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Editorial

  • El cronograma se inició el 9 del presente mes, lo que despertó el lógico reproche del sector pasivo.

Tardío pago a los jubilados

La situación de los jubilados y pensionados en la Argentina es verdaderamente injusta. Es que, después de haber trabajado y aportado recursos a lo largo de toda una vida, millones de pasivos se ven condenados a transitar los últimos años en medio de privaciones económicas. Lo que debería ser una posibilidad de descanso, se transforma en muchos casos en un tiempo de zozobra.

A principios del mes pasado, la presidente Cristina Fernández anunció el segundo incremento para los haberes jubilatorios nacionales, que se hizo efectivo a partir de septiembre. La suba representó aproximadamente un 12,5%, con lo que los haberes mínimos de un pasivo oscilan en los 4.300 pesos.

Cualquier argentino sabe que resulta prácticamente imposible subsistir con 4.300 pesos mensuales, en una economía donde el incremento constante de los precios atenta contra la capacidad adquisitiva de la gente.

La realidad de los jubilados provinciales en Santa Fe es diferente. De hecho, una importante cantidad de pasivos se retira cobrando el 82 por ciento móvil de los haberes de los activos. El resto, si bien no llega a este porcentaje, recibe una jubilación ostensiblemente superior a la que cobran sus pares nacionales.

Mientras el gobierno y un sector de la Legislatura provincial advierten que en algún momento el déficit de la Caja de Jubilaciones se tornará insostenible, los sindicatos que representan al sector público plantearon su postura con firmeza: no están dispuestos a avalar ningún tipo de medida que implique la pérdida de derechos para los jubilados, o mayores aportes de quienes aún se encuentran en actividad.

Lo cierto es que, según las cifras oficiales, el déficit a finales del presente año llegará a los 1.800 millones de pesos. Para la próxima gestión de Miguel Lifschitz, representará una pesada carga, pues la diferencia entre el dinero que ingresa y egresa de la Caja deberá ser compensada a través de fondos del Tesoro. En otras palabras, esto implica que ese dinero no podrá ser destinado a otros fines que, en muchos casos, también resultan de primer orden.

Pero mientras esta puja -sindical, económica y política- se resuelve, los jubilados y pensionados santafesinos deben hacer frente a otro inconveniente coyuntural que dificulta sus posibilidades de subsistencia.

Durante el presente mes de septiembre, el cronograma de pago para el sector pasivo -también para las pensiones de la ley 5.110- se inició recién el día 9, con aquellos jubilados y pensionados que cobran hasta 8.500 pesos de bolsillo. De forma progresiva, el cronograma avanza cada día con los que reciben haberes más altos. De tal manera que el pago terminará recién el próximo martes 15.

La situación mereció el comprensible reproche de los jubilados y pensionados de la provincia, a quienes se sumaron representantes de la Legislatura y de algunos gremios. En el pasado, el Estado abonaba en primer término a los pasivos, lo que parece ser una práctica más justa, teniendo en cuenta que son ellos quienes menos cobran.

Desde el agente financiero de la provincia, se les otorgó a los pasivos la posibilidad de acceder al cobro anticipado del beneficio jubilatorio, como un servicio especial ante el atraso del gobierno en abonar en tiempo y forma.

Si bien dicho servicio adicional tiene un costo mínimo, no parece conveniente que este sistema siga implementándose. A la hora de pagar los haberes del sector público, los jubilados que menos ganan deben ser una prioridad.

A la hora de pagar los haberes del sector público, los jubilados que menos ganan deben ser una prioridad.

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