Ola nacional de amparos sobre aumentos de gas y electricidad

De la redacción de El Litoral

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El ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró hoy que “sería bueno” que la Corte Suprema de Justicia “resuelva el tema” de la validez o no de los aumentos de tarifas “para empezar a generar certidumbre”, y recordó que el Estado presentó semanas atrás un recurso de per saltum.

“El recurso está presentado. Como Gobierno tomamos la misma posición que frente a todos los casos, que es no interferir, no criticar ni presionar. Pero sí sería bueno que la Corte resuelva el tema, al menos que decida si admite o no el recurso solicitado”, señaló.

El funcionario explicó que la Procuración del Tesoro presentó el pedido de per saltum semanas atrás, afirmó que el máximo tribunal “lo tiene en estudio”, y aseguró que espera “que haya una definición sobre si se lo acepta o no, que eso es lo primero antes de la feria judicial, para generar certidumbre”.

Ayer, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba suspendió el aumento del precio del gas en toda la provincia por tres meses, mientras que la Justicia Civil y Comercial aplicó una medida similar en el partido bonaerense de San Martín para el servicio eléctrico.

Garavano explicó que esas decisiones judiciales generan “una situación bastante irregular sobre quién paga, quién no paga”, a la vez que aseguró que los fallos “tienen una deficiencia técnica, más allá de que hay jueces que las estén otorgando”.

De todas maneras, admitió que es fuerte el impacto de los incrementos en las tarifas de los servicios públicos, y hasta admitió que sintió “lo mismo que la gente” cuando recibió la factura de gas: “Pagaba mil y pico de pesos y me llegó la boleta de más de 5 mil en dos cuotas”, comentó.

Dos casos más

El caso de Córdoba y los de algunos partidos del Gran Buenos Aires se sumaron esta semana a los fallos en favor de las organizaciones de usuarios que reclaman no tocar las tarifas.

La Cámara Federal de Córdoba ordenó retrotraer al 31 de marzo la suba tarifaria al gas impuesta por el gobierno nacional y revirtió un fallo de primera instancia.

Los aumentos en Córdoba fueron frenados por esa medida, tal como ocurre con las provincias de Chubut y Santa Cruz.

Lo mismo sucede en la ciudad de Río Grande, la más poblada de Tierra del Fuego, en Bariloche (en Río Negro) y Zapala (Neuquén).

De sur a norte

Las rebeliones contra el aumento del gas natural por redes comenzó por el sur del país. El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, en mayo encabezó las críticas al aumento del servicio y junto a las demás provincias patagónicas logró un tratamiento especial. Más tarde, el gobierno nacional tomó nota del descontento y las situaciones económicas que produjo la actualización tarifaria e impuso un límite del 400% al tarifazo en las zonas más frías del país.

A esa ola de cuestionamientos de autoridades provinciales y municipales (que incluyó a algunos aliados de Cambiemos, como el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo), le siguió otra, encabezada por organizaciones de usuarios.

Se trata -en parte- de las mismas asociaciones que durante los gobiernos kirchneristas impidieron mecanismos para aumentar las tarifas, como el Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica (Puree), que fueron detenidos por recursos de amparo.

Precisamente, para evitar el trámite (y el tiempo) que demandaría la celebración de audiencias públicas, el gobierno nacional de Mauricio Macri tomó las que ya había realizado la administración kirchnerista para dictar los decretos con los aumentos.

En Santa Fe, Sadop presentó el suyo

El Sindicato Argentino de Docentes Particulares informó que presentó un recurso de amparo contra el aumento desmedido de las tarifas de los servicios públicos.

El escrito fue elaborado por el Dr. Domigo Rondina, ante el Juzgado Federal Nro.1, a cargo del Juez Reinaldo Rodríguez.

La medida está destinada a amparar a todos los docentes privados de la provincia de Santa Fe “respecto de a los tarifazos producidos en los servicios de luz, gas y agua”, es decir, tanto de provisión nacional como provincial.

“El acuerdo paritario firmado en febrero tenía la condición de continuar monitoreando el poder adquisitivo de los salarios durante estos meses, y lo que hoy estamos planteando responde a un aumento indiscriminado que afecta directamente el bolsillo de los docentes y no había sido previsto en estos porcentajes tan excesivos”, expresó Patricia Mounier, secretaria general de Sadop.

Al respecto, Pedro Bayúgar, secretario Gremial de Sadop a nivel nacional, remarcó: “Santa Fe es la primera provincia en realizar este amparo (desde una organización gremial) por lo que la acompañamos y estudiamos hacerlo en todo el país, dada la arbitrariedad del aumento y de lo que significa en el bolsillo del docente este incremento desmedido, ya que los salarios aumentaron en torno al 35% y acá estamos hablando de aumentos de tarifas de hasta el 400%”.

La acción de los docentes particulares tiene como antecedente otro amparo, que rechazó la Justicia Federal, y fue promovido por tres diputados provinciales del oficialismo santafesino.

El juez federal Nº 2 Francisco Miño rechazó el amparo -sobre el servicio de gas- que impulsaron Rubén Giustiniani, Silvia Augsburger y Fabián Palo Oliver, del Frente Progresista.

El magistrado interpretó que los representantes del pueblo “no tienen legitimación suficiente para representar al colectivo de usuarios”. Palo Oliver criticó el fallo de Miño (y el dictamen del fiscal Claudio Kishimoto, que aconsejó al magistrado rechazar el recurso) porque, según el ex intendente de Santo Tomé, los dos “hicieron la fácil, actuaron para sacarse de encima” la causa.

“Vamos a apelar ante la Cámara Federal de Rosario”, anunció el legislador.

Para Rondina, el abogado que patrocina el recurso de Sadop ante el juez Rodríguez, la resolución de Miño es “pésima” y “errónea”.

Como en el resto del país, las objeciones al aumento se apoyan en que no se realizaron nuevas audiencias públicas con los usuarios para discutir esas medidas.

El dato

Impuesto cordobés

El tarifazo del gobierno nacional al gas y la electricidad dejó al descubierto en Córdoba un alto impuesto, del 10% sobre el total facturado a cada usuario del gas natural en redes. El intendente, Ramón Mestre, suspendió por junio, julio y agosto el impuesto municipal (que hubiera recaudado unos $ 220 millones), atención a la “situación” que pasan los usuarios cordobeses.