Editorial

• A poco de cumplirse 11 meses de esta muerte, la Justicia no ha dado ni siquiera una hipótesis creíble de lo sucedido.

Nisman, otra deuda pendiente

Pronto se cumplirá un año de uno de los acontecimientos de mayor gravedad institucional desde el regreso de la democracia en el país. Sin embargo, las endebles instituciones argentinas aún no han sido capaces de generar, tan siquiera, una hipótesis más o menos firme que contribuya a explicar de qué manera murió el fiscal Alberto Nisman.

No se trató de una muerte más. De hecho, aquel domingo 18 de enero dejó de existir el hombre que se aprestaba a denunciar, nada menos, que a la entonces presidenta Cristina Fernández por delitos gravísimos. Lo esperaban en el Congreso de la Nación, pero su vida acabó horas antes de manera misteriosa.

Fue el fiscal que durante sus últimos años se abocó a investigar el más sangriento atentado terrorista de la historia argentina. Su muerte impactó en cada rincón del planeta.

Ahora, a 11 meses de su deceso, sus deudos solicitan la incompetencia de la fiscal Viviana Fein para tramitar el caso y reclaman que la causa sea girada a la Justicia federal, asumiendo que se trató de un homicidio vinculado con su función pública.

Nisman consideraba que Cristina Fernández y un grupo de colaboradores habían traicionado a la patria al impulsar un acuerdo jurídico y político con Irán, el mismo país que durante las dos últimas décadas de encargó de proteger a los principales sospechosos del atentado contra la Amia.

Con el kirchnerismo fuera del poder, el flamante presidente Mauricio Macri anunció su decisión de anular el polémico e inaceptable Memorándum de Entendimiento con los iraníes que fuera declarado inconstitucional por la Justicia. Una decisión que refleja el giro copernicano que se producirá en la estrategia política internacional argentina.

El nuevo gobierno no sólo deberá hacer todo lo que esté a su alcance para dar impulso a las investigaciones sobre la muerte de Nisman. Además, será fundamental lo que resulte del control de la Agencia Federal de Inteligencia (ex Side), convertida por el kirchnerismo en una suerte de chivo expiatorio luego del deceso del fiscal y transformada en un verdadero búnker político interno.

Resulta imprescindible que también se avance en las investigaciones tendientes a determinar las posibles responsabilidades políticas y/o penales de ex funcionarios de la Nación. La salud de la democracia argentina exige el total esclarecimiento de los hechos. Sólo la verdad consolidará las instituciones de un país adormecido y carcomido por una asfixiante impunidad.

Lo sucedido durante la reciente campaña electoral no fue un buen antecedente. De hecho, la muerte del fiscal que había atraído, incluso, la atención de la opinión pública internacional, estuvo prácticamente ausente en los discursos. No sólo por parte del entonces candidato oficialista, sino también en el resto de quienes aspiraban a la Presidencia de la Nación.

No fue éste un hecho fortuito. Si los candidatos no se abocaron a tocar a fondo este tema, fue sencilla -y lamentablemente- porque para la mayor parte de la sociedad argentina no representaba una cuestión fundamental.

Será necesario, entonces, que la nación en general asuma su cuota de responsabilidad en este lamentable proceso de degradación institucional. Si los pilares esenciales de la democracia y la república no funcionan, difícilmente será posible que el país realmente se desarrolle y la calidad de vida de los argentinos mejore.

Una lección que a pesar de tanto dolor, no parece haber sido aprendida.

Sólo la verdad consolidará las instituciones de un país adormecido y carcomido por una asfixiante impunidad.