Bicentenario de la Independencia Nacional (13)

Debate sobre los derechos aduaneros

Por Ana María Cecchini de Dallo

El Río de la Plata había estado regido, durante el largo dominio de los Austrias, por un rígido monopolio que procuraba asegurarle a la monarquía el dominio de los metales extraídos y el retorno de los productos requeridos por América, en sus propias flotas y galeones. Una de las acciones fundamentales en esta estrategia de intercambio era la autorización a un escaso número de puertos americanos para el embarque y desembarco de productos; el restante recorrido por los extensos y difíciles territorios americanos, se realizaba por tierra o por vía fluvial.

El arribo de los Borbones a la corona fue abriendo progresivamente los puertos americanos a ciertos productos o a aquellas potencias comerciales con las cuales se habían aliado. Este proceso, que llegó unido a transformaciones políticas del sistema de gobierno, fue altamente beneficioso para la aldea llamada Buenos Aires, que pasó de vivir del contrabando dificultoso, a ser el puerto reconocido de la capital del Virreinato del Río de la Plata.

Con la Revolución de Mayo hubo algunos enfrentamientos internos en la dirigencia porteña por el dominio del esquema portuario y comercial. Tal fue el sentido del levantamiento de Martín de Álzaga, pero primó el principio librecambista que fue aprovechado por los británicos, deseosos de ocupar estos mercados.

La certeza de que se intensificaría la guerra de Independencia, sumada a la dificultad del Directorio para equilibrar las finanzas a raíz del crecimiento de la deuda interna, se planteó como única solución la de subir los derechos de Aduana. A principios de 1817 se elevaron estos aranceles, sin embargo, ante los fuertes reclamos de los comerciantes, fue necesario permitir el pago con dos tercios en dinero y el resto en documentos amortizables de la deuda del Estado, dándoles el carácter de dinero efectivo mediante el endoso. El rescate de las letras de tesorería se transformó en un negocio en manos de capitalistas locales, pero fueron los comerciantes ingleses residentes, los directos beneficiarios de esa estrategia financiera.

En la práctica actuaron como intermediarios comprando las letras a bajo precio para canjearlas en la tesorería de la Aduana de Buenos Aires, y así cubrir parte del pago de los derechos de exportación e importación, mecanismo que dio lugar a numerosos fraudes que fueron denunciados por el gobierno y sustanciados en causas penales.

Cuestionamientos de Cuyo

Así las cosas, Cuyo cuestionó los derechos de aduana cobrados en el puerto de Buenos Aires que perjudicaban su industria vitivinícola. Los Cabildos de Mendoza y San Juan hicieron sendas representaciones solicitando que se prohibiera la introducción de los caldos extranjeros por el puerto de Buenos Aires. Es que los vinos importados desplazaban del mercado interno a los vinos y aguardientes de Cuyo.

Se formó un expediente que fue enviado al Congreso pero no tuvo tratamiento inmediato. En las sesiones del 5, 8 y 12 de junio de 1818 se dio el debate. Se plantearon las dos líneas económicas en pugna: los proteccionistas, que defendían a las industrias productivas existentes,-en éste caso el vino; y los librecambistas, que privilegiaban la renta pública que, prácticamente, sostenía la guerra, pero a la vez, favorecía a los comerciantes instalados en Buenos Aires.

Los interesantes argumentos expuestos por el diputado cuyano Tomás Godoy Cruz sobre los derechos aduaneros expresaban que éstos eran los que generaban la rivalidad entre las provincias. A ello sumó la explicación sobre la imposibilidad de que los vinos y aguardientes cuyanos compitieran con los europeos.

Sostuvo que la defensa de la propia producción frente a la importada era una política de todas las naciones que fomentaban su industria. En el caso de los vinos, afirmó que doce años de protección bastarían para que se alcanzaran calidad y costos competitivos. Reclamó también por los productos del interior que pasaban por la Aduana de Buenos Aires con destino a Montevideo y Brasil, pidiendo que no fueran recargados con aranceles de salida.

