la política en foco

Emerio Agretti

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El multitudinario reclamo por seguridad en Rosario, que se reeditará la próxima semana y se replicará en Santa Fe, interpeló por igual al Gobierno de la provincia y al Poder Judicial. La simetría del planteo -lineal, directo- lo ubicó en la acuciante realidad de las calles, y lo puso por encima de los distintos planos y vericuetos en los que transcurre el debate en los espacios de poder.

Pero esos espacios también se pusieron al rojo vivo, tanto a nivel interjurisdiccional -como refleja la columna vecina- como en lo que compete a los diversos actores institucionales de lo que no sería desatinado considerar un drama de época.

Mostrando una velocidad de reflejos que hasta ahora se echó en falta en la Legislatura, en sintonía con el Ejecutivo y el Ministerio de la Acusación, el Senado aprobó la creación de 20 nuevas fiscalías (cabe apuntar aquí que en Diputados esperan pacientemente su turno iniciativas en igual sentido). Es de esperar que el mismo criterio se aplique al “paquete” de reformas procesales que propuso el gobierno en abril último.

Ayer, se volvió a hablar de poner en marcha el Organismo de Investigaciones. Una policía en manos de los fiscales -y no de sí misma, ni del sector político- es una herramienta imprescindible para el desenvolvimiento del nuevo sistema penal; cuya eficacia recibe miradas evaluatorias discrepantes (más allá de la eterna discusión sobre recursos humanos y materiales). La acumulación de causas, el escaso porcentaje de ellas que llegan efectivamente a juicio y la polémica por los procedimientos abreviados -entre ellos el correspondiente a la espinosa causa de Los Monos, dejada sin efecto por la Corte- suman elementos a la controversia.

Mientras tanto, el otro asunto candente no es sólo si la policía atrapa a los delincuentes, sino cuánto tiempo permanecen efectivamente entre rejas -y lo que hacen cuando salen de allí-. Y aquí la polémica y las imputaciones correlativas se adentran de lleno en el plano conceptual: ¿garantismo o abolicionismo? ¿Se trata de respetar los derechos de defensa y debido proceso a rajatablas -con el debido control- o de un descreimiento filosófico hacia la pena como instituto (lo que el ministro de Justicia definió como “agnosticismo punitivo”)? En tensión permanente, el credo laico del zaffaronismo se impone como dogma y como anatema.

“Antes nos trataban de inquisidores y ahora de herejes”, se queja un alto magistrado santafesino. Mientras tanto, un funcionario del Ejecutivo -que habla por conocimiento directo- considera que “solamente si encerramos a mil delincuentes peligrosos y permanecen así durante un año vamos a conseguir algo”.

De hecho, los cambios que propicia el gobierno apuntan, entre otras cosas, más a garantizar el encierro de los condenados que a facilitar sus chances de liberación. Y en la convicción que alienta esos correctivos, en sintonía con el reclamo social, comulgan miembros de los tres poderes, para alarma de quienes temen un recrudecimiento de la mano dura o la negación de derechos.

La polémica no excluye factores sectoriales ni, siquiera, personales. La próxima semana Pullaro y De Olazábal volverán a la Legislatura, mientras se organiza para después un encuentro entre la Corte y el gobernador a fin de limar asperezas y, en el mejor de los casos, coordinar líneas de acción. Que, cuando está en juego la vida de los ciudadanos, si el amor no funciona como factor de acercamiento, debería hacerlo el espanto.