Satisfacción y críticas

De la redacción de El Litoral

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Prensa UNL

El Observatorio sobre la Reforma de la Justicia Penal, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), presentó su primer informe denominado “La reforma de la Justicia Penal. Las voces de los defensores públicos”, producto de una de las líneas de trabajo que el Observatorio se dio desde septiembre de 2014, a partir de la configuración de su equipo de trabajo.

En este primer documento, se llevó adelante una serie de entrevistas semiestructuradas con los defensores públicos del centro y el norte de la provincia de Santa Fe (de las ciudades de Reconquista, Vera, San Cristóbal, San Jorge, Rafaela y Santa Fe), siendo ésta el área geográfica que el Observatorio pretende abarcar con sus diversas iniciativas de investigación.

A partir del diseño de un cuestionario sobre el proceso de implementación de la reforma de la Justicia Penal, la conformación del servicio de la defensa pública, las prácticas cotidianas de los defensores públicos y los problemas y obstáculos que enfrentan así como sobre percepciones y valoraciones más generales acerca de la cuestión criminal, el Informe presenta los principales datos empíricos producidos de acuerdo a las voces de los defensores públicos, rescatando, simultáneamente, sus consensos y disensos.

Percepciones

El documento se estructura en dos partes: la primera aborda las percepciones y opiniones sobre el proceso de implementación de la reforma de la Justicia Penal y la conformación y funcionamiento del Servicio de la Defensa Pública, que es una institución que nació del proceso de la Reforma.

“El servicio público de defensa tiene, en términos normativos, una cierta autonomía con respecto al resto de las jurisdicciones de la Justicia Penal y trata de brindarle la posibilidad a todos los ciudadanos de que se vean defendidos en un proceso penal en forma adecuada por un abogado pagado por el Estado, que es el defensor público. Como tal es una institución de la cual los propios defensores que trabajan en ella valoran, en este Informe, que viene funcionando positivamente, y creen que el proceso de constitución tanto en el plano normativo como organizativo ha sido el adecuado”, sostuvo el director del Observatorio, Máximo Sozzo.

El experto explicó que, además, “consideran que se está produciendo hoy un servicio de la defensa pública que es cualitativamente mejor que el servicio público que se ofrecía en la vieja Justicia Penal, pero por supuesto que también destacan algunos problemas hacia el interior de ésta como la ausencia de ciertos recursos humanos y materiales, la necesidad de contar con mejor infraestructura que facilite el acceso por parte de los ciudadanos y de tener mayor oferta de capacitación forjada al interior del servicio público de la defensa en cuanto a aspectos cruciales sobre la reforma de la Justicia Penal”.

Funcionamiento

En cuanto a la segunda parte de este primer Informe, se presenta una mirada más detallada acerca de cómo está funcionando la nueva Justicia Penal a través de las experiencias, percepciones y opiniones sobre las prácticas cotidianas. “Aquí, aparecen visiones por parte de los defensores públicos que no siempre son homogéneas, y nos encontramos con miradas muy críticas sobre aspectos que son importantes. Un ejemplo está dado por el problema de la prisión preventiva, que se trata de una medida cautelar al interior del proceso penal, que se debería utilizar excepcionalmente”, explicó Sozzo.

“En este caso, en el Informe, los defensores sostienen que hoy, en la provincia de Santa Fe, se está usando más de lo que se debería y que en general los fiscales piden prisión preventiva de forma muy automática sin necesariamente poder justificarla. Y si bien consideran, muchos de ellos, que son exitosos en tratar de evitar el abuso del uso de la prisión preventiva, coinciden en que se trata de un problema del nuevo proceso penal que en realidad reflejaría las viejas prácticas de la Justicia Penal precedente”, amplió.

Informes

Con respecto a la producción de informes que tiene previsto desarrollar el Observatorio, su director explicó que “uno de los déficits de los procesos de reforma en la Justicia Penal en América Latina ha sido justamente la producción de información y esto se ha traducido en muchos planos, pero uno que es muy llamativo en el caso de la provincia de Santa Fe es la ausencia de diagnósticos. O sea, se producen procesos de reforma guiados por ciertos principios, ciertas reglas acerca de lo que debe ser, pero esos procesos de reforma no tienen como punto de partida un diagnóstico acerca de cómo funcionaba la vieja Justicia Penal. De hecho hoy, en nuestra provincia, no podemos hacer cosas que serían elementales para evaluar un proceso de reforma como lo es comparar cómo funcionaba el último año de la vieja Justicia Penal con el primero de la nueva porque carecemos del diagnóstico previo que se debería haber hecho”.

Por su parte, el rector de la UNL, Albor Cantard remarcó que “el objetivo de este Informe era tratar de suplir una falencia que la mayoría de los sistemas penales tiene en la región: no contar con información válida y confiable, y en este sentido creo que a través del trabajo de nuestros docentes e investigadores esto se garantiza en gran medida. Cuando la Universidad se involucra en temas que son de interés público, lo hace con el personal más capacitado como es en este caso, y estamos seguros que el producto del trabajo va a ser de mucha utilidad”.

El Observatorio sobre la Reforma de la Justicia Penal continuará avanzando en esta dirección y en la elaboración de los próximos informes que darán cuenta de las perspectivas de fiscales y jueces penales.

Sobre el Observatorio

En julio de 2014, la FCJS crea el primer Observatorio sobre la Reforma de la Justicia Penal, con el principal objetivo de producir información válida y confiable acerca del proceso de implementación de la Justicia Penal Reformada, para contribuir a su monitoreo y evaluación.

A partir de esto, el Observatorio se propone generar un aporte a la construcción de un debate público fundado en el sector de las políticas de control del delito, a través de informes que suplan la insuficiencia de información veraz acerca del funcionamiento de estos nuevos dispositivos en la región.