Con una erogación mensual de 8,6 millones de pesos

Ivana Fux

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Mediante un decreto firmado por el gobernador y su ministro de Economía, el Poder Ejecutivo estableció una serie de pautas y criterios que deberán respetar todas las carteras y secretarías de Estado a la hora de decidir la renovación del alquiler de un inmueble. La práctica de recurrir a propiedades privadas y de terceros es desde hace años la manera que ha encontrado el Estado para suplir la carencia de sitios propios donde puedan funcionar muchas de sus dependencias.

En las últimas gestiones hubo un crecimiento en el número de inmuebles buscados por la provincia. Según explicó a El Litoral el director provincial de Contrataciones y Gestión de Bienes, Juan Martín Atencio, dicho incremento se debió a una decisión política de “expandir servicios esenciales” como educación, seguridad y salud. De todos modos, aclaró que desde que comenzaron la gestión en diciembre a la fecha, lograron una reducción de unos cincuenta contratos.

“Concretamente, en enero de 2016 teníamos 450 contratos de alquiler vigentes por un monto aproximado de 10.500.000 pesos por mes, mientras que cerramos agosto de este mismo año con 393 contratos por un monto mensual de 8.600.000 pesos”, precisó. El funcionario consideró que “se fueron optimizando algunos alquileres (de allí la reducción), sin que esto signifique una retracción del Estado. Se trata de una optimización de algunos espacios -insistió-, que permite que ese número vaya decreciendo. Tenemos casi sesenta contratos menos que cuando arrancamos”, valoró. .

Quién alquila más

Atencio reveló que la gran mayoría de los inmuebles que el estado le alquila a privados corresponde al Ministerio de Educación. “De los 393 contratos que hoy tenemos en vigencia, el 50% corresponde a la cartera educativa, un 25% a Seguridad y un 15% a Salud”, explicó.

Según dijo, Educación es el Ministerio que más alquileres concentra “por su extensión y llegada al territorio; eso -sostuvo-fue parte de la gestión de gobierno durante las últimas administraciones”. Respecto del uso de los diferentes inmuebles alquilados, contó que algunos se emplean como escuelas, otros como oficinas, institutos y centros de capacitación. En materia de seguridad, los sitios alquilados se destinan al funcionamiento de comisarías o a nuevas dependencias de las fuerzas de seguridad, como la Policía Comunitaria.

“En términos generales, se trata de lugares destinados a brindar atención al ciudadano. Hablamos básicamente de servicios -reiteró-. Hay oficinas y dependencias administrativas que se alquilan, pero el grueso está orientado a la expansión de los servicios”.

El decreto

El decreto que intenta ordenar y fijar criterios únicos para el alquiler de los inmuebles fue firmado el pasado 15 de setiembre y registrado bajo el número 2339. Allí, se establece que para las renovaciones de contrato de alquiler de inmuebles deberá existir previamente “un informe de la autoridad máxima de cada jurisdicción donde se expliquen los motivos que justifiquen” la locación.

Asimismo, dispone que los aumentos anuales de alquiler ante la eventual renovación “no podrán ser superiores al treinta por ciento” del último valor contractual. Si el monto supera dicho porcentaje, se deberá presentar “un informe fundado de la autoridad máxima de la jurisdicción, y la gestión deberá resolverse por decreto del Poder Ejecutivo”.

“El límite del treinta por ciento no es un tope -aclaró Atencio-; no se prohibe la contratación, sino que se exige una justificación más profunda, una autorización ministerial y un decreto del gobernador”.

La finalidad del decreto es establecer pautas claras respecto de hasta cuánto el estado está dispuesto a pagar. “El locatario posee, de ese modo, cierta previsibilidad sobre el procedimiento, y si es más (el monto de alquiler) lo deberá justificar sobradamente”, dijo Atencio. Por otro lado, el estado limita y pone coto a discusiones y renegociaciones cotidianas con los locadores respecto de los montos a erogar.

Normativa nueva

• Juan Martín Atencio contó que desde agosto rige en la provincia la nueva reglamentación de la ley de Administración Financiera, que refiere a contrataciones de bienes y servicios. “Pensemos que antes de ese decreto reglamentario, la norma base que regía era la Ley de Contabilidad del año 57 -explicó-. Por eso, a pedido del gobernador, estamos trabajando en una serie de principios para ir reordenando la dispersión normativa que había. Lo que se hizo, entonces, fue reglamentar el apartado de la ley de Administración Financiera referido a Contrataciones”. El funcionario explicó que el decreto sobre los alquileres de inmuebles “es un desprendimiento” de la nueva reglamentación, con la intención de “establecer criterios y pautas más claras para todos”.

Atencio aseguró que antes de alquilar, “se hace una revisión de los inmuebles propios que están disponibles en cada localidad. Si no se encuentra o reúnen las características necesarias, se autoriza la contratación del alquiler. Hay un chequeo de nuestros datos para ver si dentro de lo que tenemos se puede ajustar a lo que se necesita. El procedimiento implica hacer un análisis del mercado, se piden presupuestos e informes y se selecciona el contratante”, explicó.

393

inmuebles

alquila actualmente la provincia. En diciembre eran 450.

" Pensar en tener locales propios sería imposible pero además porque hasta va mutanto la necesidad”.

Juan Martín Atencio

Director provincial de Contrataciones y Gestión de Bienes