editorial

• El gobierno parece tener decidido repavimentar todo el trayecto. Antes deberá resolver el destino del actual concesionario que incurrió en notables incumplimientos de contrato.

El destino de la autopista Santa Fe - Rosario

El ministro de Infraestructura y Transporte, José León Garibay, ha ratificado la decisión del gobierno provincial de llevar adelante la repavimentación de todo el trayecto de la autopista Santa Fe - Rosario, hoy concesionada a Arssa, una unión transitoria de empresas de la construcción, con contrato vigente para los próximos cinco años.

La decisión de realizar los trabajos fue definida como imprescindible por el funcionario y es así considerada por los miles de usuarios que transitan el más importante de los corredores viales que tiene Santa Fe. En el medio está el concesionario y los alcances del cumplimiento del compromiso adquirido al momento de hacerse cargo del corredor tras un amañado proceso licitatorio.

La autopista fue construida entre 1964 y 1972. La nobleza de su construcción y de su trazado se han mantenido hasta hoy a excepción de algunos puentes que debieron reacondicionarse. A partir de 1994, el corredor fue concesionado tras la sanción de la Ley 10.798. Arssa es el tercer grupo a cargo del negocio y lo opera desde el 29 de junio de 2010.

Precisamente ese proceso licitatorio fue muy cuestionado por la falta de remisión del pliego a la Legislatura. No sólo la oposición reclamó en vano intervenir, sino que también hubo sectores del oficialismo que consideraban necesario que el propio Estado se hiciera cargo del tramo. Empero, el gobierno de Binner siguió adelante con su decisión y prometió que el concesionario se debía hacer cargo de repavimentar todo el corredor antes de terminar el quinto año del contrato, avanzar con un tercer carril y con nuevas conexiones de ingreso y egreso, especialmente en ambas puntas del trayecto.

El propio ministro José Garibay reconoce que la concesionaria no ha cumplido sus compromisos, especialmente en lo que a repavimentación refiere, pero no se conocen advertencias del organismo de control ni del Tribunal de Cuentas, los que al menos debieron haber informado sobre la marcha del contrato. Parecen poco serios los argumentos del concesionario respecto de vicios ocultos que obligaron a realizar una mayor inversión en la infraestructura, en especial en el rubro bacheos.

El concesionario tomó la ruta con un peaje a 3,50 y hoy cobra 20 pesos por cabina con un incremento del 470 por ciento, más del doble de los indicadores de suba de inflación, combustibles y salarios en el mismo período de tiempo. No es ingenuo preguntarse por qué se autorizaron aumentos de peaje si las obras no se realizaban, lo que lleva como lógica consecuencia a analizar con detenimiento y seriedad las pertinentes responsabilidades de los funcionarios que en las dos anteriores administraciones provinciales estuvieron vinculados con esta cuestión.

Se coincide con el gobierno en la necesidad de repavimentar todo el corredor, pero si es el propio gobierno el que asume el costo, antes deberán determinarse las responsabilidades del concesionario y de los encargados del control. Asimismo, deberá estudiarse si se puede resarcir parte del costo y definir el destino del contrato. En el medio están los aportes realizados por los usuarios para un servicio que recibe permanentes críticas por sus manifiestas deficiencias, asociadas en muchos casos a la pérdida de vidas humanas.

No parece menor conocer los informes sobre el control de la concesión para también determinar las responsabilidades de los funcionarios que autorizaron aumentos de peaje.