Previo al inicio del receso invernal

Garibay y la autopista, único tema de la semana en Diputados

• La Comisión de Obras Públicas es la única convocada y recibirá al ministro de Infraestructura y Transporte. La invitación había sido votada el 16 de junio.

Mario Cáffaro

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El diputado Edgardo Martino (UCR) activó ayer la convocatoria a la Comisión de Obras y Servicios Públicos que preside ante la confirmación de la presencia del ministro de Infraestructura y Transporte, José León Garibay, y su equipo donde deberán responder una serie de planteos de la Cámara Joven e informar sobre la decisión del Poder Ejecutivo sobre el futuro del contrato con Arssa, concesionario de la autopista Santa Fe - Rosario.

La reunión de Obras y Servicios Públicos será la única de las comisiones de Diputados. La cámara no fue convocada a sesión este jueves y luego se iniciará el receso invernal de dos semanas.

Los jefes de bloque habían acordado el pasado 16 de junio la invitación a Garibay ante declaraciones del propio funcionario sobre incumplimiento del contrato de concesión y la decisión del gobierno de avanzar en la repavimentación total del corredor. La inquietud sobre el corredor por la actual composición de la Cámara de Diputados se originó en diciembre con varios pedidos de informes e incluso un proyecto de la bancada del Frente Justicialista para la Victoria pidiéndole al Tribunal de Cuentas la realización de una auditoría integral de la concesión que aún no llegó al recinto.

En la sesión del 16 de junio, Luis Rubeo (bloque Justicialista) hizo pública la petición de la invitación a Garibay así como el reclamo de respuestas a un pedido de informes aprobado en febrero donde requería datos sobre penalidades aplicadas a la concesión y sobre auditorías realizadas. Ese día, Leandro Busatto (Frente para la Victoria) ingresó otra iniciativa para que Garibay concurra a la Comisión de Obras y Servicios Públicos y el radical Fabián Palo Oliver presentó un nuevo pedido de informes sobre la marcha de la concesión.

Vicios de origen

Rubeo sostuvo que “el gobierno debería estar evaluando rescindir el contrato de concesión debido al estado de la autopista en general y la transitabilidad en particular, con un asfalto en pésimas condiciones que afecta seriamente la seguridad vial de los usuarios. Es necesario que el ministro Garibay explique sus dichos sobre ese incumplimiento de contrato. No puede ser que los santafesinos tengamos que volver a pagar, ahora con dineros públicos, lo que ya pagamos con el peaje que abonamos cada vez que transitamos por la ruta”, añadió. El justicialista va más atrás y recordó afirmaciones suyas de 2010 cuando afirmó que “la contratación de Arssa realizada por la gestión de Hermes Binner estuvo viciada desde el principio” para acotar que “esos vicios permitieron que no cumpliera con las obligaciones y que el Estado no controlara la marcha del contrato”.

Palo Oliver fundamentó su pedido de informes en declaraciones de Garibay a El Litoral sobre la decisión del gobierno de repavimentar el trayecto con recursos propios. “Cuáles son los motivos por los que el Estado asume una obligación que, de acuerdo con los pliegos licitatorios y al contrato de concesión, es de exclusiva responsabilidad de la empresa concesionaria”, se pregunta.

Arssa, una Unión Transitoria de Empresas integrada por las constructoras Milicic, Obring, Vial Agro, Laromet, Rovial y Pecam tomó posesión de la concesión por diez años el 31 de diciembre de 2010. Entre las obligaciones contraídas por la empresa concesionaria, se destacó la repavimentación completa de la autopista en ambos carriles y en los dos sentidos de circulación antes del quinto año. Lo ejecutado es apenas la tercera parte.

" No es necesario ser un perito avezado para darse cuenta de que los más de cinco años de concesión, la empresa no ha cumplido ninguna de las obligaciones contraídas”

Luis Rubeo

diputado justicialista

Retraso que preocupa

El diputado oficialista Gabriel Real (PDP) manifestó “la preocupación por el no avance de la comisión que debe integrar los poderes ejecutivos nacional y provincial a los fines de determinar la deuda que la Nación tiene con Santa Fe sobre fondos coparticipables. “Esta situación retrasa los tiempos de resolución y no permite que el Ejecutivo Provincial se haga de esos fondos adeudados”, afirmó.

El 24 de noviembre pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la deducción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que realiza el Estado nacional, sin el acuerdo de las provincias, para financiar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Real afirmó que a valores históricos a Santa Fe, sin ningún tipo de actualización y/o intereses, y conforme datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Nación, la detracción del 15% para la Anses significó 18.835 millones de pesos; y la detracción del 1,9% para el Fondo de Autarquía de Afip ascendió a 4.644 millones. A valores nominales, sin intereses, el monto total adeudado a la provincia suma 23.479 millones de pesos. Con la actualización, la cifra podría ascender a unos 35.000 millones. “Es urgente resolver el reintegro de estos fondos adeudados por el Ejecutivo Nacional”, aclaró.

La clave

Definición

Consultado por El Litoral, el ministro de Infraestructura, José Garibay, confirmó que “esta semana” habrá una definición sobre cómo se prosigue con el contrato” de Arssa. Según pudo saber este diario, la salida pasaría por una “limitación” temporal a la duración de la relación contractual. Una de las alternativas sería mantener a la concesionaria pero por un año, y no por los cinco que le restan según el contrato original.