Santa Fe podría adherir a una ley nacional

Escolaridad obligatoria para los presos

  • Millet logró la adhesión de la Cámara de Diputados a la Ley 26.695. Considera clave educar para bajar la reincidencia.

Mario Cáffaro

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La Cámara de Diputados avaló, por unanimidad, la adhesión de la provincia de Santa Fe a la Ley 26.695 que garantiza el derecho a la educación pública a todas las personas privadas de su libertad. “Si no se aprovecha el tiempo de privación de la libertad para revertir el alto índice de detenidos sin haber empezado la educación media, es imposible garantizar su reinserción en la sociedad” señaló el diputado radical Juan Carlos Millet, autor de la iniciativa, al momento de fundamentarla en el recinto.

Explicó que “cada establecimiento carcelario deberá establecer una racional distribución del tiempo diario para garantizar la enseñanza en los niveles obligatorios. La educación en contextos de privación de libertad es la modalidad del sistema educativo destinada a promover la formación integral y desarrollo pleno de quienes se encuentran en la cárcel”.

Detalló que los “informes oficiales señalan que actualmente más del 30 % de los reclusos reinciden, pero que en los establecimientos penitenciarios donde se realiza una oferta educativa o de capacitación laboral, la reincidencia baja a un 5 %. Es común escuchar que la cárcel actúa como una escuela en un sentido negativo, una escuela de delincuentes y esto muchas veces termina siendo así”. Agregó que “el 84 % de los presos no había empezado la secundaria al momento de ingresar a un penal y el 63 % no tenía oficio antes de ingresar a la cárcel. Es obvio que si no se aprovecha el tiempo de privación de la libertad para revertir esa situación es imposible garantizar su reinserción en la sociedad. Terminan reincidiendo, pero posiblemente con mayor desarrollo delictivo”.

La Ley 26.695 fue sancionada en agosto de 2011 y cambia algunos de los términos de la ejecución de la pena privativa de la libertad previstos en la Ley 24.660. Así establece que tanto el Estado nacional como las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “tienen la responsabilidad indelegable de proveer prioritariamente a una educación integral, permanente y de calidad para todas las personas privadas de su libertad en sus jurisdicciones, garantizando la igualdad y gratuidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones no gubernamentales y de las familias”.

Precisa la norma que “los internos deberán tener acceso pleno a la educación en todos sus niveles y modalidades” de conformidad con las leyes de Educación Nacional, de Educación Técnico-Profesional, de Educación Sexual Integral, de Educación Superior y toda otra norma aplicable.

Más adelante, la norma a la que busca adherir Santa Fe precisa que “todos los internos deben completar la escolaridad obligatoria fijada en la ley”.

Apoyo a un proyecto

Por otra parte, Diputados votó un proyecto de resolución presentado por la justicialista Marcela Aeberhart saludando el envío al Congreso del proyecto para determinar las actualizaciones anuales de las asignaciones familiares, especialmente la Asignación Universal por Hijo y por Maternidad y esperando la rápida sanción. “Ambas asignaciones son clave para garantizar la educación y la salud” afirmó la legisladora quien acotó que “es una fuerte política de Estado de inclusión social y combate a la pobreza”. Aeberhart informó que 262.000 chicos reciben la asignación en la provincia de Santa Fe, mes a mes.

Lo importante

Alquiler

  • El diputado Héctor Acuña pidió se remita a la Cámara el contrato de alquiler del local donde funciona el Ministerio Público de la Acusación en la ciudad de Cañada de Gómez ya que según él, la provincia estaría abonando 45.500 pesos mensuales. Al fundamentar el proyecto lo comparó con un inmueble aledaño -de menor superficie- pero que tiene un alquiler mucho más bajo.

Comparando montos y superficie, la provincia abonaría por el contrato casi 58 pesos por metro cuadrado y el particular menos de 5 pesos.

Volver al Cabildo

Con la firma del radical Santiago Mascheroni, pero con el acompañamiento de legisladores de diferentes bloques, la Cámara de Diputados pidió al Poder Ejecutivo que analice y disponga la reconstrucción del histórico Cabildo de Santa Fe “al menos la fachada y el salón capitular” que fue escenario de la firma de pactos y de reuniones de convenciones constituyentes. “Sería una reivindicación del edificio histórico, sede del gobierno santafesino de eventos de trascendencia nacional”, explicó el autor.

El texto aprobado sugiere al Poder Ejecutivo que constituya un consejo consultivo ad hoc para el cumplimiento del propósito y sugiere como lugar de emplazamiento al predio delimitado por las calles San Jerónimo, Entre Ríos, Uruguay y la avenida Illia.