La pregunta lógica que exhibieron los empresarios es “¿para qué se firmaron, entonces? ¿Y qué dirá nuestra contraparte ante esa audaz afirmación?”

Según se aseguró, en África ya hay 800.000 obreros chinos trabajando en proyectos de infraestructura. Además, el mecanismo de adjudicación directa a las empresas chinas puede terminar estimulando la corrupción, fenómeno extendido tanto en aquel país como en el nuestro.

 

La clave

Abrir la puerta

El convenio marco abre las puertas para la concreción de inversiones chinas en la Argentina, con la particularidad de que los proyectos que son financiados por el gigante asiático no tienen limitaciones de “compre nacional”, lo que abre la puerta a la importación indiscriminada de bienes que podría proveer la industria local. El gobierno recibió a la UIA para intentar bajar la tensión que generó en la entidad empresaria el acuerdo que sólo defiende el titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos, Juan Carlos Lascurain, de estrecho diálogo con el gobierno.

Parque eólico en Chubut

Las promesas de inversión que empujan capitales provenientes de China ya llegaron también a Chubut, con un proyecto que contempla la futura construcción del parque eólico El Angelito, en las localidades de la meseta central de esta provincia, golpeadas por la caída de la actividad agropecuaria y un demorado debate para la instalación de proyectos mineros.

Después de una reunión del gobernador de Chubut, Martín Buzzi, con el ministro de Planificación de la Nación, Julio de Vido, se anticipó para este emprendimiento una inversión de 435 millones de dólares que levantarán los molinos, lo que aportará 200 megawatts de energía al sistema. La obra tiene un plazo de dos años y obligará a la contratación de empresas de esta región.

“La construcción del parque eólico El Angelito alienta mucho al sector metalmecánico de nuestra región, porque el acuerdo contempla que se trabaje con empresas locales”, explicó el ministro de Infraestructura de la provincia, Maximiliano López, que acompañó a Buzzi durante el encuentro.

López valoró que “la generación de empleos es algo muy importante, y que tengamos más y mayor energía está poniendo a la provincia en un nivel superior que nos permite seguir planificando el crecimiento de manera ordenada”.

El proyecto Recalde

El presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Héctor Recalde (FPV), impulsa un proyecto de ley que apunta a favorecer la “estabilidad absoluta” en el puesto de trabajo de los empleados de las empresas privadas.

La iniciativa fue presentada en la Cámara Baja por Recalde el 20 de noviembre pasado y tiene giro únicamente a la Comisión de Trabajo, indicó Javier Fernández Verstegen, del estudio Brons & Salas.

“El proyecto no establece la estabilidad absoluta de los trabajadores, pero constituye un jalón en ese sentido, al regular los aspectos que surgen para los supuestos en que normas legales o convenciones colectivas de trabajo así lo establezcan”, explica Recalde en los fundamentos.

El articulado indica que “cuando por las leyes o las convenciones colectivas de trabajo se otorgue al trabajador la estabilidad absoluta, éste gozará de la garantía de la permanencia en el empleo, siempre que no mediare alguna de las causales que justifiquen su despido, o estuviese en condiciones de gozar de los beneficios de la seguridad social”.

“Esta garantía obliga unilateralmente al empleador, configurando la imposibilidad jurídica de extinguir por su parte el contrato de trabajo”, agrega.

Por medio del proyecto de ley “se pretende, una vez más, intentar establecer en el ordenamiento jurídico la incorporación de la estabilidad absoluta, que no es otra cosa que la imposibilidad del empleador de despedir al trabajador cuando no existiera una causa justificada”, comentó Lucas Tamagno, del estudio Allende & Brea.