Discusión con organizaciones de mujeres
Para que el Estado garantice los abortos no punibles
El diputado Busatto y la titular del Inadi - Santa Fe, Stella Vallejos, fueron los voceros, tras la concurrida reunión en una oficina legislativa. Foto: Pablo Aguirre
De la redacción de El Litoral
“Hay una agenda de temas que tienen que ver básicamente con garantizar desde el Estado herramientas que garanticen el cumplimiento en Santa Fe del protocolo de atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo que dictó el Ministerio de Salud de la Nación”, informó el diputado Leandro Busatto (FpV) al concluir un encuentro multisectorial de organizaciones civiles y agrupaciones políticas que tuvo por objetivo poner en agenda la necesidad de dictar leyes provinciales. Para el legislador, la objeción de conciencia y el protocolo de interrupción legal del embarazo deberían ser leyes para no obstaculizar el derecho de las mujeres santafesinas.
Busatto y su par Mariana Robustelli (Movimiento Evita) son autores de proyectos que están en comisiones de la Cámara y que fueron discutidos en el encuentro.
Semanas atrás, la Cámara de Diputados declaró “su beneplácito por la actualización de la guía de atención de los abortos no punibles comprendidos en la legislación nacional y ahora llamado ‘protocolo de atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo’”, del Ministerio de Salud de la Nación. La discusión en Santa Fe se motorizó por hechos acontecidos en los hospitales Iturraspe de Santa Fe y Provincial de Rosario.
El protocolo de atención fue actualizado en base a la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del artículo 86 del Código Penal Argentino, en el marco del fallo F.A.L s/medidas autosatisfactivas del año 2012, respecto a las causales de despenalización del aborto en nuestro país. La práctica es legal en casos de violación y afectación o riesgo para la salud o la vida de la mujer. Destacó Busatto que en Santa Fe “grupos ‘antiderechos’ y efectores de salud pública se han resistido a cumplir con la ley y con los derechos de las mujeres”.
Busatto explicó que convocó a organizaciones que abordan la temática de género y el aborto legal para trabajar en una agenda legislativa “con algunas herramientas que desde lo institucional tienen que garantizar el derecho a la salud de las mujeres y, fundamentalmente, una situación que se torna arbitraria y en algún punto violatoria de sus derechos. Debería haber por parte del Estado la asistencia en la interrupción voluntaria del embarazo para que una mujer, que esté encuadrada en los márgenes de los abortos no punibles, tenga la posibilidad de realizarse en un efector público un aborto legal, gratuito y seguro. A medida que se avance institucionalmente con procesos legales que regulen estas situaciones hay menos margen para la discrecionalidad respecto a los objetores de conciencia. Desde los efectores públicos y privados siempre debe primar el resguardo de la salud con la garantía que el Estado debe brindar”.
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