14 años después
Padres querellantes
El Centro de Asistencia Judicial los representó en la audiencia de constitución de querella, por el homicidio de Pablo Contreras, ocurrido en 2002 en Colastiné.
Ramona Contreras y Juan Carlos Márquez llevan una enormidad de tiempo recorriendo los tribunales pidiendo justicia.
Foto: Flavio Raina/Archivo
De la Redacción de El Litoral
El juez de Instrucción Penal del sistema residual, Darío Sánchez, deberá decidir el jueves 7 de julio si acepta o no a los padres de Pablo Emanuel Contreras Márquez, como querellantes en la causa en la que se investiga su asesinato, ocurrido el 28 de noviembre de 2002 en Colastiné. Ramona Contreras y Juan Carlos Márquez fueron representados por el Centro de Asistencia Judicial (CAJ), en la audiencia de constitución de querella, celebrada en los tribunales locales.
La audiencia, que tuvo lugar en el Juzgado de Instrucción Segunda, se realizó el pasado jueves 30 de junio y contó con la presencia del magistrado a cargo; la fiscal Elena Perticará; la defensora general, Nilda Ojeda (quien representa a uno de los imputados); la defensora de confianza del otro implicado en la causa; y los abogados del CAJ, Zulema Rivera y Federico Lombardi.
Por la fecha en que fue cometido el delito, las actuaciones se tramitan según las reglas del viejo sistema penal, en la que los padres de una víctima de homicidio no eran tenidos en cuenta como parte en el proceso, como sí lo admite el nuevo sistema. Sin embargo, atendiendo a las presuntas irregularidades en la investigación, puntualmente en la construcción del sumario prevencional, el organismo de asistencia oficial reclamó legítimo interés para ser querellante, en nombre de los padres de la víctima, contra personal policial.
El planteo del CAJ, que solicitó que los familiares sean aceptados como querellante, queda supeditado a la decisión que pueda tomar el juez Sánchez esta semana. “Su decisión genera expectativas por lo inédito de la situación que importaría admitir como querellantes a particulares en causas en las que se investigan delitos contra la administración pública”, señalaron en un comunicado de prensa los abogados del CAJ.
Aún admitiendo de los delitos endilgados al personal policial no tienen como víctima directa a sus representados, los abogados del CAJ, fundaron su petición en “la legitimación que tienen los padres de la víctima de homicidio de participar en las actuaciones en las que se investiga quien, cómo y por qué la dilucidación de dicho caso fue obstaculizada o impedido”.
Por su parte, la fiscal de la causa, acompañó un memorial en el que amplió los fundamentos antes esgrimidos por el fiscal Jorge Andrés, actuando en su reemplazo, se pronunció a favor de la tesis de la querella, mientras que las defensas no formularon oposición alguna a dicho pedido.
A Pablo Contreras lo mataron de un disparo de escopeta por la espalda, cuando regresaba de jugar un partido de fútbol en Colastiné Norte. Por ese caso, hubo una serie de detenciones y acusaciones cruzadas que acabaron con los sospechosos en libertad. Contreras tenía 24 años y era cuidacoches en el centro.
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