editorial

Señales de alarma en el nuevo sistema penal

• El personal y la infraestructura resultan insuficientes ante la gran cantidad de delitos.

La implementación del nuevo sistema procesal penal en la provincia de Santa Fe representa un hecho positivo. En los escasos meses de funcionamiento del actual esquema, se han logrado avances considerables. La transparencia en el proceso judicial es, quizá, uno de los factores que merecen ser destacados.

Sin embargo, la falta de personal y la inexistencia de una infraestructura acorde con las crecientes necesidades, comienzan a resentir seriamente sus posibilidades de éxito.

En algunas regiones, las carencias son particularmente evidentes. La Fiscalía Regional 1 es un claro ejemplo: el departamento La Capital apenas cuenta con 12 fiscales que no dan abasto frente a la cantidad y diversidad de delitos que deben investigar. En Rosario, en cambio, existen 55 fiscales entre titulares y adjuntos.

Durante las últimas horas, un grupo de fiscales santafesinos convocó a una conferencia de prensa para advertir sobre la situación. Y en este contexto, una fiscal explicó que sólo cuenta con dos empleados y un pasante para investigar todos los casos de violencia familiar de la región, a los que se suman casos vinculados con el tránsito y causas conocidas como NN -así denominadas porque sus autores son desconocidos-.

Pero eso no es todo. A la falta de personal suficiente y a la carencia de infraestructura, se suma la vulnerabilidad de las personas y de las instalaciones abocadas al funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación en toda la provincia.

De hecho, en los últimos tiempos tres fiscales de la región recibieron amenazas. Un caso se dio en la ciudad de Santa Fe, otro en Esperanza y el tercero en San Javier. ¿Quién protege la integridad física de las personas que tienen en sus manos la responsabilidad de investigar los delitos más diversos y de acusar a los presuntos delincuentes?

A tal punto llega la desprotección, que delincuentes se atrevieron a ingresar a fiscalías para provocar destrozos y destruir evidencias judiciales.

El último caso se dio en la Unidad Fiscal de San Jorge. Cuando el personal llegó este miércoles al edificio, se encontró con que la puerta de acceso había sido violentada por desconocidos.

Hace apenas dos semanas, la sede de la Unidad Fiscal de San Javier sufrió un violento atentado cuando, una o más personas, ingresaron durante la madrugada al lugar luego de violentar rejas y ventanas. Una vez en el interior del edificio, prendieron fuego distintos expedientes y computadoras, y se llevaron armas de fuego que se encontraban resguardadas como pruebas de distintas causas.

La fiscal de la zona dijo abiertamente que se trató de una maniobra tendiente a encubrir o frenar alguna investigación judicial.

Estas situaciones revisten una enorme y preocupante gravedad institucional. Lo delincuentes no sólo infringen las leyes sino que, posteriormente, amenazan a quienes los investigan y atentan contra los edificios donde deberían estar a resguardo las pruebas en su contra.

En estos casos, los inmuebles no contaban con custodia policial. Tampoco con un sistema de cámaras de seguridad.

El nuevo sistema representó un gran avance para la provincia. Sin embargo, si no se adoptan con urgencia las medidas necesarias para su correcto funcionamiento, pronto se llegará a una situación de verdadero colapso.

Las estructuras actuales comenzaron a crujir.

A tal punto llega la desprotección, que delincuentes se atrevieron a ingresar a fiscalías para provocar destrozos y destruir evidencias judiciales.