Polémica concesión

Confirman que la provincia repavimentará la autopista

El administrador de Vialidad dijo que la recaudación por peaje suele alcanzar “sólo para mantenimiento”. El gobierno sigue analizando el contrato con Arssa, con la intervención de Fiscalía de Estado. Repercusiones legislativas.

Ivana Fux

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El administrador de Vialidad, Pablo Seghezzo, confirmó esta mañana que la provincia se hará cargo de la obra de repavimentación de la autopista Santa Fe-Rosario. El martes, El Litoral adelantaba la decisión del Poder Ejecutivo, después de que la revelara el ministro de Infraestructura, José Garibay. El hecho suscita polémica porque se da en medio de una renegociación contractual con la actual concesionaria -Arssa- ya que incumplió uno de los principales aspectos del contrato: precisamente, la repavimentación. Por eso, el propio Garibay admitía ante la consulta de este diario, que “todas las alternativas se evalúan”, incluso, la de ponerle fin a la relación.

Esta mañana, después de presidir una apertura de sobres para licitar bacheos en diferentes rutas provinciales, Seghezzo se refirió a la decisión de la provincia, y la justificó.

“Le digo claramente; esto pasa a nivel de Santa Fe y pasa a nivel nacional. Normalmente las concesiones y lo que se recauda por la concesión son fondos que se pueden aplicar al mantenimiento. Cuando uno ve las ecuaciones económicas, eso sirve (alcanza) para mantenimiento, señalización, calce de banquinas, desmalezado, bacheo, pintura, pero ya cuando hay que hacer tareas estructurales, ahí evidentemente hace falta el aporte provincial. Lo mismo nos está pasando con los corredores que tenemos en la provincia sobre la ruta 70, 14 y 18 donde vamos a tener que hacer aportes provinciales. Evidentemente, el valor del peaje alcanza para tener un buen mantenimiento pero no para hacer los cambios en la estructura del pavimento que una vía como la de la autopista Rosario-Santa Fe, que tiene más de treinta años, claramente necesita”, comentó.

—¿Vialidad va a hacer la obra, entonces?, preguntó El Litoral.

—Eso lo va a decidir el ministro (de Infraestructura), José Garibay, pero la obra se va a llevar adelante, que creo que es lo que realmente quieren todos los ciudadanos; que la autopista, que es un emblema de la provincia, sea la mejor autopista que podamos tener en el país, y creo que a eso es a lo que está apuntando nuestro gobernador con esta decisión de inversión.

—¿Vialidad está en condiciones de ejecutar la obra o debería llamarse a licitación?

—No, lo lógico es que llamemos a licitación. Vialidad ya está trabajando en otras obras, por ejemplo, el acceso a Grutly, los puentes sobre el Salado en la ruta 70, obras de bacheo en distintas zonas de Vialidad. Pero ésa (la de la autopista) es una obra de mucha envergadura.

—¿De cuánto dinero estamos hablando?

—Yo no tengo esa precisión.

Repercusiones

La decisión de la provincia de hacerse cargo de la repavimentación provocó la reacción de legisladores de la oposición. Mientras fuentes del Poder Ejecutivo confiaron a El Litoral que en la renegociación interviene la propia Fiscalía de Estado y esperan encontrar “pronto” una definición, en la Cámara de Diputados, el tema reactivó un debate que ya se había dado meses atrás.

En ese marco, Cesira Arcando de Cambiemos, criticó las declaraciones de Garibay, y aseguró que “no corresponde que todos los santafesinos” se hagan cargo ni de la obra “ni de las pésimas concesiones que hace el gobierno socialista”. Y en diálogo con El Litoral, consideró que el gobierno provincial “se tiene que sincerar y decir cuáles van a ser las responsabilidades políticas y económicas de esta concesión”. La diputada aseguró que “nunca hubo control sobre Arssa y ahora, los responsables de que eso suceda son los que tienen que hacerse cargo”.

Por su parte, el diputado Héctor Cavallero (PPS) recordó que a pesar de la reunión que mantuvieron hace un mes con el Tribunal de Cuentas por este motivo -entre otros-, no lograron acceder hasta ahora a las autorías que, según el mismo organismo de contralor, se hicieron sobre la concesión. Respecto del incumplimiento con la obra de repavimentación, Cavallero advirtió que ello podría ser motivo de cancelación del contrato. “Si se cancela la concesión o el concesionario se retira, la provincia puede (como sanción) retirar a esas empresas de la lista de contratistas y concesionarias de la provincia y comunicarlo al Estado nacional y a los municipios”, advirtió.

Auditoría

• El ex diputado Mario Lacava (PJ) consideró que es imprescindible hacer una auditoría sobre las cuentas de la concesión. “Siempre sostuvimos que la concesión era un traje a medida” de las empresas que terminaron adjudicadas. Acotó que en estos cinco años el peaje aumentó “un 470%”, con una recaudación de “160 millones de pesos por año”. Y se preguntó “por qué el gobierno autorizó los sucesivos aumentos de peaje, si la empresa no empezó nunca con la obra de repavimentación”.

¿Quién cobra?

• El ex gobernador y actual diputado Antonio Bonfatti dijo que de acuerdo a los informes elevados por la propia concesionaria, el costo de la repavimentación no era posible absorberlo con los fondos de la concesión. “O la hace la provincia (a la obra) o la hace la concesionaria con algún tipo de subvención”, dijo a Cadena Tres Santa Fe. Y consultado, entonces, sobre si el peaje debería dejar de cobrarlo la empresa privada y -en todo caso- cobrarlo la provincia, Bonfatti respondió: “Es una posibilidad”.