EDITORIAL

En Brasil, Dilma la pasa muy mal

• Fernando Henrique Cardoso, ex presidente de Brasil y uno de los políticos e intelectuales más prestigiados de ese país, solicitó su renuncia.

Fernando Henrique Cardoso, ex presidente de Brasil y uno de los políticos e intelectuales más prestigiados de ese país, solicitó la renuncia de la presidente Dilma Rousseff. Cardoso hizo las declaraciones en el contexto de las multitudinarias movilizaciones realizadas por la oposición en más de doscientas ciudades, movilizaciones en las que el reclamo central es la renuncia de la primera mandataria o la iniciación de su juicio político.

Las declaraciones de Cardoso sientan un precedente grave en términos de la estabilidad de Rousseff, asediada por una suma de factores políticos, sociales y económicos. En el caso de Cardoso, se trata de un político cuyo ascendiente moral sigue siendo elevado y que hasta la fecha se había negado a sumarse a las voces que exigían el desplazamiento de la mandataria acusada de ser corresponsable de sucesivos actos de corrupción que involucran a los dirigentes de su partido y al propio ex presidente Lula Da Silva.

La respuesta del Partido de los Trabajadores (PT) fue la movilización prevista para estos días. Afligidos por las crecientes críticas sociales y políticas, con multitudes de personas en las calles criticándolos y con una significativa mayoría de la dirigencia política opositora intrigando en su contra, el PT intenta impedir que el control de la calle continúe en manos de sus adversarios.

El futuro político dirá si puede revertir un escenario que hasta la fecha se le presenta muy desfavorable. Por lo pronto, da la impresión de que le costará mucho resolver favorablemente los problemas derivados de la legitimidad política, porque lo que más complica una realidad sensibilizada por la impugnación política es la crisis económica, crisis que ya se había prefigurado antes de la campaña electoral y que, después de ganar por estrecho margen, la presidente no pudo o no supo afrontar.

Como se recordará, apenas asumió la segunda presidencia, Rousseff puso en funcionamiento un plan de ajuste fiscal con un severo recorte del gasto público. Las consecuencias sociales no fueron buenas. El ajuste produjo un elevado índice de inflación e incrementó el desempleo en un país afectado por la aguda caída de los precios de los commodities.

A la crisis de legitimidad se sumó, entonces, la crisis económica, combinación letal para cualquier gobierno que busque estabilizarse. Es difícil determinar qué afecta más al gobierno brasileño, si el actual desbarajuste económico o los escándalos crecientes de corrupción. Es probable que la respuesta esté a mitad de camino, pero sin ánimo de establecer prioridades está claro que a cualquier gobierno se le hace muy difícil tomar decisiones de impacto social si no es creíble, si no dispone de la necesaria legitimidad y del ascendiente moral para gobernar.

Pues bien, lo que está perdiendo el gobierno del PT es esa legitimidad. Un gobierno de izquierda que invoca la representación de los trabajadores y que dice aspirar a una sociedad más igualitaria, está enredado en escándalos de corrupción que comprometen a sus principales dirigentes, muchos de los cuales no pueden justificar las fortunas acumuladas en los últimos años.

Curiosamente, Rousseff no está acusada de corrupta, pero sí sus compañeros de partido, quienes reprodujeron en las singulares condiciones brasileñas el principio -bien conocido por los argentinos- de “robo para la corona”, verbalizado por primera vez en tiempos de Menem.

Rousseff no está imputada personalmente, pero sí su gobierno. Y tal como se presentan los hechos, todo parece indicar que la presidente pagará un precio elevado por las inconductas de sus pares partidarios.

A la crisis de legitimidad se le sumó la crisis económica, combinación letal para cualquier gobierno que busque estabilizarse.