editorial

Ley “antinarco” que duerme en el Congreso

• Hace un año y medio que el Senado de la Nación dio media sanción a la ley de “Extinción de dominio” para bienes de narcotraficantes.

Un hecho inédito acaba de suceder en la provincia de Santa Fe: la Justicia ordenó decomisar seis inmuebles, licencias de taxis, 28 automóviles, un camión, tres camionetas, cuatriciclos, 15 motos, dos lanchas y hasta una moto de agua que pertenecían a integrantes de la tristemente célebre banda rosarina Los Monos.

A partir de ahora, estos bienes pasarán a manos del gobierno provincial, que tendrá la posibilidad de disponer de dichos recursos de la manera más conveniente. Una alternativa, por ejemplo, es que el dinero de la venta de lo decomisado termine siendo utilizado en campañas orientadas a la prevención del uso de drogas.

En febrero pasado, los fiscales Gonzalo Fernández Bussy y Carlos Cobani habían pedido el decomiso de esos bienes. Y ahora los jueces de Sentencia Eduardo Fertita, Luis Mascali y Julio Kesuani hicieron lugar al planteo, al considerar que “hay circunstancias fácticas que habilitan al decomiso de los bienes sustraídos para que el Tribunal pueda disponer de éstos”.

En el pedido que hicieron los miembros del Ministerio Público señalan que “la figura del decomiso que establece el artículo 23 del Código Penal es accesoria a la condena” dispuesta contra los imputados. Agregan que el decomiso “puede recaer sobre bienes que hayan sido utilizados como instrumentos del delito o bien que sean fruto de su ganancia, ya sea que esos bienes se encuentren a nombre de los mismos condenados o bien a nombre de terceros”.

En otras palabras, significa que la Justicia pudo ordenar el decomiso de estos bienes porque existía una condena penal. En gran medida, gracias a un juicio abreviado que despertó críticas en su momento.

Desde 2012, el actual ministro de Seguridad de Santa Fe, Maxiliano Pullaro, viene manifestando la necesidad de que a nivel nacional se sancione una ley de “Extinción de dominio“ de los bienes de los narcotraficantes. Si esa ley existiera, la Justicia estaría en condiciones de ordenar el decomiso aun en los casos en los que no existe condena firme en materia penal.

El planteo de Pullaro fue tomado en su momento por el diputado nacional Ricardo Alfonsín. Aquel proyecto no sólo establecía la posibilidad de decomisar bienes de narcotraficantes, sino también los obtenidos por funcionarios públicos investigados por corrupción. Sin embargo, la iniciativa nunca avanzó en la Cámara Baja.

De todos modos, a mediados de septiembre de 2014 el Senado de la Nación aprobó un proyecto presentado por el santafesino Rubén Giustiniani, que autoriza la confiscación de bienes adquiridos con dinero proveniente del narcotráfico.

Durante el tratamiento del tema, se incluyeron modificaciones propuestas por la entonces senadora nacional Gabriela Michetti, para que se incorporara la posibilidad de decomisar los bienes logrados a través del delito de trata de personas.

Un año y medio después, aquel proyecto con media sanción del Senado sigue sin ser tratado en la Cámara de Diputados de la Nación, por lo que las bandas de narcotraficantes y de trata de personas siguen contando con la posibilidad de utilizar sus recursos para pagar a los mejores abogados o para continuar delinquiendo. Incluso, desde la cárcel.

Resulta inconcebible que el tiempo pase y los diputados nacionales no se aboquen al tratamiento de este tema. Sobre todo, cuando la lucha contra el narcotráfico fue una de las principales banderas de campaña de Cambiemos y de gran parte del actual abanico político opositor.

Resulta inconcebible que el tiempo pase y los diputados nacionales no se aboquen al tratamiento de este tema.