Tribuna de opinión

Los ferrocarriles del Estado

Juan Carlos Zabalza (*)

La historia de los ferrocarriles en la República Argentina nos muestra el fracaso de determinadas formas de gestión que es necesario tener en cuenta para no reiterar los errores del pasado. Primero fue el esfuerzo nacional en la construcción de ferrocarriles que pasaron a ser manejados por el capital extranjero en su propio interés; luego, una correcta política de nacionalización que derivó en una estatización burocrática, y más recientemente la nefasta política de privatizaciones a través de concesiones sin ningún tipo de control.

El socialismo entiende la necesaria defensa de los ferrocarriles como servicio público en manos de la Nación con participación en la administración y control de los trabajadores y técnicos, los usuarios y el Estado, tanto el nacional como los provinciales, a fin de otorgar una mirada federal.

Desde la banca de Alfredo Palacios pidiendo la nacionalización del servicio que estaba en manos de los ingleses, hasta la más reciente y casi solitaria oposición a las políticas neoliberales del menemismo, nos hemos ubicado, sin mezquindades, del lado de la Nación y del pueblo argentino.

En los casi 12 años que lleva este gobierno, en materia ferroviaria, se ha mantenido la misma estructura legal puesta en marcha en los 90, esto es, el Estado otorgando a los privados la administración y el control de los ferrocarriles, abonándose cuantiosos subsidios a la oferta sin exigirle el cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento y buen servicio. Sólo luego de hechos gravísimos, como fueron la tragedia de Once, el asesinato de Mariano Ferreyra y el procesamiento por corrupción de Jaime y Schiavi, el gobierno tomó alguna medida, siempre a medias.

La ley de creación de Ferrocarriles del Estado Sociedad de Estado, que se acaba de votar en la Cámara de Diputados de la Nación, si bien sigue manteniendo la política de concesiones, apunta a otorgar al Estado el control del sistema ferroviario, lo que constituye la posibilidad de revertir la política de entrega que caracterizó los últimos años.

Este proyecto puede constituirse en una señal para comenzar a resolver los principales problemas que hoy aquejan a los usuarios, esto es la calidad del servicio, el mantenimiento y construcción de la infraestructura y del material rodante y la permanencia de concesiones que han mostrado enorme ineficacia e ineficiencia.

Los socialistas hemos apoyado la ley en general, y nos hemos opuesto a que el Congreso le otorgue al Ejecutivo un “cheque en blanco” para que renegocie, rescinda o modifique los contratos de concesión. La Auditoría General de la Nación, en varios de sus medulosos informes, nos ha mostrado cómo la falta de control del Estado a los concesionarios ha sido una de las principales causas del deterioro del sistema y de la pérdida de muchísimas vidas.

Para comenzar a revertir los daños que nos han dejado años y años de desmanejo estatal, consideramos indispensable poner en marcha una política ferroviaria integrada, federal, abierta, participativa y transparente. Por ello proponemos también la creación de un Consejo Federal compuesto por las provincias que necesitan del ferrocarril no sólo para transporte de personas, sino también para fomento de las economías regionales.

Frente al fracaso de los sistemas puestos en marcha hasta ahora, que sólo tuvieron en miras el interés de determinados sectores, los socialistas levantamos las banderas de un ferrocarril al servicio de la gente.

(*) Diputado nacional por Santa Fe (PS)

Los socialistas hemos apoyado la ley en general, y nos hemos opuesto a que el Congreso le otorgue al Ejecutivo un “cheque en blanco” para que renegocie, rescinda o modifique los contratos de concesión.