editorial

• La Cámara de Diputados del Congreso de la Nación vivió una sesión escandalosa. Se designaron -violando el reglamento y sin el consenso necesario- dos directores en un órgano de control que actuará ante el próximo gobierno.

Dos controladores, nombrados sin control

El bloque del Frente para la Victoria, para imponer la designación de dos integrantes de la Auditoría General de la Nación, atropelló en la última sesión de la Cámara de Diputados al reglamento interno y a las normas más básicas de convivencia política entre el oficialismo y la oposición.

El FPV forzó el tratamiento de ambos nombramientos y en lugar de hacerlo mediante un sobre tablas -lo que hubiera sido legal pero requería de los dos tercios de la Cámara- habilitó la discusión para designar a Julián Álvarez y Carlos Forlón apenas con una moción, por simple mayoría.

En el Congreso argentino, como en cualquier parlamento, romper las reglas de funcionamiento provoca daños en la relación entre los bloques que son difíciles de reparar.

El apuro K tuvo un objetivo. Y se cumplió sin importar cómo. Se trataba de nombrar al secretario de Justicia y al titular del Banco Nación (respectivamente) en ese órgano de control.

La cuestión no figuraba en el orden del día, ni tenía preferencia. No podía ser tratada sin un consenso mayor, sin el acuerdo de otros sectores políticos. Sólo la incompetencia de la jefatura del bloque del oficialismo (que pudo proceder prolijamente con el mismo número de legisladores si tomaba las previsiones del caso) y una evidente desesperación por ocupar cargos clave antes de que termine el gobierno, permiten suponer por qué se procedió de una forma tan escandalosa. Tanto, que las renuncias al gabinete de los flamantes auditores se publicaron el Boletín Oficial, pero al día siguiente de la polémica sesión y con fecha del anterior.

El reglamento de la Cámara tiene el mismo valor que una ley. Y como se trata de una violación a una norma legal, dirigentes de la oposición y de organizaciones intermedias no partidarias -que se preocupan por la calidad institucional- han anunciado que recurrirán a los tribunales.

No es la primera vez que el kirchnerismo hace gala de su desprecio por las formalidades institucionales. Es parte de las peores tradiciones autoritarias peronistas. Desde la Casa Rosada todo el asunto se presenta como un simple problema de malos modales. En realidad, lo que ha hecho el oficialismo es quedarse con un cargo que no le correspondía.

En la AGN había en juego tres cargos. Y el kirchnerismo -con un procedimiento que además de desprolijo, es ilegal- se quedó con dos, lo que provocó incluso discusiones internas entre integrantes de La Cámpora y legisladores del interior del país, preocupados por los efectos que en sus provincias pueda tener este atropello sobre otros sectores políticos.

Si las designaciones hubieran quedado para ser resueltas por la próxima Cámara de Diputados, el escenario sería otro. Después del 10 de diciembre, gane quien gane el balojate, en Diputados el FPV ya no será la mayoría (con quórum propio) sino un bloque más. Es cierto que constituirá la primera minoría, pero tendrá un número menor a la suma de los demás bloques. Tendrá menos poder.

Y sobre todo, ya no podrá, como ha hecho ahora, marcar mediante el quórum propio los tiempos al resto de los legisladores de otros partidos.

Con la Cámara actual, al kirchnerismo le corresponden dos cargos. Con la próxima, sólo uno de ellos. Por eso pisó el acelerador, sin importarle los semáforos legales en rojo.

Después de diciembre (con menos diputados kirchneristas y más macristas) lo lógico hubiera sido que un representante fuera nombrado por los K, otro por la UCR y un tercero por el PRO (que aún no ha sido debatido). Ahora, los integrantes de Cambiemos deberán consensuar sólo un nombre.