Sauce Viejo, cerca de contar con un ente autónomo

Una oportunidad para el aeropuerto

El desarrollo de la aeroestación podrá alcanzar el mismo status jurídico de Fisherton, en Rosario. Amplias facultades a la nueva gestión que integrará a las entidades empresarias.

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El Senado provincial aprobó un proyecto de ley que ahora pasa a Diputados. Hasta hoy, Sauce Viejo tiene un solo vuelo diario a Capital Federal. Foto: Archivo El Litoral

 

Luis Rodrigo

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“Santa Fe no se merece tener el aeropuerto como lo tenemos; los santafesinos de la ciudad y los de toda la región no nos merecemos que haya apenas un vuelo y que por las tardes sea un aeropuerto fantasma, sin vida, vacío”, admitió desde el oficialismo Emilio Jatón (PS-La Capital).

El Senado aprobó por unanimidad la creación del Ente Autárquico en el que Jatón deposita sus esperanzas. “Hoy, le damos a todas las entidades que siempre han estado preocupadas y ocupadas respecto del transporte aéreo una herramienta”.

En pocas palabras, ya no será sólo de gestión exclusiva del Poder Ejecutivo la conducción de la aeroestación que -de prosperar el proyecto en Diputados- tendrá el mismo status jurídico que el de Fischerton, en Rosario.

No es la primera vez que se advierte sobre la necesidad de abrir a la participación del sector empresario la gestión de Sauce Viejo. De un proyecto similar se ocupó en 2014 el ex senador, hoy diputado nacional, Hugo Marcucci. El radical, que precedió en la banca a Jatón, ya subrayaba que Santa Fe debía al menos poder buscar más servicios aéreos con idénticas posibilidades que otros aeropuertos.

La diferencia es que ahora, con la Cámara de Diputados en manos del oficialismo, la media sanción del Senado parece tener amplias chances de convertirse en ley.

Para Jatón, “una gestión más flexible y con mayor eficiencia y eficacia” será posible con “la participación formal y constante de todos los actores involucrados”.

En cuanto a sus fines y competencia, es objeto del Aeropuerto de Sauce Viejo la explotación, desarrollo y administración de una terminal aeroportuaria, con arreglo a las políticas del gobierno de la provincia de Santa Fe, procurando el “mantenimiento y mejoramiento de su estructura y servicios mediante la inversión racional de sus recursos, a través de una adecuada planificación”, indica el texto sancionado.

Amplias atribuciones

El ente autárquico deberá administrar los bienes y los recursos financieros que le asigne el gobierno de la provincia; realizar por sí todos los actos, contratos y operaciones que fueren necesarios, en el país o en el extranjero; adquirir el dominio, posesión y tenencia de toda clase de bienes raíces y muebles, así como títulos, créditos, derechos y acciones. Podrá constituir servidumbres y usufructos y cualquier otro derecho real, activa o pasivamente.

En el mismo sentido: vender los bienes muebles desafectados de su destino y declarados en desuso o en condiciones de rezago; renovar, transar, conceder créditos, esperas y quitas; extender cheques, letras de cambio, vales, pagarés y celebrar operaciones financieras; cobrar, percibir, contraer obligaciones y realizar todas las erogaciones para el cumplimiento de sus actividades; otorgar poderes y revocarlos; actuar en juicio como parte, tercero o querellante, denunciar o querellar criminalmente, aceptar o rechazar concordatos o adjudicaciones de bienes; comprometer en árbitros; renunciar fundadamente apelaciones y recursos; y prorrogar jurisdicciones.

La larga lista de atribuciones incluye tomar dinero en préstamo y realizar toda clase de operaciones financieras y bancarias con entidades autorizadas; arrendar bienes, tomar y prestar servicios en locaciones, contratar provisiones y prestaciones y ejecutar obras; aceptar donaciones y legados sin cargo; efectuar contrataciones de acuerdo a los principios de publicidad y competencia según las disposiciones legales; y proponer al Poder Ejecutivo tarifas y derechos por los servicios que presta; como de igual modo: aplicar los convenios laborales y escalafones autorizados; y celebrar convenios con entidades nacionales, provinciales o municipales para la ejecución de trabajos públicos de mejoras, ampliaciones y la contratación de obras.