La oposición pidió apurar la finalización del vínculo con el Estado provincial

Arssa no tiene quién la defienda

Diputados justicialistas plantearon al ministro Garibay que los incumplimientos son manifiestos. Primeros esbozos del futuro operador de la autopista Santa Fe - Rosario.

Mario Cáffaro

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“No tenemos información contundente que nos lleve ya a la rescisión del contrato” afirmó Teresa Beren, secretaria de Coordinación Técnica y Financiamiento del Ministerio de Infraestructura y que acompañó al ministro del área, José Garibay, a la reunión con la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Cámara de Diputados con el tema excluyente de la situación de la concesión de la autopista Santa Fe - Rosario, hoy en manos de la UTE, que opera bajo el nombre de Arssa. La funcionaria respondía al durísimo embate de los justicialistas Luis Rubeo y Héctor Cavallero quienes consideraron que están dadas las condiciones para rescindir en forma inmediata el contrato porque entienden que hay gravísimos incumplimientos contractuales.

La reunión comenzó con un informe del ministro Garibay donde confirmó la decisión del Poder Ejecutivo - anticipada ayer por El Litoral- de dar por finalizado el vínculo pero antes contratar sendos estudios técnicos y contables a las facultades de Ingeniería de la UNR y de Ciencias Económicas de la UNL, respectivamente, para justificar la salida legal. Ratificó la decisión de que Vialidad Provincial encare la repavimentación total del corredor y luego insistir con una concesión para el mantenimiento de la vía.

En determinado momento de la reunión, el socialista Rubén Giustiniani preguntó si existe la figura de “culminación anticipada” que usó el ministro y la explicación del abogado de Fiscalía de Estado, Juan Pablo Cifré -presente en el encuentro- le permitió concluir que “no es una figura jurídica”.

Rubeo y Cavallero se mostraron decididos a terminar ya con el contrato. Ambos hablaron de manifiestos incumplimientos. “En cinco años tenía que repavimentar toda la autopista y apenas hizo el 30%” disparó el primero quien se ocupó de remarcar las continuas deudas de Ejecutivos anteriores en enviar el contrato y responder a los pedidos de informes sobre la marcha de la concesión. Con informes de Dycasa de 1992, desestimó los “supuestos vicios ocultos” que dice haber encontrado Arssa al hacerse cargo del contrato. “Hay que rescindir el contrato y ejecutar las garantías y no permitirle a las empresas que integran la UTE que hagan las obras complementarias a licitar”, aconsejó. También Cavallero brindó ese consejo y objetó la contratación de nuevos estudios cuando el Estado tiene dos órganos de control, uno propio de la concesión y otro del Tribunal de Cuentas.

Hacia futuro

No fueron menos críticos del contrato los oficialistas Fabián Palo Oliver (UCR) y Giustiniani (Igualdad y Participación). El primero habló del fracaso rotundo del modelo de concesión y anticipó que presentará un proyecto para que una Sapem donde el Estado tenga el 51% de las acciones y un 30% los municipios y comunas lindantes al corredor se haga cargo a futuro de ese corredor. Giustiniani también hizo hincapié en el fracaso no sólo en Santa Fe sino en el país del modelo de concesión. “Entre 2011 y 2015 no hubo un crak económico que validara los sucesivos incumplimientos por parte de Arssa con subas de peajes muy por encima de la inflación” e instó al gobierno a pensar en los usuarios más que en las empresas.

También hablaron en la reunión, los socialistas Rubén Galassi y Clara García, ambos para avalar el resguardo de pruebas y de recaudos necesarios para la mejor defensa del Estado en el caso de juicio por parte del concesionario. Mencionaron la salida de Aguas Santafesinas y el juicio pendiente aún ante el Ciadi. Cavallero subrayó que son muchas las empresas que ganan más litigando contra el Estado que cumpliendo los contratos.

Ya sobre el final, Rubeo reclamó rescindir y no acordar, aclarando que no tienen el mismo significado y Cavallero no dejó de reconocer la responsabilidad de los órganos en control en permitir que se llegue a este incumplimiento. Beren había dicho que Arssa dos veces quiso retirarse del contrato y el Estado le negó esa posibilidad.

"A futuro nuestro proyecto es una concesión que sólo haga mantenimiento preventivo, mantenimiento regular y operación como los consorcios camineros que ya tenemos en la provincia”

José Garibay, ministro de Infraestructura y Transporte.

"La autopista se va a repavimentar, es una gran obra de más de 50 años. Tenemos que repensar con un criterio de mayor seguridad vial, más comodidad”

Clara García, diputada socialista