De domingo a domingo

El tiempo, el principal enemigo del gobierno

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Con la participación de agrupaciones políticas, pero también de muchos ciudadanos “de a pie”, la protesta por el aumento de tarifas se hizo sentir en todo el país. Así se vivió en Santa Fe.

Foto: Manuel Fabatía

 

Ernesto Behrensen

DyN

El gobierno de Mauricio Macri recurrió en los últimos días a un combo integrado por la apelación a la “esperanza” y el reparto de cuantiosos fondos para hacer frente a los desafíos políticos y económicos que enfrenta. En algunos casos, esos desafíos surgen como consecuencia de una “mala praxis” propia. En otros, como resultado de la delicada situación económica.

Macri está entrando en el octavo mes de su gobierno y, luego de adoptar medidas de alto impacto, como el levantamiento del cepo cambiario, el pago a los holdouts y a los jubilados y la eliminación o morigeración de retenciones al campo y al sector minero, la lluvia de dólares que pronosticó aún no llegó.

Es que el problema más acuciante que afecta todo el andamiaje económico es el de las tarifas. Los subsidios con que, con el dinero de todos los argentinos, Cristina Fernández fue ocultando los efectos de la inflación para una parte de la población, llevaron a las cuentas públicas a un estado crítico. Aquí es donde la verdadera “bomba” de tiempo explotó.

La sociedad comprendió y aceptó que se modificara el precio que se pagaba por los servicios de electricidad, gas y agua. Pero jamás imaginó que se aumentaría en niveles que, en muchos casos, hacen imposible su pago. El gobierno nacional cometió un grave error en este tema y no vio la bola de nieve que se venía. No midió el impacto que esa decisión iba a tener no sólo en los usuarios residenciales sino también en la industria y en todas las actividades económicas. No tuvo en cuenta factores clave, como el climático, a la hora de implementarlo. Lo comunicó mal. No previó que, con los sueldos deprimidos por la inflación y con un fuerte temor a la pérdida del trabajo, a los ciudadanos les resultaría imposible abonar facturas astronómicas y eso generaría “malhumor social”. Imaginó que eludir el llamado a audiencias públicas no sería inconveniente.

El resultado es que, entrando en agosto, la sangría de recursos que destinan a los subsidios no se detiene y eso afectará las previsiones de déficit para este año. Al malestar de la gente, expresado no sólo en los cacerolazos que muchas veces son impulsados políticamente, se sumaron problemas jurídicos y políticos.

La Justicia, que ya había frenado el aumento en la electricidad, hizo lo propio con el gas. En ambos casos ordenó retrotraer la situación a antes del aumento. Ahora, será la Corte Suprema la que deba resolver el tema. Con la audiencia pública convocada para octubre, es de esperar que recién a partir de esa fecha comenzarán a regir los aumentos. Casi un año perdido. Y las empresas distribuidoras presionan agitando el fantasma de los cortes.

Desde el gobierno, el jefe de Gabinete Marcos Peña se quejó de la “judicialización permanente del tema tarifas”, pero nada dijo de los errores propios a la hora de instrumentarlo. Es más. Reconoció que “hacía tiempo” que la Casa Rosada sabía que todo terminaría en la Corte. Por lo bajo, siguen creyendo que la audiencia pública “no era obligatoria”. Los jueces piensan distinto. Elisa Carrió, también.

El error oficial provocó cimbronazos en la coalición gobernante. La jefa de la Coalición Cívica y aliada de Macri fue contundente con su diagnóstico. “Hay que revocar el aumento llamando a audiencia pública. No se puede no cumplir con la ley”, dijo. Y cuestionó duramente al presidente por criticar a los que andan en “camiseta” por la casa en pleno invierno “cuando uno nunca ha sufrido ni hambre ni frío”. “Se lo digo de todo corazón al presidente. No es así. Es una falta de respeto a los que tienen hambre y frío en todo el mundo”, espetó. Ni la oposición, ni el sindicalismo pudieron ser más claros.

Ganar tiempo

Consciente de la debilidad política que padece, con minoría en el Congreso, y de la conflictividad gremial que va en aumento, Macri realizó dos jugadas con un claro objetivo: ganar tiempo. Instrumentó el pago de la primera cuota de coparticipación acordado con las provincias por un total de 37 mil millones de pesos y anunció la devolución de 30 mil millones de pesos a las obras sociales sindicales.

En el caso de los gobernadores, busca normalizar una deuda institucional mientras se negocia una nueva ley de Coparticipación. También espera acompañamiento en el Congreso. Con los sindicatos, la Casa Rosada buscó regularizar un tema sensible a sus caciques. Pero, al mismo tiempo, espera que esta señal multimillonaria ayude a frenar el clima de conflicto que agitaban en las últimas semanas.

Las tres CGT atraviesan un período de transición a una nueva conducción. En ese marco, y tras asistir al acto que encabezó Macri para “pagar deudas históricas”, sus dirigentes se debaten entre dar cabida a los reclamos de sus bases y emitir señales de distensión al poder.

Pese al “gesto” del gobierno, la conducción cegetista sacó el viernes un duro documento en el que alertó que el país “va de mal en peor” y acordó elaborar un “programa con las principales problemáticas que afectan al mundo del trabajo” y “convocar a las acciones gremiales que correspondan”.

Los sindicatos están presionando para que se reabran las paritarias, aunque el gobierno se niegue a aceptar esa posibilidad. “No hay pedido de aperturas de paritarias. Los muchachos demandan que se baje la inflación y que suba la actividad económica”, afirma un ministro de Macri.

“Hace un mes que sabíamos del documento de las CGT”, dice otro ministro, repitiendo el argumento de las tarifas. El gobierno parece “saber” siempre desde “hace tiempo” lo que va a pasar. Entonces, la pregunta es por qué no evita las consecuencias negativas de las medidas que adopta y hace las cosas bien.

Con esperanza

En este contexto marco, Macri recurrió esta semana en numerosas oportunidades a la apelación a la “esperanza” y al “futuro”. Habló de lo “esperanzado” que está, afirmó que “se ha despertado una esperanza enorme en la Argentina” y mencionó “el momento de cambio y esperanza que se vive en el país”.

El mensaje “esperanzador” apunta, quizás, a contener a quienes están sufriendo las consecuencias de la situación económica. El Papa Francisco alertó sobre los índices de desocupación “significativamente altos” en el país. El obispo de Rosario, Eduardo Marti, reconoció que en los barrios “se nota que hay más necesidad”. El presidente de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, el obispo Jorge Lozano, advirtió que “la clase media más pobre” está “en el límite de subsistir con salarios atrasados” y señaló que uno de los problemas de la Argentina es “la acumulación de riqueza en pocas manos y la pobreza en muchos hogares”.

Desde el Papa hasta los propios aliados están alertando sobre un escenario delicado. Desde el gobierno se reconoce, ahora, que “el mejor objetivo para este año era evitar una crisis”. Ante la multiplicidad de desafíos, entonces, el tiempo parece ser el principal enemigo que debe derrotar Macri.

La sociedad comprendió y aceptó que se modificara el precio que se pagaba por los servicios de electricidad, gas y agua. Pero jamás imaginó que se aumentaría en niveles que, en muchos casos, hacen imposible su pago.