La respuesta la dio el diputado Malabia quien sostuvo la necesidad de recaudar para el Tesoro nacional. Argumentó que los derechos que percibía la Aduana de Buenos Aires -y las demás aduanas-, lejos de provocar la rivalidad provincial aumentaban la hermandad y la unión nacional. Significaba un auxilio recíproco entre pueblos que tenían un solo tesoro público y que eran regidos por un gobierno central...todas las provincias sufrían contribuciones sobre artículos de primera necesidad, como el pan y la carne...porque se habían gravado las harinas, trigos y otros artículos de importación, cuyo pago significaba también un sacrificio general. Eran medidas que se adoptaban por la imperiosa ley de la necesidad, aunque fueran reprobadas por los principios económicos. Otras variantes contributivas se habían impuesto a tiendas, casas de alquiler, pulperías, maquinaria, entre tantos otros géneros del comercio.

Los derechos de tránsito y el reclamo de Córdoba

Las introducciones terrestres de tabaco y yerba mate del Paraguay tuvieron idas y vueltas, entre subas y bajas. También ocurrió con el tabaco negro del Brasil. Cuando se suprimió el impuesto de tres pesos percibido por Córdoba sobre las cargas de vinos riojanos, el gobernador protestó, informando sobre el estado deplorable de las rentas provinciales ocasionado, primero, por el impuesto extraordinario de guerra sobre la yerba mate y el tabaco procedentes de Santa Fe, y sobre los vinos de Cuyo y La Rioja; pero más tarde, al cerrarse el puerto del Paraguay y comenzar la guerra con Santa Fe, no entró en Córdoba una sola carga de yerba y de tabaco; si ahora se suspendían los derechos sobre los vinos riojanos, las rentas quedaban diezmadas.

El oficio entró a consideración del Congreso. Pasó a estudio del diputado Serrano, pero no se le dio solución. Es interesante repasar la opinión periodística de El Censor sobre política aduanera.

Algunos principios expresados en discursos publicados en ese periódico aconsejaban formular una franca declaración sobre nuestro comercio para fomentar la vinculación con las demás naciones. En sus columnas se propendía a privilegiar la introducción de productos libres de derechos por el término de cinco años a la primera nación extranjera que reconociese nuestra Independencia y nos brindase auxilios.

También se sugería declarar libres de derechos de importación a los artículos de primera necesidad; y de derechos de exportación a cueros, sebo, pieles de todas clases, carnes secas y saladas, crin, lanas, granos, harinas, cobre, cascarilla, madera, cigarros, rapé, caldos de toda especie, mulas y otros ganados, y suelas. También, tabaco y yerba mate del Paraguay. Con muchos de ellos se favorecía a la producción de la provincia de Buenos Aires y del Litoral. Se proponía que fueran libres de derechos internos productos nacionales como algodón, azúcar, arroz, café, tintes y drogas, premiando su exportación. Asimismo se alentaba el otorgamiento de premios de estímulo para los cultivos y manufacturas cuyas ventas fueren poco lucrativas.

Entendían que las fábricas debían estar libres de contribuciones y prohibirse la introducción de ponchos, frazadas, ropa hecha, tabaco, rapé, cierta clase de muebles, varias maderas, sombreros, jabón, velas, naipes. Y protegidos con altos derechos los caldos, el azúcar, café, suelas, botas, zapatos, gases, ciertas bayetas, algunas herramientas, de modo que la industria manufacturera del interior quedara a cubierto.

En cambio alentaban a que estuvieran libres de derechos de importación las máquinas, libros de idiomas extranjeros, carbón de piedra, sal, salitre, azufre y azogue.

En cuanto a los metales se proponía fijar un derecho del 5 por ciento por la salida del oro en pasta o sellado, y un 10 por ciento por la salida de la plata de piña o sellada, en tanto que se dejaba libres de derechos de exportación los demás metales. Por otra parte, se planteaba la conveniencia de que los mineros quedaran exceptuados de contribuciones.

El contrabando

Desde 1815, con variada legislación, se intentó combatir al contrabando, Pueyrredón lo calificó como un horrendo crimen practicado por hombres que sufrían la esclavitud de una desmedida ambición. Se dictaron normas incrementando los controles y se iniciaron causas penales a quienes eran sorprendidos practicándolo, pero no fue posible erradicarlo.