editorial

 
  • Con la nulidad de la lista de conjueces, la Corte bloqueó la posibilidad de que el gobierno se fabrique una mayoría propia en el Tribunal.

Marcando los límites

 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó en la última semana dos trascendentes decisiones que, aunque tienen distinta naturaleza, han tenido impacto político y forman parte del mismo entramado: la declaración de nulidad de la lista de conjueces votados por el Senado para suplir a los ministros del Tribunal, y la reelección anticipada de Ricardo Lorenzetti como presidente hasta 2016.

Ambas decisiones tienen respaldo jurídico, institucional o administrativo. No obstante, resulta difícil obviar su correspondencia con los términos en que está planteada actualmente la relación con el gobierno nacional, y con la estrategia del kirchnerismo para el más alto nivel de la Justicia en lo que resta del actual mandato, y con miras al panorama que se abrirá con la asunción de nuevas autoridades.

La aprobación de la lista de conjueces, producida el 21 de mayo del año pasado, disparó en aquel momento la polémica por dos razones: la reconocida filiación kirchnerista o el perfil de simpatía con la actual administración que se advertía en el grueso de los integrantes de la nómina, y el criterio de mayorías aplicado por el oficialismo para sustentar la votación.

Precisamente, la oposición -que se negó a prestar acuerdo a la propuesta- blandió en aquella oportunidad el argumento de que era necesario el apoyo de dos tercios de los miembros del Senado presentes en la sesión, tal como exige la Constitución Nacional para los ministros de la Corte, habida cuenta de que los pliegos referían a candidatos específicamente seleccionados para actuar como suplentes en ese tribunal. A pesar de lo que arguya el gobierno, distinto es el caso de los presidentes de las Cámaras de Apelación, a quienes toca intervenir supletoriamente en primer término, en caso de apartamiento de los ministros. Si bien es cierto que para ellos no se exige la mayoría especial, esto es porque su función esencial es la de ser jueces de apelación (y no reemplazantes de la Corte) e incluso el carácter de presidente de Cámara sobreviene con posterioridad, por decisión de sus pares.

En el contexto actual, y ante la previsión de que el pliego de Roberto Carlés para ocupar la vacante dejada por Raúl Zaffaroni no tendrá respaldo parlamentario, se instaló la idea de que el kirchnerismo planeaba obtener preeminencia en la Corte por otra vía. Esto es: volver a llevar de cinco a nueve el número de integrantes -al modo que lo hizo Carlos Menem para propiciarse la oprobiosamente célebre “mayoría automática”- y, ante la previsible falta de consenso para ocupar los nuevos cargos, hacerlo con los conjueces.

El fallo de la Corte desbarata esta hipotética estrategia y cierra el paso a cualquier golpe de mano de ese tipo. De paso, el texto del pronunciamiento deja en claro el sentido del mensaje, con alusiones al mecanismo de “freno sobre el posible favoritismo presidencial” y a “impedir que prevalezcan intereses subalternos sobre el interés supremo de la Justicia”.

A mayor abundamiento, la Corte buscó despegarse también de especulaciones surgidas al calor del proceso electoral, y ya estableció la continuidad de Lorenzetti por dos años más, contados desde el vencimiento de su mandato en octubre.

Dos signos inequívocos de una tensión inocultable, tanto como la vocación de la cabeza del Poder Judicial por impedir que las embestidas del kirchnerismo, propiciadas por las urgencias del fin de ciclo, avasallen los límites que demarcan el campo de acción de los poderes de la República.

El mensaje del fallo resulta claro, con sus alusiones a “impedir que prevalezcan intereses subalternos sobre el interés supremo de la Justicia”.